LAS OTRAS PIEZAS DEL SUMARIO

Ruz 'entra' en la campaña andaluza: pide a Hacienda un informe sobre la Gürtel en Jerez

Pide de urgencia a la IGAE que analice las adjudicaciones a empresas de la trama realizadas por el Ayuntamiento de esta ciudad gaditana, gobernado por el PP, tras apuntar un documento de la UDEF a un estrecho colaborador de Arenas.

Imagen de archivo del juez Pablo Ruz, instructor del 'caso Gürtel'.
Imagen de archivo del juez Pablo Ruz, instructor del 'caso Gürtel'. EFE

Los políticos andaluces ya pegan carteles electorales... y la Justicia sigue investigando la corrupción en esta comunidad autónoma. Entre ellos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, que, a escasos días de abandonar la Audiencia Nacional, ha 'entrado' de modo discreto en plena campaña. El magistrado acaba de pedir a la Intervención General del la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente de Hacienda) que elabore de manera urgente un informe sobre las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación en 2004 de varios contratos a empresas de la trama Gürtel por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), gobernado por la senadora 'popular' María José García Pelayo. La petición se produjo el pasado martes, horas después de que llegara a la Audiencia Nacional un análisis de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que concluía que en dichos concursos, relacionados con la preparación de los 'stands' de la ciudad en la feria de turismo Fitur de aquel año, de falsificaron las fechas de los documentos para justificar la adjudicación.

La petición de Ruz se produce horas después de que otro informe de la UDEF señalase como muñidor de las irregularidades a un estrecho colaborador de Arenas

En dicho documento policial, los agentes señalaban a Isidro Cuberos, actual consejero a propuesta del PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía y jefe de prensa de Javier Arenas cuando éste lideraba el partido en Andalucía, como el muñidor de que el consistorio gaditano realizara dichas adjudicaciones. El documento de la UDEF aseguraba que las sociedades que resultaron beneficiadas eran "meras pantallas figurando ante el exterior como adjudicatarias, ocultando la real participación de Isidro Cuberos, a quien se le reparten parte de los beneficios generados por la operación previo pacto como conseguidor de los contratos”. Supuestamente, se embolsó por ello una comisión de  53.355 euros, según adelantó El País el pasado martes. Junto a él, la Policía destacaba el papel de una funcionaria municipal,L.M.

Este informe de la UDEF apuntaba a que ésta última presuntamente manipuló documentos de los expedientes referidos a aquellas adjudicaciones. La investigación había concluído que, de hecho, varios fueron creados varios días e, incluso, semanas después de la fecha que figuraba en ellos. La huella digital de los mismos, lo que técnicamente se denomina metadatos y que es el rastro que dejan los ordenadores en los documentos, había delatado la supuesta manipulación. "Primero se adjudica, y con posterioridad se generan los documentos necesarios para justificar las resoluciones adoptadas por el órgano de contratación con fecha anticipada desde el propio Ayuntamiento de Jerez", señalaba el escrito policial.

Reactivada en 2014

Hasta comienzos de 2014, la trama Gürtel había pasado de puntillas por Andalucía. De hecho, en esta comunidad sólo había salpicado de manera residual al PP ya que afectaba únicamente a uno de los hermanos del exeurodiputado Gerardo Galeote que fue concejal en el consistorio de Estepona (Málaga) y que acaba de ser enviado al banquillo por Ruz. Sin embargo, en febrero del año pasado la UDEF entregaba un informe en la Audiencia Nacional que daba pie a la apertura de una pieza específica sobre las actividades de la trama en esta comunidad y, más en concreto, en la localidad gaditana. En dicho documento, de poco más de medio centenar de folios, los agentes detallaban supuestas irregularidades en tres contratos adjudicados por el equipo de gobierno 'popular' del Ayuntamiento de este municipio a dos empresas de la organización de Correa.

Ruz investiga desde febrero de 2014 tres contratos por 214.000 euros adjudicados en 2004 por el Ayuntamiento de Jerez a dos empresas de Francisco Correa

Los hechos investigados se remontaban a la última semana de enero de 2004, cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez firmó dichos contratos. El primero, para el montaje en Madrid de un pabellón en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de aquel año. El segundo, para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de la capital para un espectáculo ecuestre. Y el tercero, por la organización de una fiesta flamenca en el madrileño Parque del Retiro. Todo ello por un valor de 214.027 euros. El principal señalado en la investigación ya era entonces Isidro Cuberos.

Escritos, providencias y anónimos

No obstante, aquel documento policial ya mencionaba a la regidora, la 'popular' María José García-Pelayo,. Las pesquisas, que parecieron quedar paralizadas en un primer momento tras aquel informe de febrero, se reactivaron el pasado mes de mayodespués de que el juez Ruz recibiera de la Fiscalía gaditana un escrito de denuncia elaborado por funcionarios anónimos del consistorio que incorporaba documentación desconocida hasta ahora sobre este supuesto fraude, entre ellos un informe de la interventora municipal que desaconsejaba la adjudicación.

En diciembre pasado, entraba en la Audiencia Nacional un sobre cerrado dirigido Pablo Ruz. No tenía remitente. En su interior había "un dossier en soporte papel y en soporte digital" con documentación sobre la causa. Inmediatamente, el juez ordenaba a la UDEF y a la IGAE la elaboración de sendos informes sobre su contenido. El de la Policía es el que entregó el pasado martes y que señala al colaborador de Arenas. Además, también entonces, el magistrado dictaba otro escrito en el que reclamaba a Hacienda diversos informes pendientes del 'caso Gürtel'. Entre ellos había uno referido, precisamente, a "la regularidad de la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas en relación con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)". El magistrado fijó entoncdes a la IGAE como plazo máximo de entrega el próximo 31 de diciembre. ya que consideraba dicho análisis clave para "agilizar la instrucción" ya que considera su "contenido indispensable para el avance de las actuaciones". Su contenido aún no ha trascendido.


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