Hacienda da orden a la Abogacía del Estado para que persiga penalmente a Jordi Pujol

El Ministerio de Hacienda ha dado orden a la Abogacía del Estado de perseguir penalmente al matrimonio Pujol-Ferrusola. La Agencia Tributaria perseguirá administrativamente al expresident de la Generalitat para recuperar los fondos que el expresident admite haber defraudado a lo largo de 34 años pero, además, intenta demostrar que ese fraude los últimos cinco años ha superado los 120.000 euros para establecer la existencia de un delito y emprender también una acción penal contra los Pujol.

El ministro Montoro adelantó en su comparecencia pública esa posibilidad al asegurar que "no podemos descartar que se hayan cometido uno o varios delitos". Fuentes de Hacienda concretan que se pretende acusar a Jordi Pujol y a su esposa, Marta Ferrusola, de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El fisco ha localizado, de momento, hasta 10 millones de euros aparecidos por dos vías: en primer lugar, la amnistía fiscal a la que dos de los hijos de Pujol se habrían acogido aflorando hasta 6 millones de euros entre ambos y por la que habrían pagado 174.000 euros en impuestos, aseguran esas mismas fuentes pese a que el ministro de Hacienda no quiso revelar si lo habían hecho con el argumento de que los hijos de Pujol no han renunciado a la confidencialidad que les otorga la conocida como Declaración Tributaria Especial (DTE); y en segundo lugar, Hacienda contabiliza los cuatro millones de euros regularizados de forma ordinaria y por los que la familia habría pagado 1,8 millones de penalización ante las arcas públicas para regularizar su situación.

Los Pujol regularizan | Vozpópuli

Según las estimaciones de Hacienda, el expresident se puede enfrentar a una petición de pena de hasta once años de cárcel: hasta seis años de prisión por el delito de blanqueo de capitales y entre uno y cinco años de cárcel por el delito fiscal, tipificado en el artículo 305 del Código Penal que establece que puede haber pena pese a la regularización ante el fisco que han emprendido los Pujol al asegurar que "la mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación cuando ésta se acredite por otros hechos".  

Pujol se puede enfrentar a hasta 11 años de cárcel y a la renuncia por sentencia judicial de toda subvención pública

Las penas que comporta una posible condena habrían forzado también a Jordi Pujol a renunciar a los privilegios de los que se desprendió la semana pasada ya que el Código establece que "se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas (...) durante el periodo de tres a seis años". El ministro Montoro sostiene públicamente que Pujol ha confesado al tener constancia de las acusaciones de la Agencia Tributaria mientras que fuentes de ese organismo aseguran que su renuncia a las subvenciones públicas que recibían también pueden ser un movimiento preventivo para evitar desprenderse de ellas por motivo de una condena judicial.

Su edad impedirá su entrada en prisión

Jordi Pujol tiene 84 años y su avanzada edad hace improbable su entrada en prisión en caso de una eventual condena. En cualquier caso, esa opción depende, en última instancia de un juez en un procedimiento que el abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, apuesta por alargar. Su estrategia ha sido la de recurrir incluso las pruebas sobre las que se basa el caso como la entrega de datos por parte de la banca andorrana lo que podría dilatar la instrucción durante años antes de alcanzar una sentencia.

Pese a que el escándalo Pujol explotó a principios de agosto, el "caso Pujol" parece llevar ya más de una década en el punto de mira de los investigadores. Según el propio ministro de Hacienda, la Agencia Tributaria comenzó a investigar a Jordi Pujol en el año 2000 durante el gobierno de Aznar y con Montoro al frente de la misma cartera.

Fuentes de la Agencia Tributaria reconocen que esa investigación ha sido "intermitente" y no ha llegado a concretar la existencia de delitos hasta hace un año. El fisco tenía previsto acusar a Pujol después de que la Oficina AntiFraude de Cataluña remitiera documentación e indicios de que su dinero se había movido por diferentes paraísos fiscales, entre ellos, Puerto del Rosario en Paraguay.