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Hacienda ya conocía los bienes y cuentas de la familia de Jordi Pujol en enero del 2013

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude requirió a la familia del expresidente de la Generalitat información sobre sus cuentas año y medio antes de que los Pujol regularizaran el dinero que tenían en Andorra.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre su patrimonio
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre su patrimonio EFE

Hacienda conocía el patrimonio en España y el extranjero de la familia de Jordi Pujol en enero de 2013. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que depende del ministerio, requirió a la familia del expresidente catalán información sobre sus bienes y cuentas año y medio antes de que los Pujol regularizaran el dinero que tenían en Andorra.

En un informe remitido a la juez que investiga la fortuna del expresidente catalán, al que ha tenido acceso Efe, la Agencia Tributaria comunica a la magistrada que ha suspendido su investigación sobre los fondos de los Pujol, por estar en manos de la justicia. La Agencia Tributaria informa a la juez de que inició su investigación sobre posible fraude fiscal de la esposa del expresidente catalán, Marta Ferrusola, y sus hijos Marta, Mireia y Pere, en agosto de 2014, un mes después de que estos regularizaran los fondos que tenían en un banco de Andorra mediante declaraciones complementarias.

Hacienda aclara en su escrito que la ONIF había cursado en enero de 2013 requerimientos de información sobre los fondos en España y en el extranjero

Estas actuaciones de Hacienda, abiertas a lo largo de agosto de 2014, tenían como objeto comprobar la declaración de bienes y cuentas que estos cuatro miembros del clan Pujol tenían en España y en el extranjero en los ejercicios fiscales 2012 y 2013. Hacienda amplió posteriormente sus inspecciones a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, para comprobar la correcta imputación temporal de la renta reconocida por los Pujol en sus declaraciones complementarias, que formalizaron en julio de 2014, pocos días antes de la confesión del expresidente catalán.

De esta forma, según el informe remitido a la juez, las actuaciones de comprobación e investigación se iniciaron con posterioridad a la presentación de sus declaraciones complementarias. No obstante, Hacienda aclara en su escrito que la ONIF había cursado en enero de 2013 -un año y medio antes de la regularización y posterior confesión- requerimientos de información sobre los fondos en España y en el extranjero del clan familiar.

En concreto, esta solicitud de información, que se remitió a los afectados a finales de enero de 2013, alcanzaba a los bienes y cuentas de los que su esposa e hijo fueran titulares tanto en España como en el extranjero entre los ejercicios 2008 a 2011 y que regularizaron en julio de 2014, según su versión, a raíz de que se publicara en la prensa el dinero que tenían en la Banca Privada de Andorra (BPA). Por este motivo, el 11 de julio de 2014 los Pujol transfirieron al Banco Madrid, vinculado a BPA, un total de 3,1 millones de euros con el único objetivo de regularizar la fortuna oculta y pagar parte de las multas que Hacienda les pudiera imponer.

La juez encargada de investigar la fortuna de Pujol sospecha que los fondos andorranos podrían proceder de "abusos en la alta función pública desempeñada por Jordi Pujol Soley" 

La juez pide datos a Andorra

En un escrito, la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, que investiga la fortuna oculta del expresident, insta a Andorra a remitirle información sobre sus cuentas en el país, ante la sospecha de que los fondos pudieran proceder de "abusos en la alta función pública" que desempeñó durante sus más de 20 años de gobierno. La juez remite una comisión rogatoria a las autoridades andorranas para pedirle movimientos bancarios de las cuentas de la esposa del expresidente catalán y sus hijos Marta, Mireia y Pere en Banca Privada de Andorra (BPA) y en Andbank.

La magistrada, que tramita su petición "con la máxima urgencia", expone sus sospechas de que los fondos del expresidente catalán puedan formar parte de "un circuito financiero encaminado a disimular el origen delictivo de los mismos, en concreto que pudieran proceder de abusos en la alta función pública desempeñada por Jordi Pujol Soley, máximo responsable de la administración autónoma catalana durante más de veinte años".


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