LA CORRUPCIÓN ANTE LA JUSTICIA

El 'caso Interligare' revela que Interior gastó 1,6 M. en dos sistemas antiterroristas fallidos

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos destaca que en 2008 se contrató a la empresa de varios exaltos cargos policiales la instalación de un programa de análisis y otro de captura en tiempo real de imágenes que finalmente resultaron totalmente inoperantes. Una juez investiga si hubo cohecho y tráfico de influencias en las concesiones.

Imagen de una reciente operación policial contra el terrorismo yihadista.
Imagen de una reciente operación policial contra el terrorismo yihadista. EFE

Derroche también en la lucha antiterrorista. El 'caso Interligare', que investiga la supuesta existencia de una red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor, Antonio Camacho, ha sacado a la luz el despilfarro de más de 1,6 millones de euros en dos sistemas informáticos para la lucha antiterrorista que finalmente tuvieron "escasa utilidad" cuando no nula. Así lo destaca un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía incorporado a la causa a finales del año pasado pero cuyo contenido no se ha conocido hasta ahora por el secreto de sumario que se ha mantenido hasta hace escasas semanas.

Un experto policial ha reconocido que la adjudicación del proyecto a la empresa de los exaltos mandos "causó extrañeza" porque ésta "no infundaba ninguna garantía"

El informe, de 32 folios de extensión, analiza en profundidad los tres contratos adjudicados por el Ministerio a Interligare SL, una pequeña empresa con la que tenían vinculaciones tres ex altos cargos del departamento: Gabriel Fuentes, ex comisario general de Información; Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex jefe superior de Policía de Madrid, y Luis Luengo, ex director de Infraestructuras de Interior. El documento desmenuza el proceso de adjudicación de dichos contratos e incluye las declaraciones mandos policiales que tuvieron que utilizar dos de los tres sistemas contratados. La opinión casi unánime de todos ellos es que ninguno de ellos cubrió la expectativas y, de hecho, uno de los agentes llegó a afirmar a los investigadores que de uno de estos programas hubo que suspender la instalación por sus nulas "posibilidades de uso".

Se trataba, en concreto, del "sistema integrado de análisis y producción de Inteligencia para la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil", un proyecto al que Interior destinó 928.000 euros. Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos reproducen en el informe en poder de este diario un resumen de los interrogatorios a tres inspectores jefes destinados en el grupo que debía utilizarlo y que coincidieron en señalar que Interior desoyó los diversos "informes negativos con respecto al proyecto" que emitieron cuando vieron "la incompetencia de la empresa Interligare y la escasa utilidad que presentaba el producto en relación al sistema existente". Uno de los agentes llegó a reconocer que, cuando se enteraron a qué compañía se le había adjudicado el proyecto, "causó extrañeza entre los funcionarios, ya que las propias características de dicha empresa, tanto comerciales como de experiencia, no les infundaba ninguna garantía".

Los tres agentes destacaron que durante el proceso de instalación del sistema se celebraron reuniones entre miembros de la empresa, entre ellos el excomisario Gabriel Fuentes, y los integrantes de la Comisaría General de Información que iban a trabajar con el mismo. En ellas, los policías manifestaron reiteradamente "la disconformidad con el trabajo que se estaba realizando". Tantas quejas hubo por parte de los policías, que se convocó un encuentro al más alto nivel entre los responsables de la unidad y los de Interligare para exigir a la empresa que subsanasen los múltiples problemas que estaban surgiendo. Supuestamente sirvió de poco. En diciembre de 2008, diez meses de la adjudicación, Interior recepcionó el proyecto aunque no satisfizo "las expectativas de la Comisaría General de Información" y se "acordó ampliar el proyecto inicial" con una segunda fase que debía estar lista en diciembre de 2009. Sin embargo, un mes antes de dicha fecha, los responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad comunicaron a los mandos policiales que se cancelaba el proyecto sin haberse completado el mismo.

"A espaldas" de los expertos

Del segundo de los proyectos adjudicados por Interior a Interligare, "una herramienta de monitorización, captura y tratamiento en tiempo real de ficheros multimedia, medios audiovisuales y señales de medicos de comunicación para el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA)", las opiniones de los agentes que debían utilizarlo tampoco fueron buenas, aunque en este caso no hubo unanimidad en las críticas. Interior gastó en 2008 en este proyecto 696.000 euros y en él intervino también la empresa Informática El Corte Inglés SA (ICESA), que había sido la adjudicataria pero que contó con la colaboración de Interligare por que ésta era supuestamente la única que podía comercializar en nuestro país varios de los programas que exigía el pliego de condiciones emitido por el departamento que entonces dirigía Pérez Rubalcaba.

La juez investiga también una tercera adjudicación a la empresa Interligare: un sistema de vigilancia de presos en el que Interior gastó 809.000 € en 2009 

Según el teniente coronel de la Guardia Civil que entonces era el jefe del área de Base de Datos del CNCA, el sistema que se instaló "era útil para los objetivos para los que se había contratado" y que se entregó "en el plazo estipulado". Sin embargo, el comisario de Policía que le sustituyó en el puesto aseguró a los agentes que investigan el caso que "la herramienta no fue todo lo satisfactoria que se hubiese querido" aunque se siguió utilizando. Incluso, criticó que el desarrrollo del sistema se hizo "un poco de espaldas de la opinión de los analistas del Centro". Un tercer agente, en este caso el inspector jefe que ocupa en la actualidad la jefatura de la Base de Datos insistió en la misma idea y aseguró que "la herramienta que desarrolló Interligare SL [...] no ha sido del todo eficaz porque no ha habido uso por parte de los analistas". Este agente aseguró que en la actualidad el sistema sigue en teoría en funcionamiento, pero que ya se han iniciado los trámites "para la adquisición de un nuevo".

La investigación que dirige una juez de Arganda del Rey, localidad del Este de Madrid donde tenía su sede la polémica empresa, se dirige también hacia un tercer programa informático suministrado por Interligare al Ministerio del Interior y, más en concreto, a la Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias. Este, "un sistema integral de Inteligencia y vigilancia de internos" fue adjudicado en julio de 2009 por un importe de 809.000 euros. El informe de la Unidad de Asuntos Internos ya anuncia a la magistrada que sus agentes "están realizando gestiones al objeto de tomar declaración a personas relacionadas con Instituciones Penitenciarias" que hubieran tenido relación con dicho proyecto para conocer detalles del mismo. La sospecha es que su utilidad, como la de los otros dos programas adquiridos por Interior a Interligare, fue más que dudosa pese a su elevado precio.

Un caso incómodo para el PP

Aunque los supuestos delitos investigados se cometieron cuando estaba el PSOE en el Gobierno, el 'caso Interligare' se ha convertido también en una 'patata caliente' para el actual ejecutivo del PP. De hecho, ya ha costado el puesto a varios mandos policiales del equipo del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Primero, frustró el nombramiento de uno de los acusados, Gabriel Fuentes, como asesor del que fuera hasta el pasado mes de enero secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. Mientras, desde la Dirección General de la Policía siempre se ha asegurado que la polémica se limita a una pelea entre clanes policiales y que el informe que permitió abrir la causa se hizo al margen de la cadena de mando.

El caso también afectó al entorno más cercano al actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Su jefe de gabinete, el inspector Pedro Agudo, dimitió de su cargo y fue destinado a un puesto en el extranjero. El propio Cosidó, que siempre ha mantenido el más absoluto silencio sobre el asunto, también se vio salpicado después de que Vozpópuli revelase que cuando aún era diputado de la oposición hizo en el Congreso una pregunta por escrito y dos solicitudes de informe al entonces Gobierno socialista para conocer la relación de la Administración con la empresa Interligare.


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