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La Infanta firmó decenas de facturas falsas con su NIF pero de forma "inconsciente", según Hacienda

Aunque la Agencia Tributaria dice que firmó de su puño y letra, con su DNI 00000014-Z y por duplicado (como arrendadora y arrendataria) facturas falsas de Aizoon, la exonera incomprensiblemente de responsabilidad.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina acuden a la boda de Pablo Lara, hijo del presidente de Planeta, y Anna Brufau
Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina acuden a la boda de Pablo Lara, hijo del presidente de Planeta, y Anna Brufau GTRES

No hay quien entienda a la Agencia Tributaria. El organismo de recaudación de impuestos español ha concluido que la infanta Cristina firmó de su puño y letra, y por duplicado (como arrendadora y arrendataria) el contrato ficticio de alquiler de su palacete de Pedralbes a su sociedad Aizoon. La hija del Rey también emitió decenas de facturas falsas con su NIF 00000014-Z a la entidad que poseía al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin, según Hacienda.

Sin embargo, la propia Agencia Tributaria defiende que no puede atribuírsele a Cristina de Borbón culpa alguna porque no existen indicios de su participación "directa y consciente". De esta forma, realizando actividades ilícitas prácticamente similares en 2007 y 2008, el fisco responsabiliza únicamente al 50% del matrimonio, Iñaki Urdangarin, mientras que exonera de forma extraña a la miembro de la Familia Real.

Cristina de Borbón rubricó el 20 de diciembre de 2005 el contrato de alquiler ficticio en el que figuraba como arrendadora y arrendataria. 'El Mundo' ha tenido acceso a algunas facturas en las que figura de forma inequívoca su nombre, su DNI y su residencia (la calle Elisenda Pinós de Barcelona). Además, según el diario, cada mes emitía una factura falsa para desviarse entre 500 y 600 euros de procedencia pública. Cuando se emitían estas facturas, la única fuente de ingresos de Aizoon era el instituto "sin ánimo de lucro" Nóos que, a su vez, se nutría únicamente del dinero público, especialmente de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares en contratos que han sido calificados de "ilícitos" por el juez instructor del caso, José Castro, y el fiscal Pedro Horrach. A su vez, este dinero acababa en una cuenta compartida del matrimonio.


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