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Moncloa quiere sumar a CiU a sus 'leyes estrella' antes del debate de la consulta catalana

Los populares pretenden recabar el máximo consenso en la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma antiaborto impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón. No hay intención de forzar la retirada de otras iniciativas autonómicas que preceden a la del Parlament. Por su parte, la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, exige acelerar el 'no' al referéndum secesionista.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida. PP VÍA FLICKR

“No hay ninguna prisa”. Ésta es la acogida que ha tenido en Moncloa la admisión a trámite en el Congreso del texto presentado por el Parlamento catalán (es necesaria la autorización de las Cortes) para la celebración de la consulta independentista el próximo 9 de noviembre. Dentro del Gobierno no están por la labor de precipitar los acontecimientos, máxime cuando la principal preocupación sigue siendo la recuperación económica.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Vozpópuli creen que adelantar el debate parlamentario sobre la iniciativa de la Cámara catalana “sería perjudicial para la búsqueda de consensos en otras reformas emprendidas por este Gobierno”. Sin embargo, el PP catalán es partidario de aligerar todo el proceso. Su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, ha reclamado a Mariano Rajoy que "se haga con la máxima celeridad posible".

En el calendario de Moncloa figuran en rojo la aprobación de leyes estrella presentadas recientemente y que han generado especial revuelo no sólo en la opinión pública, sino en las propias filas del PP: entre ellas se encuentran la ley de Seguridad Ciudadana y la reforma antiaborto impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Los populares prevén que si se adelanta el debate y las Cortes dicen ‘no’ a la viabilidad del referéndum, los nacionalistas catalanes cambiarán su relación actual con el Gobierno.

Respecto a ley de Seguridad Ciudadana, que endurece las sanciones por infracciones en manifestaciones y movilizaciones sociales, el Ejecutivo está a la espera de recibir los informes de los órganos consultivos del Estado (Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado) para remitirla a las Cortes. La norma no ha recibido duras críticas por parte de CiU, mientras que PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) sí se han rebelado contra la que denominan ley mordaza. Además, los nacionalistas catalanes han apoyado, junto al PNV, la ley de Seguridad Privada, que permite a los vigilantes “detener, cachear e identificar” y que ahora se encuentra en fase de enmiendas en el Senado.

Los populares prevén que si se adelanta el debate sobre la consulta y las Cortes dicen ‘no’ a la viabilidad del referéndum, los nacionalistas catalanes cambiarán su relación actual con el Gobierno

Asimismo, en el Gobierno están convencidos de que podrán sumar a los diputados de Unió (a los de Convergència lo ven difícil) a la ley provida de Gallardón. El líder de Unión, Josep Antoni Duran Lleida, ya ha expresado en más de una ocasión su predisposición a respaldar la derogación de la ley Aído que promueve el Ejecutivo popular. Así, por ejemplo, ha manifestado que "ha habido mucha defensa del derecho al aborto y muy poca del derecho a tener hijos".

Superado ayer el filtro de la Mesa del Congreso, la proposición de ley para convocar el referéndum separatista tendrá que recibir antes de un mes el visto bueno del Gobierno, que podría ejercer su derecho de veto si observa una variación en los Presupuestos Generales del Estado. En caso contrario, el texto se pondrá a la cola de otras cinco iniciativas autonómicas: una, también de la Cámara catalana, sobre hipotecas y desahucios de viviendas de uso habitual; otra del Parlamento navarro sobre defensa de los derechos de consumidores; una del gallego para reformar el voto de los emigrantes, y dos de las Cortes valencianas (una de financiación autonómica y otra de reforma estatutaria).

Puesto que estas iniciativas se debaten en el primer Pleno del Congreso de cada mes, el turno de la relativa a la consulta no llegaría hasta junio o septiembre (julio y agosto se consideran periodo extraordinario). Ante ello, está la posibilidad de que los Parlamentos correspondientes retiren sus iniciativas, lo que aceleraría el proceso. El Ejecutivo podría pedir a las cámaras autonómicas (el PP tiene mayoría absoluta en Galicia y Comunidad Valenciana) que pospusieran sus proposiciones. Sin embargo, el Gobierno no se plantea este escenario, principalmente “porque sería anteponer los intereses separatistas de unos grupos políticos” a las reformas autonómicas de dichos parlamentos.

El atajo que urden CiU, ICV y ERC

Independientemente del curso que vaya teniendo la propuesta del Parlament, los partidos con representación en el Congreso que piden la consulta (CiU, ICV y ERC) tienen previsto registrar una proposición que recoja el mismo texto de la Cámara catalana. Esta iniciativa que sería presentada dentro del cupo que corresponde a cada grupo parlamentario se adelantaría a la otra y podría ser debatida la próxima primavera. Sin embargo, esto aún no se ha producido y desde Moncloa evitan pronunciarse sobre supuestos. Dicha proposición-atajo también tendría que recibir la aprobación inicial de la Mesa del Congreso y del Gobierno para ser discutida en la Cámara Baja.


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