EL ESCÁNDALO DE LAS MEDIDAS DE GRACIA

El Gobierno justifica el indulto a un empresario afín al PP por "la ausencia de peligrosidad criminal"

Miguel Ángel Ramírez fue condenado a tres años por construir en un paraje natural. Justicia le rebajó la pena a dos años, por lo que evitó la prisión. Su nombre figura en la lista de donantes de la contabilidad oficial del partido. Ahora está acusado de un delito fiscal.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo. EFE

"No tenía ningún antecedente penal". "Su informe policíal carecía de antecedentes". "Advertida la ausencia de peligrosidad criminal del condenado". Tres argumentos genéricos para un indulto polémico. Así ha justificado el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito la reciente concesión al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez Alonso de la medida de gracia que ha permitdo a éste eludir el ingreso en prisión por un delito urbanístico. Ramírez Alonso, que figura en la contabilidad oficial del PP como donante de 50.000 euros al partido en 2011 a través de la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, había sido condenado a tres años y un día de cárcel en 2010 por levantar en un paraje natural protegido de la isla de Gran Canaria un estanque, dos aparcamientos, un camino y varios muros “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”, según destaca el fallo. Tras la decisión del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, el industrial vio como su pena se reducía a dos años y eludía así el encarcelamiento. Recientemente la Fiscalía se ha querellado contra él, en esta ocasión por delito fiscal.

La setencia que le condenó a tres años recalcó que el industrial actuó "con total desprecio a la ordenación legal" al construir en un paraje natural protegido de la isla de Gran Canaria

La respuesta de Justicia es fruto de la pregunta planteada por el diputado de IU José Luis Centella, quien interpeló al Ejecutivo para conocer las circunstancias de dicho indulto dada la conocida afinidad del empresario y presidente del equipo de fútbol con el partido del Gobierno. En su respuesta, el Ejecutivo recalca que en el caso de Miguel Ángel Ramírez había tenido "en cuenta el historial penal del condenado, el cual no tenía ningún antecedente penal, ni anterior ni posterior, a la causa cuya pena se indulta". Asímismo, recalca que "en su informe policial carecía de antecedentes", además de recordar "la ausencia de peligrosidad criminal de condenado". Tres motivos que considera suficientes para otorgarle la medida de gracia que, recalca es "condicionada". ¿A qué? El equipo de Ruiz-Gallardón insiste en que para beneficarse de ella el empresario debera proceder "a la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente". Una premisa, por otra parte, que ya estaba incluida en el propio fallo del tribunal que le condenó.

En su respuesta al diputado de IU, el Ejecutivo insiste en que Justicia estudia "cada petición de indulto por separado y de manera individualizada" y que "sólo el análisis de las circunstancias en torno a cada condena y cada condenado, hacen posible entender adecuada o no la concesión o la denegación de cada gracia". No obstante, en el mismo texto el Gobierno destaca que en 2013, el año de la concesión del polémico indulto al empresario canario, Ruiz-Gallardón sólo dio luz verde a 2,76% de las peticiones recibidas, frente al 6,68% del año anterior. Además, recuerda que "la concesión individualizada de una gracia no significa la revocación de la sentencia: el indultado sigue siendo culpable por haberlo declarado así una sentencia firme dictada en sede judicial". "El indulto sólo moldea de manera parcial el cumplimiento de una determinada condena", añade. A lo que elude responder es si, pese a la condena, las empresas del industrial indultado siguen contratando con la Administración. "Se desconocen las empresas en las que el señor Ramírez tiene participación", responde lacónicamente.

Contratos a 'tutiplén'

Sin embargo, las empresas de Miguel Ángel Ramírez no son unas desconocidas en los concursos públicos, sobre todo en Canarias, aunque también cada vez más en la Península. De hecho, una de sus compañías de bandera, Seguridad Integral Canaria (SIC), se hizo recientemente con un contrato de 11 millones de euros para dotar de vigilancia del Monasterio del Escorial y otros Reales Sitios del Patrimonio Nacional, todo ello dependiente del Ministerio de Presidencia. Además tiene también la multimillonaria concesión de la vigilancia del Metro de Madrid, dependiente del Gobierno autonómico del PP. También es conocida su relación de amistad con el ministro de Industria, el también canario José Manuel Soria, que diez días después de conocerse el pasado mes de noviembre la concesión del indulto, acudió a Las Palmas a participar en la inauguración de un concesionario de coches de alta gama de Ramírez Alonso. Entonces, el miembro del Gobierno calificó al empresario como “el concepto más puro de emprendedor que yo conozco”.

Sólo unos meses después del indulto, la Fiscalía se ha querellado contra Miguel Ángel Ramírez por un delito fiscal de 2,4 millones de euros

Sin embargo, la alegría del indulto le ha durado poco a Miguel Ángel Ramirez. El pasado mes de febrero se conocía que la Fiscalía de Delitos Económicos de Canarias había presentado una querella contra él por un presunto delito de fraude fiscal de más de 2,4 millones de euros realizado, precisamente, a través de la empresa de seguridad con la que se ha adjudicado numerosos contratos públicos. Los supuesto delitos se habrían cometido en los años 2008 y 2009. Según el escrito del Ministerio Público, Ramírez Alonso habría sustituido el pago de horas extraordinarias de sus trabajadores por dietas. Con esta maniobra, la compañía de seguridad buscaba presuntamente reducir la carga fiscal y social, ya que las dietas no cotizan a la Seguridad Social, y de este modo ofertar precios más competitivos que otras empresas del sector y hacerse con adjudicaciones públicas. Entre ellas, la vigilancia del Palacio de Justicia de Las Palmas donde, precisamente, su instruyó la causa por la que ha sido indultado y la que ahora se sigue contra él por fraude fiscal.


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