Publicado: 26/01/2014 04:00
Hacienda ha admitido ante el juez Castro que la infanta Cristina cometió un fraude al desgravar gastos y facturas falsas a través de Aizoon pero no un delito. Sin embargo, los responsables de la Agencia Tributaria que comparecieron ante el juez Castro no aclararon por qué esa conclusión se tomó tras remitir a Madrid los informes iniciales. Tampoco ha aclarado por qué se enviaron a la central de Hacienda los dictámenes que debería haber elaborado, visado y presentado la delegación de Barcelona puesto que los Duques de Palma tienen allí su residencia.
“¿Por qué se enviaron a Madrid los informes tributarios sobre la Infanta?”, preguntó Castro
“¿Por qué se enviaron a Madrid los informes tributarios sobre la Infanta?” preguntó el juez a los inspectores. La responsable de la Agencia Tributaria que ha comparecido ante el juez ha alegado que había una plaza vacante en la jefatura de la delegación y que eso llevó a remitir el expediente a Madrid, pese a que los informes vienen firmados por el responsable de la Agencia en Barcelona.
El interrogatorio ha provocado el enfado del fiscal Pedro Horrach que aseguró que el juez insinuaba que se habían “cocinado” esos informes, una insinuación que el magistrado ha contestado duramente con las palabras: “No le consiento que reinterprete mis preguntas. No ponga en mi boca palabras que yo no he dicho”, en un episodio que ha dejado de manifiesto la agresividad de la fiscalía y el enfrentamiento con el juez.
Los dos inspectores que revisaron las cuentas de la Infanta —conocidos como NUMAs—han asumido la responsabilidad de permitir que los Duques de Palma se desgravaran facturas falsas. Ante las preguntas que cuestionaban la responsabilidad de la hija del Rey, entre ellas la que recogía que Doña Cristina había firmado las cuentas de la sociedad durante 9 años, los NUMAs sólo dijeron que “se había hecho constar”.
Un procedimiento nada habitual
El informe original, el conocido como informe tributario, fue elaborado por la Delegación de Cataluña el 14 de enero de 2013, si bien, fue reescrito con una segunda versión que –según reconocía la Audiencia de Palma en su auto—suscita “zonas oscuras” y que tiende a exculpar a la Infanta. De hecho, el informe sostiene que “esas cuotas defraudadas pueden considerarse como mínimas (…) aunque no han sido siquiera calculadas”.
En este caso no se ha seguido el procedimiento habitual que suele resolver el expediente en la zona de residencia del contribuyente y no cruzando informes entre territorios: cuando los inspectores encuentran indicios de fraude fiscal superior a los 120.000 euros, los expedientes suelen remitirse a las llamadas “Unidades de Delito” de cada zona para que inicien actuaciones penales. Tradicionalmente, la Unidad de Delitos de Barcelona remite la causa al servicio jurídico de Barcelona para que se pronuncie, siguiendo un reglamento interno que data de marzo de 1992. En este caso, los dos inspectores encargados del expediente fueron instados a remitir el expediente desde Barcelona a la Unidad Central de Madrid que fue la que finalmente emitió el informe jurídico remitido a los tribunales.
Una nueva doctrina a favor de la Infanta
La inspectora de Hacienda que investigó a Urdangarín y Torres por delito fiscal declaró durante más de tres horas para terminar elaborando una nueva doctrina sobre por qué la Agencia Tributaria consintió a la hija del Rey desgravarse facturas falsas en sus declaraciones de Hacienda. Según la perito existen dos tipos de facturas falsas:
- Facturas simuladas absolutas: Falsificadas porque no existe ningún trabajo tras ellas y que constituyen un fraude total y
- Facturas simuladas relativas: Falsificadas pero sólo en el concepto del trabajo, es decir, que sí hay labores tras ellas pero en las que se miente sobre el tipo de trabajo que se ha hecho en las que sólo hay fraude sobre el concepto pero no sobre las cuantías que se declaran.
Hacienda entiende que al tratarse en este caso de facturas simuladas relativas en las que sí hay trabajos tras ellas, el fisco puede consentir que los Duques de Palma se desgraven por ellas y, por tanto, no alcancen los 120.000 euros de fraude que constituyen el delito fiscal. La perito, que ha contestado las preguntas de todas las acusaciones, no ha llegado a decir que era legítima esa desgravación pero sí ha considerado que no había delito fiscal al hablar únicamente de una “falta administrativa”.
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