LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA CAJA 'B' DE`GÉNOVA 13

El juez Ruz desoye otro informe de Hacienda que quiere echar tierra sobre el 'caso Bárcenas'

El magistrado decidió ampliar sus pesquisas sobre la supuesta contabilidad B del PP a La Rioja y Pontevedra pese a que un informe de la Intervención General del Estado concluía que no había "reflejo contable" de movimientos de dinero irregulares. En noviembre ya hizo caso omiso de otro documento de este organismo en el que insitía en restar validez a los apuntes contables del extesorero.

El juez Pablo Ruz, en una imagen de archivo.
El juez Pablo Ruz, en una imagen de archivo. EFE

Tres meses, un informe de sólo nueve folios y unas conclusiones que finalmente han sido ignoradas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ordenó la semana pasada extender la investigación del 'caso de los papeles de Bárcenas' a las cuentas del PP en La Rioja y Pontevedra justo después de recibir un documento de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda concluía que no había encontrado "reflejo contable" que apuntase a la existencia de donaciones irregulares en la compra de una sede en Logroño y en la compensación por un embargo sufrido a causa de una deuda del partido en Galicia. El magistrado, tras hacer caso omiso de las conclusiones del escueto informe, ha llamado a declarar a los representantes 'populares' del partido riojano y ha pedido nuevos datos contables a sus correligionarios en Pontevedra en un auto y una providencia en los que mostraba su convencimiento de haber hallado nuevos inidicios de un supuesto fraude fiscal por parte de Génova 13. No es la primera vez que Ruz hace caso omiso de las conclusiones de este organismo de Hacienda. En noviembre, ya ignoró un análisis de sólo cuatro folios en el que la IGAE negaba validez a los célebres apuntes contables del extesorero por "incongruentes" pese a que ya entonces se había demostrado la veracidad de más de medio centenar de apuntes.

En su último informe, de sólo nueve folios de extensión, la IGAE asegura que no hay "reflejo contable" de las donaciones irregulares que supuestamente sirvieron para comprar una sede en Logroño y compensar un embargo

En este último documento de la IGAE, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los tecnicos de Hacienda 'cruzan' los datos de los dos apuntes contables del extesorero que Ruz ha puesto bajo sospecha (el que reflejaba un donativo de 200.000 nombres supuestamente entregado en Génova 13 por dirigentes del partido en La Rioja en mayo de 2008 y los 50.000 euros que presuntamente llevaron en mano también a Madrid sus compañeros de Galicia en 2010 supuestamente para compensar un embargo) con cuatro documentos que obran ya en el sumario: la declaración realizada por el propio extesorero el 15 de julio en la comparecencia ante el juez en el que confirmaba la autoría de los 'papeles', los escritos de dos acusaciones populares en los que se pedían nuevas diligencias sobre ambos apuntes, las cuentas oficiales de la formación entre los años 2008 y 2010, y la contabilidad de la sede del PP en La Rioja referida al año 2008, que es cuando se produjo la compra de un local en aquella comunidad. 

Así, sobre la supuesta donación del partido en esta última comunidad autómoma ingresada en las cuentas de Génova 13 y que, posteriormente, la sede nacional presuntamente reenvió de nuevo a Logroño ya 'blanqueado' para la adquisición de una nueva sede, la IGAE destaca que en la contabilidad oficial del partido figura la segunda parte de este sospechoso movimiento de dinero, es decir, la remisión desde Madrid el 23 de junio de 200.003 euros en concepto "60-TF BP Subvención PP La Rioja" y su ingreso en un depósito a nombre de la formación regional dos días después. Incluso detallan los diferentes pagos que se hicieron desde esta última cuenta por el local. Sin embargo, los técnicos de la IGAE afirman no haber encontrado "ningún apunte" en las contabilidades oficiales de ambas formaciones que reflejen la entrega en Génova 13 de dicha cantidad de dinero en concepto de donación. Pese a ello, el magistrado dictó el pasado viernes un auto por el que citaba a varios dirigentes del PP riojano para que acudan a la Audiencia Nacional el próximo 5 de febrero a declarar como testigos.

Algo similar ocurre con el apunte referido a la devolución en 2010 de 50.000 euros por parte del PP gallego y que, siempre según Bárcenas, se destinaron a pagar sendos sobresueldos a los dos principales dirigentes del partido, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. El informe de la IGAE, que dedica casi dos folios a recoger textualmente la declaración del extesorero sobre este apunte, concluye que pese a lo afirmado por éste, no figura el embargo de 160.000 euros del que éste hablaba. No obstante, reconoce que hay uno superior, en concreto de 187.569 euros, registrado el 21 de septiembre de 2009 "bajo la rúbrica 'Embargo Proveedor PP Galicia". En este punto, los expertos de Hacienda reconocen que para elaborar este análisis no han contado con la contabilidad del PP de Pontevedra, por lo que sólo han podido trabajar con "los registros contables correspondientes a la tesorería de la sede central". Pese a ello, los autores del informe lanzan una conclusión: "No se ha encontrado movimiento alguno que permita establecer una relación directa con una devolución por la sede de Pontevedra (PP Galicia) de los fondos embargados a la Sede Central en 2009". Sin embargo, Ruz dió el jueves cinco días a Génova 13 para que entregue la documentación contable de Galicia y que los técnicos de Hacienda redacten un nuevo análisis.

Los cuatro folios de noviembre

No es la primera vez que los informes de la IGAE son ignorados por el juez Ruz. El pasado mes de noviembre este organismo remitió a la Audiencia Nacional un informe de cuatro folios en el que con quince escuetos párrafos llegaba a afirmar que los apuntes contables del extesorero del PP tenían "numerosas incongruencias" y que, pese a que cerca de medio centenar de sus anotaciones ya se habían demostrado entonces como ciertas, consideraba que "hay algunos que no responden a la realidad". Este documento, que fue esgrimido entonces por la Fiscalía Anticorrupción paranegarse a la ampliación de la querella de IU a los exdirigentes 'populares'Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, señalaba que el texto presentado por los abogados del partido político no añadía "ningún hecho o documento" para modificar las conclusiones a las que habían llegado en un informe anterior, de 9 de octubre. También insistían que "no es posible demostrar que se han adjudicado contratos públicos como contrapartida a los ingresos por donaciones que demuestran los papeles de Bárcenas".

En noviembre, este organismo de Hacienda ya calificó de "incongruentes" los 'papeles de Bárcenas', de cuya credibilidad y "trascendencia penal" dudó pese a que más de medio centenar ya habían sido validados por testigos

Los expertos de la IGAE no solo intentaban desacreditar en su escrito la ampliación de la querella, sino también los propios apuntes contables del extesorero del PP. De hecho, recalcaban que Bárcenas no había entregado aún "ningún documento que demuestre la autenticidad de los apuntes que los papeles atribuyen" a tres dirigentes del partido: Cascos, Acebes y el gerente del PP gallego Ángel Piñeiro. Además, insistían que aunque finalmente se demostrara la realidad de los mismos, al ser anteriores a 2007, los delitos estarían prescritos: "Si fueran reales, aspecto no demostrado con documentación, no tendrían transcendencia penal", aseveraban. Tampoco consideraron entonces los expertos de Hacienda como prueba la coincidencia temporal entre las entregas de dinero por parte de algunos empresarios y la adjudicación de obra publica a sus empresas. De hecho, calificaban dicho criterio como "muy discutible" ya que, aseguraban, no habían encontrado "otras variables que permitan relacionar donativos con contratos, como podría ser una relación entre el donativo y el precio de adjudicación". El juez Ruz decidió desoír el informe y citar como imputados a media docena de empresarios más.

Tampoco parece el magistrado muy contento con la rapidez con la que los técnicos de la IGAE le están remitiendo los diferentes informes que les está solicitando, no sólo en el 'caso Bárcenas' (donde tiene aún pendiente tres), sino también en el sumario de la Gürtel. Días antes del pasado día de Navidad, el juez dictó una providencia para "agilizar la instrucción en curso "en el que ordenaba a varios organismos la entrega antes del próximo 15 de febrero de diez informes sobre la trama de corrupción que estaban pendientes. De ellos, tres se los reclamaba directamente a este organismo dependiente de Hacienda. El primero, que tuvo que presentar antes de fin de año, se centraba en la existencia o no de irregularidades en los contratos firmados entre las empresas de la red de Francisco Correa y el Ayuntamiento de Majadahonda. A finales de enero expira el plazo que les dió para que le entregara los otros dos, ambos de temática muy similar al primero pero referidos a otras administraciones públicas. Uno, sobre los contratos firmados por la trama con el también madrileño consistorio de Pozuelo de Alarcón. El segundo, es una ampliación sobre el ya emitido referido a los que les adjudicó la Comunidad de Madrid.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba