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La defensa de Pujol pasa al ataque: la acusación es "vaga, heterogénea, abstracta, genérica y gratuita"

Los abogados de Pujol han definido ya una línea de defensa clara: bloquear el envío de información desde Andorra y utilizar esa falta de información en su beneficio. Califican de "vagas y genéricas" unas acusaciones que "no se concretan". Cristóbal Martell pretende diluir los cargos contra los Pujol argumentando que se está intentando abrir una "causa general" a la familia Pujol.

El abogado Cristóbal Martell acompaña al primogénito de los Pujol, a su salida de la Audiencia Nacional
El abogado Cristóbal Martell acompaña al primogénito de los Pujol, a su salida de la Audiencia Nacional EFE

La defensa de Pujol pasa al ataque. Ha diseñado ya una ofensiva jurídica que pretende anular el delito de origen que se investiga, el delito fiscal, para bloquear a partir de ahí el resto de cargos que la Justicia pretende investigar. Esa estrategia en dos fases pasa por bloquear en primer lugar el envío de nueva información desde Suiza o Andorra para, en una segunda fase, alegar que esa falta de información convierte el caso Pujol en un caso sin cargos ni acusaciones concretas.

Bloquear la información y utilizar esa falta de información es el resumen de la estrategia judicial de los Pujol

El primer asalto de esa ofensiva comenzó hace ya más de un mes, en el refugio de Queralbs, en el Pirineo catalán. Fue el propio abogado Cristóbal Martell quien visitó a la familia al completo para dar instrucciones que frenaran las comisiones rogatorias dirigidas a Andorra y Suiza. El ex President de la Generalitat escuchó la estrategia y dio su plácet. Ese plan ha permitido, de momento, ganar tiempo porque el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha tenido que pedir información a Andorra en dos ocasiones ya y todavía no tiene garantías de que vaya a recibirla. La Justicia andorrana sólo puede enviar documentos si su legislación contempla un delito equiparable. En un país en el que no hay iRPF y en el que el IVA se ha instaurado hace unos años, el delito fiscal del que se acusa a Pujol no tiene reflejo en el código penal andorrano y, por tanto, podría frenar el intercambio de información con España.

Pero esta semana, el equipo jurídico de Cristóbal Martell ha comenzado su segunda batalla en esa defensa. Dado que la Justicia española no dispone de datos concretos y que esos movimientos bancarios no terminan de llegar, entre otras causas por el freno de los propios Pujol, los abogados de la familia han reclamado al juez que archive el caso por falta de concreción. En un escrito remitido a la juez de instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, y firmado por el propio abogado Martell, se afirma que no hay delitos concretos sobre la mesa sino que se está realizando una “investigación prospectiva” en la que “se afirma la conclusión y se interesa se investiguen las premisas”, sostienen los Pujol.

Desmontar dos bloques delicitivos

Bloquear la información y utilizar esa falta de información es el resumen de la estrategia judicial de los Pujol. En lo concreto, esa estrategia se escalona para frenar primero el delito fiscal y, después, el resto de acusaciones pendientes.

Así, el primer golpe de los Pujol es, pues, negar el delito fiscal, reclamando a la juez hechos y fechas concretas para sostener su investigación con el argumento de que no se han concretado esos hechos y, por tanto, se les obliga a una defensa abierta ante lo que describen como en una instrucción “huérfana de la mínima concreción fáctica” . En su escrito aseguran que se está planteando “una abstracta, genérica y gratuita suposición o conjetura sin mayor precisión (…) a cuyo tenor la sola existencia de unos fondos familiares hasta entonces residenciados en el extranjero deben necesariamente traer causa de un ejercicio torcido y enriquecedor de la función pública”.

La segunda batalla para desmontar los delitos se construye sobre esa primera línea. Se exige a la Fiscalía que detalle los fraudes que ha insinuado para evitar lo que los Pujol describen como “una expedición para ver qué se pesca”. Con esa base se combaten una a una las demás acusaciones: 

  • Blanqueo de capitales: Dado que el origen del dinero sería “lícito”, es decir, fruto de una herencia, la mera regularización de deudas con Hacienda haría imposible derivar de esos fondos un delito consecuente como es el de blanqueo de capitales. 
  • Tráfico de influencias: De nuevo, los abogados de Pujol dicen que sería necesario “que el querellante concretara qué funcionario hubiera podido ser destinatario de un influjo con prevalimiento en orden al dictado de una resolución”.
  • Cohecho: Igualmente, exigen la concreción de los hechos en lo que –según su escrito— requeriría que se “desplegara un relato fáctico concreto atinente a la entrega de una dádiva para la realización de un acto justo o injusto”.
  • Falsedad: “No se describe ningún mudamiento de verdad expresada en un documento”, concluyen los Pujol.

El freno en Andorra sigue

La Agencia Tributaria es plenamente consciente de que el freno de información en Andorra y Suiza frena la persecución que quiso escenificar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Por ese motivo, tanto el Presidente Rajoy como el Ministro Montoro han mantenido reuniones con sus homólogos andorranos a fin de conseguir desembalsar el dique informativo que ahora frena la causa.

Los Pujol consideran la acusación “huérfana de la mínima concreción fáctica”

El tiempo juega a favor de Pujol y mientras esos datos no lleguen, los abogados de quien en su día fue Molt Honorable siguen utilizando la falta de información como argumento jurídico para alegar que "carecen de la información necesaria para conocer los hechos imputados y poder articular su defensa adecuadamente".


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