Hacienda descarta responsabilidades políticas por el "error" sobre la Infanta y culpa a los notarios

Hacienda ha presentado a última hora del día que comprometió Cristóbal Montoro las conclusiones de su investigación interna sobre la atribución de fincas a la Infanta Cristina. En una nota, la Agencia Tributaria descarta cualquier tipo de responsabilidad en el error y atribuye a los notarios la el fallo de "haber imputado al DNI 14, sin letra de control" las operaciones inmobiliarias en 11 de las 13 ocasiones analizadas. "Eso provocó la imputación al único DNI 14 que figuraba en la base de datos", explica el fisco. Los otros dos registros, concluye Hacienda fueron errores de procesos "al incorporar esas operaciones en sus bases de datos".

"No era preceptivo un control específico de la información suministrada", concluye Hacienda

Cinco de los siete puntos de su documento de conclusiones se dedican a excluir cualquier tipo de responsabilidad política por parte de la Agencia Tributaria. Hacienda asegura que remitió al juez la información en bruto porque así se lo exige la ley al tratarse de una "cesión de información" y no de una solicitud de Auxilio Judicial por lo que --afirma el fisco-- "no era preceptivo un control específico de la información suministrada". Hacienda cita dos normas legales (la Ley General Tributaria en su artículo 95 y las órdenes ministeriales de 1999) para apoyar su decisión de entregar los "datos en bruto" sin verificar, tal y como adelantó Vozpópuli.

Según su relato, la Agencia Tributaria envió al juez "un conjunto de pantallas extraídas de las bases de datos de la Agencia, en el que no se incorporó ningún comentario o aclaración". El ministerio ha revisado para elaborar ese informe la documentación remitida por la Delegación de Cataluña, el Departamento de Informática Tributaria y la Dirección General del Catastro en un procedimientos que ha dirigido la Inspección General.

El error no puede repetirse

La nota de Hacienda concluye que la situación a la que ha dado lugar esa atribución de fincas no puede volver a repetirse a día de hoy. Según Hacienda, "para los datos a partir del 2007, los procesos de identificación e imputación de la información, procedente de terceros, aplicados en la Agencia Tributaria han mejorado sustancialmente, reforzando los criterios de identificación y el automatismo en la carga y tratamiento de la información". Aunque no los detalla, Hacienda cruza a día de hoy el Índice Unificado del Notariado, los datos registrales y el catastro, algo que no hacía en 2005 y 2006, cuando se atribuyeron las compraventas a la Infanta.

Sin embargo, Hacienda no explica por qué esos descuadres no se han detectado hasta ahora. De hecho, su nota se limita a decir que "esta información ha permanecido en la base de datos de la Agencia Tributaria tal y como fue imputada, sin haber sido modificada".

No hay responsabilidades políticas que pagar

Hacienda dedica cinco de sus siete puntos de conclusiones a negar las repsonsabilidades políticas que se han pedido a la Agencia Tributaria. Hacienda afirma que ha seguido escrupulosamente "el procedimiento general de gestión de cesión de información" y concluye que entregó la información que le permitía la ley. Según dice, "la AEAT atendió con fundamento en el artículo 95.1.a) de la Ley General Tributaria, que regula la cesión de información tributaria, la solicitud de informe del Juzgado de Instrucción sobre las cuentas y otros bienes de Da. Cristina Federica de Borbón y Grecia. En los supuestos de cesión de información del citado artículo 95, los datos suministrados son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización".

Por ello, explica que las conclusiones alcanzadas permiten extraer una consideración que no se cita de manera explícita: que Hacienda ha cumplido y que no hay consecuencias políticas que extraer.