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Los recortes dejan módulos vacíos y prisiones sin estrenar por falta de empleados penitenciarios

Mientras buena parte de los centros registran una ocupación por encima de su capacidad, otros recién construidos y en los que se han invertido importantes cantidades difícilmente podrán abrir sus puertas debido a la falta de personal. Los sindicatos señalan la falta de oferta de empleo público, congelada desde 2010, como responsable de la situación.

Centro Penitenciario Zaragoza-Zuera.
Centro Penitenciario Zaragoza-Zuera. ACAIP

Esta semana tuvo lugar la celebración del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, pero los empleados públicos y sindicatos tenían poco que festejar. En centros de varias comunidades, trabajadores y representantes sindicales se negaron a conmemorar la festividad como protesta contra la política de gestión de la Administración penitenciaria, el deterioro de las condiciones laborales de este colectivo de funcionarios y el proceso de privatización de la seguridad exterior de las prisiones. La congelación de la oferta de empleo público afecta no solo a los trabajadores, también a la gestión de las infraestructuras penitenciarias. Mientras buena parte de las prisiones se encuentran masificadas, un número significativo de módulos de diferentes centros permanecen vacíos. Otras cárceles en construcción o recién terminadas, difícilmente podrán ser inauguradas por falta de personal.

El problema con el que se encuentran los funcionarios de prisiones son los mismos que afectan a otros trabajadores de la Administración: los nuevos ingresos son tan escasos que no llegan a cubrir las bajas por jubilaciones o incapacidades, lo que provoca una pérdida de efectivos. Según denuncia, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) los nuevos recintos penitenciarios se han ido poniendo en marcha sin las ofertas de empleo público necesarias para su apertura. Así, con la plantilla existente en 2009 y la oferta de empleo público de ese año (1.123 nuevos funcionarios) se han inaugurado 6 centros penitenciarios y 14 Centros de Inserción Social (CIS) y se han ampliado y reformado otros tantos. Entre 2010 y 2013 solo se han ofertado 412 plazas de nuevo ingreso mientras se han jubilado más de 800 funcionarios.

Entre 2010 y 2013 solo ha habido una oferta de empleo público con 412 plazas nuevas. En 2014 apenas se han ofertado 70 plazas entre funcionarios y personal laboral

La agrupación estima que en los últimos años se han perdido unos 2.700 efectivos. A la pérdida de 1.225 empleados penitenciarios -debido a la supresión de 271 dotaciones de personal y las 954 plazas de funcionarios vacantes que continúan sin cubrir- hay que sumar la merma de otros 750, las 514 vacantes de personal laboral y 92 del organismo autónomo. En 2014 la oferta de empleo público es de apenas 70 funcionarios, que se incorporarán a partir de mediados de 2015. Una "situación gravísima" que "obliga a asumir una carga de trabajo superior a la normal y además en peores condiciones", explican a Vozpópuli desde el Sindicato de Prisiones UGT. Además, advierten del lastre que esto puede suponer para los próximos años: "Tememos que 2016 y 2017 sea mucho peor".

Inversiones millonarias para centros de adorno

A causa de esta falta de personal, varios centros funcionan a medio gas. Es el caso del Centro Penitenciario de Pamplona, de cuyos 14 módulos residenciales, 8 permanecen cerrados. En Las Palmas II, inaugurado en 2011 después de una inversión de casi 119 millones de euros, 6 de los 16 módulos permanecen inutilizados. La situación de Murcia II no es mucho mejor. De los 16 módulos de la prisión que costó más de 112 millones, 6 están cerrados; y en Áraba, solo 7 de sus 12 módulos están operativos.

Aún más desoladora es la situación de los recintos que permanecen cerrados o que, con las obras a punto de concluir, no podrán ser inauguradas por problemas de plantilla. La recién construida cárcel de Archidona (Málaga) lleva un año esperando ser estrenada, pero después de que Instituciones Penitenciarias destinara 117 millones, en 2015 seguirá vacía. El propio subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, reconoció esta semana que "no hay recursos" para abrir la prisión. Tal y como explica a este diario el responsable nacional del Sindicato de Prisiones de UGT, Jesús Otín, "se necesitan unos 600 trabajadores entre funcionarios y personal laboral para abrir el centro". Tampoco hay voluntad de buscar una solución temporal con trabajadores interinos, denuncia.

La prisión de Archidona costó 117 millones pero se ha descartado que se pueda inaugurar en 2015 porque faltan 600 empleados

En construcción continúan los recintos Norte III, (Zubieta-San Sebastián), Soria, Ceuta y Levante II (Siete Aguas, Valencia), que con mayores y mejores infraestructuras están proyectados para sustituir a los centros antiguos. Sin embargo, según advierten desde UGT "solo se podrán abrir si se refuerza la plantilla". Por su parte, Acaip considera que "mientras no haya personal penitenciario para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los centros no debería abrirse nada".

El que sí está listo para funcionar desde hace tres años es el módulo de madres de la prisión de Fontcalent. Después de invertir 7 millones de euros en modernos apartamentos equipados con todo tipo de electrodomésticos para las reclusas y sus hijos, permanece cerrado. A las Unidades de Madres de Alicante y Tenerife, construidas hace dos años y cuyo presupuesto rondó los 7 y 5,5 millones de euros respectivamente, tampoco se les da uso algunoen la actualidad. Todo un alarde de despilfarro de fondos públicos.

Y otros, saturados

La situación de los 'centros fantasma' contrasta con la masificación de las cárceles tradicionales. Mientras la inauguración de la prisión de Archidona se aparca sine die, el también malagueño centro penitenciario de Alhaurín de la Torre alberga unos 1.200 reclusos cuando su capacidad es para 900 internos, según los datos ofrecidos por el director de la prisión. Asimismo, el Centro de Inserción Social (CIS) se encuentra ocupado por encima de sus posibilidades, ya que su capacidad es de unos 180 y aloja a 500 residentes.

Pese al descenso de la población penitenciaria, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) recuerda que las prisiones de Castilla y León, que cuentan con unas 4.500 plazas penitenciarias, están "saturadas, con una ocupación del 130% aproximadamente, algo que genera más tensiones y conflictos, para unas plantillas insuficientes". Además, alertan de las elevadas exigencias psico-físicas de muchos de los puestos de trabajo del área de vigilancia. En 2020, y si las convocatorias de oferta de empleo público no cambian, la tercera parte de los trabajadores del área de vigilancia tendrán más de 58 años.


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