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¿Agravios comparativos? Los indultos que no se concedieron a guardias civiles y sí a los mossos

Miembros de la Benemérita denuncian cómo la justicia les ha impedido continuar con su profesión 20 años después de cometer un delito, después de que su caso pasara 9 años archivado en un cajón. En un caso similar, agentes del cuerpo de policía catalán sí que fueron perdonados.

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Gallardón jura ante la Biblia como nuevo ministro de Justicia GTRES

Los indultos del Gobierno son, según su propia definición, arbitrarios. Una medida de gracia en manos del Ejecutivo que sólo se aplica una vez agotados todos los caminos de la justicia y que proviene del siglo XIX, sin que se haya modificado. Pero hay ocasiones en que esta arbitrariedad queda demasiado al descubierto, provocando que algunos ciudadanos denuncien el desamparo al que han sido abandonados por las autoridades. Casos en los que, dándose la misma situación, con los mismos condicionantes y antecedentes jurídicos, se produce en un caso indulto y en otro no, por motivos que escapan al conocimiento del común de los mortales pero que a buen seguro existen, aunque en el Gobierno no se hagan públicos.

Este es el caso que denuncia Vozpópuli en el día de hoy. Año 1994, Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid. Un grupo de guardias civiles comete una agresión a un detenido en las dependencias policiales. Un juez sentenció que habían sido torturas, ya que estaban bajo custodia policial. Fueron condenados a abandonar el cuerpo, aunque siguieron ejerciendo en el instituto armado mientras no se hacía efectiva su marcha. Pero la sentencia, que tenía que haber sido ejecutada inmediatamente, no se hizo efectiva hasta 2010, cuando se notifica a estos agentes que deberían abandonar la Guardia Civil. 16 años después de ocurridos los hechos.

Uno de los afectados cuenta así la historia a este periódico: "Es cierto que yo cometí un error, del que me arrepiento, cuando apenas tenía algo más de 20 años. Pero durante estos 16 años, tanto mis compañeros como yo hemos seguido desarrollando nuestra labor con profesionalidad, con un expediente ejemplar en la Guardia Civil. Hemos tenido hijos y formado familias, con la esperanza de que al final esta sentencia no se ejecutara o pudiera estar ya prescrita. Para mi desgracia no he diversificado, no tengo otra cosa y ahora me toca aguantarme", dice este agente, que se ha ido a la calle con 40 años. En su caso, sobrevive realizando pequeños trabajos. Otros compañeros afectados no han tenido tanta suerte y siguen en el paro. Otros han podido reengacharse al mercado laboral y no quieren saber nada más de la Guardia Civil.

"A raíz de esto volvimos a soilcitar un segundo indulto de carácter parcial porque la Audiencia de Madrid nos conmutó las penas iniciales por dinero", continúa uno de los agentes afectados, que sin embargo tuvo que ver cómo este indulto parcial pedido en 2013 era contestado de forma negativa. En diciembre de 2013 se solicitó el tercer indulto, con el objetivo de poder evitar la inhabilitación y seguir trabajando. Este año, poco antes de la Semana Santa (una fecha tradicional de indultos), su petición fue desestimada de nuevo.

Los mossos que apalizaron a un rumano

En este transcurso de tiempo entre 2010 -fecha en que se comunicó a los agentes que debían abandonar la Guardia Civil 16 años después de transcurridos los hechos- y 2014, se dio a conocer el famoso doble indulto a los agentes de los Mossos d'Esquadra, condenados por hechos similares y a penas superiores. Su caso ocurrió en 2006, cuando detuvieron por error a un ciudadano rumano al que apalizaron en la comisaría de Les Corts de Barcelona, tal y como muestra este video. Aunque Lucian P. no era el detenido que iban buscando, los policías catalanes le amenazaron de muerte y en el trayecto a comisaría le introdujeron una pistola en la boca. La Audiencia de Barcelona les condenó a seis años y siete meses de cárcel, una condena que después fue rebajada por el Tribunal Supremo. Pero realmente no importaron mucho las decisiones judiciales porque en febrero de 2012, apenas mes y medio después de tomar posesión el gobierno de Mariano Rajoy, fueron indultados por el ministro de Justicia.

En ambos casos había informes contrarios al indulto, de la Fiscalía y de las respectivas audiencias provinciales de Madrid y Barcelona. Sin embargo, unos han recibido la medida de gracia y otros no. Unos se han podido reincorporar a sus puestos de trabajo y otros andan buscándose la vida fuera del cuerpo en el que se formaron. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál ha sido la motivación para tal desquilibrio? ¿Es tal vez una motivación política?

Como viene siendo tradición, el Gobierno no justifica por qué indulta a unos y a otros no. Las únicas condiciones que pone para que un condenado en sentencia firme pueda obtener la medida de gracia es "que no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos" y "que haya sido oída la parte ofendida, cuando el delito por el que hubiese sido condenado el reo fuere de los que solamente se persiguen a instancia de parte". A preguntas de Vozpópuli, el Ministerio de Justicia ha reiterado simplemente que los indultos no tienen que justificarse, aunque sí ha dado su explicación de por qué se ha dado esta situación.

¿Por qué unos sí y otros no?

En el Ministerio de Justicia han respondido con diligencia a las preguntas sobre este presunto caso de desagravio hacia los guardias civiles. "En el caso de los guardias civiles los dos informes fueron desfavorables, tanto el del tribunal sentenciador como el del fiscal. Es obligatorio que el Ministerio reciba estos informes antes de decidir si lo concede o no, si bien es cierto que no necesariamente tiene que hacer lo que estos dicen. En el caso de los mossos d'esquadra, los dos informes también fueron negativos. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con este otro, recibimos también otro informe en el que se manifestaba que la víctima era favorable al indulto".

Así que, no piensen en nada intencionado, dice Justicia, aunque es casi inevitable buscarle alguna justificación 'política' al tema (ayudas al cuerpo autónomo catalán controlado por CiU, por ejemplo). La diferencia sería un informe, por tanto. "Sólo son preceptivos los informes del tribunal sentenciador y el de la Fiscalía, pero hay casos en los que también nos incorporan informes de las víctimas, del centro penitenciario (que conoce de cerca y personalmente a quien pide el indulto) u otros que también sirven para tomar la decisión definitiva".

El indulto, por tanto, es arbitrario a todas luces y tal vez atenta contra la separación de poderes, aunque en Justicia se esfuerzan en mostrar que hacen uso de él de una forma, valga la redundancia, justa. "Si ves los indultos concedidos con informes desfavorables en 2012, sólo era el 4% de todos los concedidos". Un porcentaje que es incluso menor, dicen, en 2013.

En este documento remitido por el Ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón se puede ver la estadística de indultos pedidos y concedidos de los últimos años. Juzguen ustedes mismos.


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