CERCO JUDICIAL AL CLAN DEL EXPRESIDENT

El 'caso Pujol' se tambalea: la juez andorrana exige a Ruz tres 'certificados' para darle datos

La magistrada quiere que su colega español le asegure que la información bancaria del sumario sobre las cuentas del clan tiene procedencia legal y no son sólo recortes de prensa.

Jarro de agua fría a la investigación judicial sobre el expresidente de la Generalitat y su familia. La juez andorrana que tramita la comisión rogatoria enviada por su colega español Pablo Ruz para recabar datos sobre las cuentas bancarias en el Principado de Jordi Pujol Ferrusola, su exesposa y las empresas de ambos ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que pide al magistrado que le 'certifique' el origen de la información que esgrime para pedirlos. En concreto, Maria Ángels Moreno quiere saber si existe algún documento de un banco andorrano o algún informe policial que sustente dicha petición o, tan sólo, se trata de recortes de prensa. Una vez reciba la respuesta, la juez asegura que dará cinco días a la familia del expolítico catalán para que presente alegaciones e, "inmediatamente" después, decidirá si hace llegar la información a España o no.

La juez andorrana quiere que Ruz le detalle si en la causa contra Jordi Pujol Jr existe algún documento de bancos del Principado y "su origen" 

El escrito, fechado el pasado 17 de octubre y al que ha tenido acceso Vozpópuli, tiene registro de entrada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 tres días más tarde. En él, la juez Maria Ángels Moreno le pide a Ruz aclaraciones sobre tres puntos de su petición "por ser necesarias para la resolución del incidente de oposición" que ha presentado la familia Pujol. En primer lugar, la magistrada quiere que su colega le aclare "si en su procedimiento figura un documento procedente de un banco andorrano conteniendo información bancaria". Si es así, quiere que le "certifique la fecha de la aportación en autos de la información y de su origen".

En segundo lugar, la juez andorrana quiere saber si existe "alguna información policial relativa a la existencia y contenido de este documento y/o a la existencia de datos bancarios en el Principado de Andorra en general o en Banca Privada de Andorra en particular". Si la respuesta es afirmativa, también quiere que Ruz le "certifique la fecha de la aportación en autos de la información y de su origen". Finalmente, le indica que ya que el comunicado de Jordi Pujol Soley en el que hizo público que había tenido cuentas en el extranjero durante 32 años "no hacía referencia a ningún país concreto ni a ninguna entidad bancaria concreta", quiere que le aclare si la información que se maneja en la causa "procede de la prensa escrita o si ya constaba en autos con anterioridad por otro medio".

Violación del secreto bancario

El escrito se produce tres semanas después de que otra juez andorrana, Canòlic Mingorance, decidiera investigar, a instancias de la familia Pujol, si se había producido una vulneración del secreto bancario del clan por la filtración el pasado verano a la prensa española de datos sobre los depósitos que Marta Ferrusola y cinco de sus hijos tenían abiertos en entidades financieras de este país. Sus abogados consideran que este suceso anula la comisión rogatoria de España ya que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que motivó la petición del juez Ruz señalaba expresamente que ésta había tenido conocimiento de la existencia de dichas cuentas precisamente por informaciones periodísticas. De hecho, éste es el argumento que han utilizado para oponerse a que la magistrada andorrana tramite la petición de su colega español.

La magistrada recuerda a su colega español que en la confesión de Jordi Pujol "no hacía referencia a ningún país concreto ni a ninguna entidad bancaria concreta"

Por ello, María Ángel Moreno añade en su escrito que hasta que no reciba los 'tres certificados' no seguirá con el procedimiento para resolverlo. Además, recalca que antes de tomar una decisión, dará traslado a la familia Pujol para que ésta, en el plazo máximo de cinco días, realice las alegaciones que considere oportuno. Una vez lo hayan hecho, la magistrada anuncia que "se dictará inmediatamente la resolución del incidente dando respuesta a todas las peticiones efectuadas por las partes".

Nueva comisión rogatoriaen marcha

Sin embargo, el exigente escrito de la juez andorrana no ha frenado la investigación 'internacional' sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola que dirige Ruz. De hecho, el pasado jueves, sólo tres días después de que entrase en su juzgado el escrito de su colega del Principado, tramitó otras tres comisiones rogatorias, entre ellas una nueva a este paraíso fiscal reclamando numerosa información sobre los movimientos bancarios en este país del primogénito del expresidente de la Generalitat. En esta ocasión, la petición la hacía también a instancia de la fiscal anticorrupción que lleva el caso, Belén Suárez.

Tres días de recibir el escrito de la juez andorrana, Ruz remitió una nueva comisión rogatoria al Principado reclamando más datos del hijo del expresident

En concreto, pide información sobre los 2,4 millones de euros que Jordi Pujol Ferrusola remitió desde una entidad financiera de este país a México sólo seis días después de su imputación. También quiere que las autoridades del Principado bloqueen de modo "preventivo e inmediato" todas la cuentas en las que sean titulares el hijo del expresidente y su exmujer en esta entidad y al resto de bancos del pequeños país (Crédito Andorra, BancSabadell de Andorra, Mora Banco, Mora Banco Grupo y Andbank). Por último, pretende que Andorra requiera a cinco "entidades financiera no bancarias" información sobre la existencia de otras cuentas y activos, así como una relación de los bienes inmuebles que tengan ambos a su nombre en el pequeño país para también bloquearlos. Abundante información clave para el caso que queda a expensas de la respuesta que Ruz de a los 'tres certificados' que ahora le reclama su colega Maria Ángels Moreno.

EL ANTECEDENTE SUIZO

Las exigencias de la Justicia andorrana a Pablo Ruz no son, ni mucho menos, el primer obstáculo en el extranjero que se han encontrado las investigaciones sobre el 'clan Pujol'. Las autoridades de Berna contestaron hace sólo unos días con una rotunda negativa a la comisión rogatoria que les había enviado el pasado mes de agosto la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, para reclamar información sobre las cuentas que Jordi Pujol y su familia supuestamente tienen o han tenido en entidades bancarias del país helvético. En dicha respuesta, la Oficina Federal de Justicia del país centroeuropeo no sólo rechazaba facilitar dichos datos a la magistrada española sino que además le reprochaba que en la petición que le remitió "no se indican ni la infracción de blanqueo ni la infracción previa" de la que se acusaba a los Pujol.

El escrito también recalcaba que en la comisión rogatoria "no se facilita ninguna precisión o indicación concreta sobre las supuestas actividades criminales del interesado". Por todo ello, concluía, "no se puede dar curso a la solicitud de colaboración española", aunque dejaba abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro si se completa "en el sentido apuntado anteriormente". Es decir, que la misma se ajuste al "derecho suizo", en el que se exige que "la exposición de los hechos que se desprende de la solicitud de colaboración extranjera tiene que mencionar principalmente la fecha y el lugar de la comisión de los hechos, las personas implicadas y su función, el modo operativo".

La respuesta de las autoridades suizas era especialmente dura con la magistrada española, a la que acusaba de modo implícito de cortar y pegar la petición de información remitida a las autoridades andorranas también para reclamar a éstas los datos bancarios de Jordi Pujol y su familia. "La solicitud parece ir dirigida a las autoridades del Principado de Andorra", señalaba. No es la última 'chapuza' que destacaba. Según el escrito de las autoridades suizas, en la comisión rogatoria "tampoco se pone de manifiesto ninguna relación con Suiza" de los investigados, otro elemento considerado clave por la Justicia del país helvético para acceder a recabar información bancaria para su posterior entrega.


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