LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL 'CASO NÓOS'

Hacienda niega al juez Castro la ayuda del funcionario 'Numa-3173' para investigar a la infanta

El instructor del 'caso Nóos' había pedido a la Agencia Tributaria que adscribiera al integrante de Vigilancia Aduanera "que tan eficaz labor ha venido llevando a cabo en la presente causa". Quería que fuera él quien interpretase y supervisase los informes fiscales sobre Aizoon SL, la empresa de la hija del Rey y Urdangarín.

Imagen reciente de la infanta Cristina.
Imagen reciente de la infanta Cristina.

La Agencia Tributaria hará todos los informes que el juez José Castro le pida sobre la infanta Cristina y Aizoon SL, la empresa que comparten al 50% la hija del rey e Iñaki Urdangarín, pero no está dispuesto a cederle un funcionario concreto de Vigilancia Aduanera para que revise éstos. Hacienda remitió el pasado 31 de mayo al instructor del 'caso Nóos' un informe en respuesta a varias de las últimas solicitudes de información sobre la situación fiscal de la infanta y, con él, un escrito en el que comunica que no atiende su petición de adscribir a su juzgado aNuma-3173, un experto reclamado por el magistrado para que le asesorase "en materia tributaria y de blanqueo de capitales". Castro quería que fuera este funcionario quien interpretase y supervisase los informes fiscales sobre Aizoon después de que el anterior análisis sobre esta empresa enviado por Hacienda tendiera a exculpar a la Infanta sin ninguna justificación.

Hacienda se niega a adscribir al juzgado de Castro a un funcionario de Vigilancia Aduanera que trabaja con el magistrado desde que comenzó a investigar el 'caso Nóos'

El juez había justificado su pètición en la "eficaz labor" que este miembro de Vigilancia Aduanera "ha venido llevando a cabo en la presente causa".  De hecho, Numa 3173 lleva trabajando con el magistrado desde que éste decidió, en agosto de 2011, abrir una pieza separada dentro del Caso Palma-Arena para investigar las actividades en Baleares de Urdangarín y su socio, Diego Torres. Sólo tres meses después, el juez Castro dictaba el auto por el que ordenaba el registro de la sede que tenía en Sant Cugat (Barcelona) la Fundación Deporte Cultura e Integración Social (FDCIS), la sucesora del polémico Instituto Nóos. En dicho escrito, el juez ordenaba al Grupo de Delitos Económicos de la Policía que buscase en dicho domicilio toda la documentación que pudiesen hallar sobre las supuestas actividades delictivas del yerno del rey y su socio, y les ponía como "apoyo técnico" a cuatro funcionarios de la Agencia Tributaria. Uno de ellos era, precisamente, Numa 3173.

La petición del juez de que se le adscriba este funcionario se había producido en un momento clave del sumario: cuando se dilucida si la infanta Cristina es finalmente encausada por delito fiscal y blanqueo de capitales. Una puerta que dejó abierta el pasado 7 de mayo la propia Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el auto en el que levantaba provisionalmente la imputación sobre la hija del rey. En dicho decisión judicial, el tribunal críticó duramente el informe el informe de la Agencia Tributaria en el que hacía recaer todas las sospechas sobre la supuesta existencia de irregularidades en Aizoon exclusivamente en Urdangarín, a pesar de que la propiedad de la empresa era compartido al 50% con su esposa. Aquel informe había sido elaborado por la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña, pero había sido 'visado' por altos cargos de Hacienda en Madrid antes de ser remitido al juzgado de Castro, según destacaba expresamente el auto de los tres magistrados.

Evitar 'segundas versiones'

En concreto, señalaban como autor de la revisión al director de la Agencia Tributaria, cargo ocupado por Beatriz Gloria Viana. El documento original, el conocido como informe tributario, había sido elaborado por la Delegación de Cataluña el 14 de enero de 2013, si bien, fue reescrito con una segunda versión que –según destacó entonces la Audiencia de Palma— suscitaba “zonas oscuras” y tendía a exculpar a la Infanta sin ninguna justificación. De hecho, el informe sostenía que la cuotas defraudadas a través de la mercantil de los duques de Palma "pueden considerarse como mínimas" cuando ni siquiera las había calculado. Fuentes internas de la Agencia confirmaron entonces a este diario que aquella 'revisión' no era un procedimiento habitual.

Una circunstancia que el juez Castro quería evitar que se produjera con el nuevo informe que había pedido a Hacienda sobre "la real intervención que en supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales haya podido tener Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia". Por ello, el auto detallaba hasta en cuatro ocasiones, que el organismo encargado de elaborarlo debía ser la "Dependencia Regional de la Agencia Tributaria de Catalunya". Quiere que sea este organismo, y no los servicios centrales en Madrid, los que realicen la investigación fiscal sobre la infanta y, más en concreto, el supuesto lavado de dinero que ésta pudo realizar a través de las obras de rehabilitación de su vivienda en Barcelona y a través de otros gastos personales, como apuntaba el auto de sus compañeros de la Audiencia de Palma. Cuando lo tenga sobre su mesa, quería que fuera Numa-3173 quien le ayudase a interpretarlo. La Agencia Tributaria se niega a ello.


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