Interior privatiza la sanidad en los CIES con atención mínima a inmigrantes

Un millón cuatrocientos setenta y un mil euros. Es el valor estimado del contrato y base de la licitación para privatizar la "atención sanitaria permanente" en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Así lo recoge el BOE del pasado martes 27 de mayo. Este anuncio cubre el ‘vacío sanitario’ que no regula el reglamento que entró en vigor el pasado mes de marzo y que obliga a ofrecer atención sanitaria a los internos en este tipo de centros. Y que, a tenor de la publicación del BOE, da la sensación de que no se estaba cubriendo. Una situación que resulta preocupante casi dos meses después de la entrada en vigor del reglamento y con los miles de saltos a valla de Melilla que se producen con relativa frecuencia, con la alarmante saturación del CETI.

Este pasado miércoles se producía un nuevo récord de inmigrantes en la frontera con Marruecos. Una nueva entrada masiva de medio millar de subsaharianos por la valla de Melilla, una de las más importantes que ha registrado la ciudad, ha agravado la difícil situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con una cifra récord de más de 2.300 personas acogidas en una instalación acondicionada para 500. Cientos de personas que, en algún momento de su “estancia temporal” en territorio español, pasarán a formar parte de los nueve CIES repartidos por España antes de ser expulsados definitivamente de nuestro país. Y que este jueves han tenido que poner rumbo a la Península para intentar aliviar la situación en Melilla. Pero no lo hacen solos, sus enfermedades o problemas de salud les acompañan sin que, en ocasiones, los responsables de los centros lo sepan.

Desde los CETI deben aportar información detallada a los CIES de los inmigrantes que trasladan para conocer su historia clínica

Fue el caso de Samba Martine, fallecida en el CIE de Madrid, cuyo diagnostico de sida en el CETI no fue comunicado al centro madrileño. A raíz de esta y más muertes, la defensora del pueblo recomendaba elaborar un protocolo de derivación sanitaria que se aplicara en todos los traslados de residentes en los Centros de Estancia Temporal para Extranjeros (CETI) a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Escasa regulación

El reglamento de los CIES establece que “en los centros existirá un servicio de asistencia sanitaria con disponibilidad de personal, instrumental y equipamiento necesario para la atención permanente y de urgencia de los internos”. Un reglamento que llegaba con un retraso de más de tres años y que cubría un vacío legal para, a su vez, crear otro. Y es que la atención sanitaria no estaba regulada, de tal forma que dejaba abierta la posibilidad de que entraran ONGs o cualquier empresa a prestar estos servicios. Una situación de la que se han hecho eco tanto desde Amnistía Internacional como otros colectivos que defienden el cierre de estos centros.

Según ha podido saber Vozpópuli, existen quejas constantes por la situación de desamparo en que se encuentran los internos, la falta de asistencia sanitaria así como las denuncias de agresiones por parte de los agentes que custodian los centros. Desde la campaña nacional por el cierre de estos centros dicen que “ni este, ni ningún Reglamento podrán garantizar que una institución construida sobre la base de la discriminación racial pueda respetar los derechos humanos, ya que el sentido y función de la misma institución constituye de por sí graves vulneraciones a estos derechos”.

¿Se mejorará la situación?

Con la publicación en el BOE del nuevo remache del Gobierno para intentar solventar el problema sanitario en los CIES se ha puesto de relieve otra problemática, y no es otra que la manera que entiende el Gobierno por “atención sanitaria permanente”. En el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de asistencia sanitaria queda fijado el horario que el Ministerio del Interior entiende como suficiente para cubrir esa necesidad.

En algunos centros sólo habrá médico 2 horas al día. Los fines de semana no está contemplado

Por ejemplo, en los centros de Tenerife, Fuerteventura y Las Palmas solamente establece dos horas para la atención del médico, de 11.00 a 13.00 horas el primero; de 8.30 a 10.30 horas el segundo; y de 10.00 a 12.00 horas el tercero. No así para los enfermeros, que trabajarán, en la mayoría de los centros, de 8 de la mañana a 22.00 horas. En total, 18 personas que no trabajarán a jornada completa. En algún caso, ni siquiera durante los fines de semana. Eso sí, el Gobierno premiará con 6 puntos que se amplíen estos horarios a la hora de adjudicar el contrato. Además, también se premiará que la empresa adjudicataria aporte su propio material, algo como un simple teléfono de atención médica permantente o conexión a internet.

Este servicio “permanente” tiene previsto empezar en agosto, una vez que se adjudique el contrato a la empresa del sector sanitario elegida por un precio de 735.500 euros por seis meses que se pueden prorrogar otros seis hasta alcanzar el millón cuatrocientos setenta y un mil euros anuales. 

Para quienes defienden el cierre de los centros de internamiento es una forma de "transferir una gestión básica que debería asumir el Estado, derivándola a intereses privados con una lógica de mercado, por la que pueden primar los intereses económicos por encima de las necesidades de las personas más vulnerables".