EL ESCÁNDALO FINANCIERO DEL EXPRESIDENTE DE LA GENERALITAT

Pujol y su mujer apelan a su intimidad para oponerse a que Andorra informe sobre sus cuentas

La defensa del matrimonio registra un escrito en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona en el que pide que se suspenda la comisión rogatoria remitida a las autoridades del Principado al considerar que la entrega a la Justicia española de los datos personales de sus depósitos en este país violaría sus "derechos fundamentales". 

Jordi Pujol, en su residencia de verano de Girona el pasado mes de agosto.
Jordi Pujol, en su residencia de verano de Girona el pasado mes de agosto. EFE

Celosos de su intimidad. Así se muestran Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, en el último escrito que han dirigido al Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, donde se instruye la querella de Manos Limpias contra ellos por sus cuentas en Andorra. Con el mismo, el matrimonio se opone al auto de la magistrada Zita Hernández en el que ésta ordenaba remitir una comisión rogatoria a Andorra para que las autoridades del Principado le informasen de los depósitos que la pareja y sus hijos tuvieran en entidades financieras del pequeño país pirenaico. Para el expresidente de la Generalitat, la entrega de dichos "datos personales" sin su consentimiento supone una violación de sus "derechos fundamentales".

El escrito recuerda que Jordi Pujol dejó de ser presidente de la Generalitat en 2003 y que, por tanto, los delitos de los que se le acusan estarían prescritos 

El escrito, firmado por el abogado Cristóbal Martell, el mismo que asistió al primogénito del clan en su comparecencia como imputado ante el juez Pablo Ruz del pasado lunes, Jordi Pujol y Marta Ferrusola cargan contra la práctica de dicha diligencia ya que consideran que en ningún momento se han concretado los hechos delictivos de los que se les acusa. En este sentido, el escrito insiste en que todo el proceso está motivado por dos hechos que en ningún caso tienen "carácter delitivo", en referencia a la nota en la que el expresidente de la Generalitat reconocía que él y su familia tenían cuentas secretas en el extranjero desde hacía 34 años y a la antigua condición de mandatario del propio cabeza de familia.

"Ligar ambos hechos para, a partir de ahí, construir inferencia y predicar un indicio de un hecho ignoto y de indefinido contorno no se ajusta a la necesaria racionalidad que exige el indicio para legitimar invasión en el derecho fundamental", recoge en referencia a la petición de información a Andorra. De hecho, la defensa del matrimonio considera que la regularización que realizaron recientemente varios miembros de la familia supone, en su opinión, la legalización de dichos "fondos opacos" y, por tanto, el fin de cualquier responsabilidad penal. El escrito recuerda que España ha conocido "hasta tres grandes regularizaciones especiales", la última la polémica amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, y que las mismas siempre habían significado "ingentes ingresos para el erario público y la seguridad jurídica para sus titulares, sin que las mismas habilitaran investigaciones generales" contra los que se acogieron a las mismas.

"Búsqueda ciega y azarosa"

Pujol y su esposa critican también que el proceso abierto contra ellos es una "búsqueda ciega y azarosa" de delitos que imputarles en los que el segundo argumento que se esgrime es el pasado político del expresidente de la Generalitat. En este sentido, apuntan que los delitos por los que se les quiere investigar (blanqueo, fiscal, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos) estarían en realidad todos prescritos ya que el político dejó de ocupar cargos políticos en 2003, es decir, hace once años. Por todo ello, consideran la comisión rogatoria como "perfectamente inútil".

Pujol alude a las tres amnistías fiscales, la última la de Montoro, para asegurar que la regularización de sus fondos en el extranjero impide perseguirles penalmente

Este es el segundo escrito que la pareja hace llegar a la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona después del que remitieron un mes antes, el 4 de agosto, para oponerse frontalmente a la apertura de las diligencias. En aquel escrito, Jordi Pujol y Marta Ferrusola calificaban la denuncia de Manos Limpias como un "ramillete totalmente impreciso y variado de tipicidades", aderezado con "rumorología" y con abstractas y gratuitas "conjeturas", que en su opinión tenía como único objetivo abrir una suerte de "causa general o 'inquisitio generalis" contra ellos, algo que el Tribunal Constitucional "deplora".


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