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La investigación de Hacienda sobre las fincas de la Infanta apunta a ‘irregularidades’ notariales

La Agencia Tributaria descarta responsabilidades políticas y afirma que dos leyes le exigen la entrega de datos en bruto al juez. La orden de 1999, obliga entregar los datos "sin que hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, descarta responsabilidades políticas
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, descarta responsabilidades políticas EFE

Hacienda ha concluido ya su investigación interna sobre la atribución de 13 operaciones de compra-venta de fincas a la Infanta Cristina. La Agencia Tributaria considera que irregularidades notariales y/o registrales explican la atribución de operaciones en los que la hija del Rey no participó. La reconstrucción de lo sucedido en esa investigación habla de “error” sin aclarar si esos fallos son o no intencionados.

De hecho, fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que si se detectan indicios de tramas –como algunos de sus peritos e inspectores han señalado—“el Sepblac (la comisión contra el blanqueo de capitales que integran el Banco de España y el ministerio de Economía) y la Fiscalía actuarán de oficio”. Pese a la posición oficial de Hacienda, el Fiscal General del Estado ha negado ya su intervención incluso antes de conocer las conclusiones con el argumento de que “no tienen relevancia penal”.

Lo sucedido "no puede volver a pasar a día de hoy", afirma Hacienda

En su informe, Hacienda hace también evaluación de la situación actual y concluye que lo sucedido “no puede volver a ocurrir” porque a día de hoy los datos registrales y las actas notariales integradas en el Indice Unificado del Notariado (IUN) se cruzan mensualmente con los datos del catastro. Ese filtro no existía en los años 2005 y 2006, cuando se produjeron las supuestas compra-ventas atribuidas a la Infanta pero a día de hoy no podría volver a pasar, concluye Hacienda.

Hacienda descarta responsabilidades políticas

El Ejecutivo rechaza que haya responsabilidades políticas en los llamados “errores” con el argumento de que se han respetado todos los protocolos requeridos. Según fuentes de la Agencia Tributaria, dos normas amparan que el fisco remitiera al juez datos en bruto sobre la declaración de la Infanta sin someterlos a verificación previa:

  • La orden 18 de noviembre de 1999 por la que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas que prevé la entrega de datos en bruto y
  • La Ley General Tributaria cuyo artículo 95 impide al Ejecutivo difundir los datos de la Infanta o de cualquier otro contribuyente cuando fueron requeridos por la oposición.  

El artículo 7 de la orden ministerial referido a la “naturaleza de los datos” asegura que “los datos suministrados son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización”.

Esa norma es la que utilizará el Ejecutivo para asegurar que no ha incurrido en error del que se deriven responsabilidades políticas. 


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