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Para JP Morgan y S&P, las demandas de financiación catalanas al Gobierno central no están justificadas

En plena carrera independentista, las entidades estadounidenses propinan un duro varapalo a la campaña de Artur Mas y afirman que la autonomía catalana no está peor financiada que el resto de territorios.

Artur Mas y Andreu Mas-Colell en el parlamento catalán.
Artur Mas y Andreu Mas-Colell en el parlamento catalán. EFE

JP Morgan afirma en su último informe que la percepción de injusticia en Cataluña respecto a las transferencias fiscales no está justificada. Una opinión que coincide con la de Standard & Poor’s, que incluso va más allá y dice que la Generalitat catalana no está maltratada fiscalmente. Estos informes sencillamente ponen en cuestión el manido España nos roba en el que ha basado su campaña independentista el gobierno de Artur Mas.

De hecho, S&P defiende que las peor tratadas por el sistema de financiación autonómico son Valencia, Andalucía y Madrid, con unos déficits de 1.983 millones, 1.362 millones y 1.041 millones, respectivamente. La agencia de calificación hace sus propios números y sostiene que Cataluña no está peor financiada que la media (vea aquí los resultados del estudio).

Standard & Poor's considera que una reforma del sistema de financiación que simplemente compense a las que reciben menos que la media costaría unos 4.780 millones. En cambio, si se intentase implantar el principio de ordinalidad por el cual las regiones ricas no pierden posiciones en la financiación después de haber entregado fondos a las más pobres, entonces se precisarían 21.500 millones de financiación adicionales, una cifra de todo punto imposible en las actuales condiciones de restricción presupuestaria.

En su reciente informe sobre la situación de España, JP Morgan valora en cambio tanto los datos de la Generalitat como los del Gobierno central. Y, a partir de las cifras que ofrece el govern catalán, los analistas del banco de inversión concluyen que el déficit fiscal de Cataluña con respecto al resto de Comunidades no se sitúa en el 8 sino en el 6 por ciento.

Ello se debe a que la Conselleria que dirige Andreu Mas-Colell no recoge en sus conclusiones el gasto que hace el Estado central en unos servicios generales de los que se benefician todos los españoles, incluidos los catalanes. Una vez estos cálculos contemplan esos desembolsos, el déficit se reduce hasta el 6 por ciento, siempre a partir de los propios números que facilita la Generalitat.

A juicio de JP Morgan, hay margen para reducir el déficit fiscal de Cataluña. Pero no sería viable darle un trato similar al concierto vasco

Ahora bien, JP Morgan toma a continuación los datos de balanzas fiscales que publicó recientemente el Ministerio de Hacienda y que fueron elaborados por un equipo encabezado por Ángel de la Fuente. De acuerdo con estos guarismos que el banco valora por su prolijo nivel de detalle, el déficit fiscal de Cataluña sólo alcanza el 4,25 por ciento, el equivalente al 0,8 por ciento del PIB español.

La entidad estadounidense destaca que Baleares y Madrid presentan déficits aún mayores que el catalán y argumenta que el origen del déficit de Cataluña no obedece a que haya menores gastos del Estado en Cataluña, sino al hecho de que los catalanes tienen una riqueza per capita mayor y, por lo tanto, contribuyen con más impuestos. De ahí que JP Morgan sostenga que no hay un caso claro de injusticia al examinar las balanzas fiscales de Cataluña. Aunque ciertamente haya un déficit en una cantidad significativa en términos del PIB catalán, éste no es sorprendente, y es un hecho que ocurre en otras regiones ricas de España, remacha el informe.

No obstante, los analistas creen que hay cierto margen para reducir el déficit fiscal catalán. A su entender, la reducción del 0,8 es manejable, máxime cuando según explican hay algunas Autonomías que reciben transferencias que podrían ser corregidas.

Sin embargo, en opinión de los analistas, las autoridades catalanas querrán obtener un trato similar al vasco, y esa exigencia iría más allá de lo razonable y resultaría bastante más onerosa para las arcas públicas españolas.

Además, cualquier promesa que se haga específicamente a Cataluña puede desencadenar un conflicto entre las regiones pobres y las ricas. De modo que habrá que negociarlo todo en un contexto más amplio, lo que podría incluso suponer el replantearse de arriba abajo el sistema de financiación autonómico.


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