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España

Los preparativos para imputar a la Infanta desatan la campaña de desprestigio contra el juez Castro

El juez José Castro, objeto de una campaña para arrebatarle el caso Noos

El juez que instruye el caso Noos, José Castro, estaba ultimando los preparativos para imputar de nuevo a la Infanta Cristina por dos delitos: fraude fiscal y blanqueo. Así lo revelan fuentes cercanas al magistrado que aseguran que Castro ha comenzado a recabar documentación y jurisprudencia desde primeros de agosto, tal y como publicó Vozpópuli. El magistrado analizaba los pagos y cobros realizados con terceras personas para probar si la hija del Rey tuvo o no una actuación ejecutiva en las actividades supuestamente irregulares del Instituto Nóos, según confirman esas mismas fuentes, que afirman que la única diligencia pendiente es el envío por parte de Hacienda de los llamados "modelos 347" en los que se recogen esas transferencias de dinero.

En medio de esos trámites se ha cruzado una campaña de desprestigio contra el juez con la que se pretende cuestionar su  independencia y arrebatarle la competencia sobre el caso tras haberle fotografiado en una cafetería con una de las abogadas de la acusación. Las denuncias sobre el comportamiento del juez pretenden cuestionar su imparcialidad y arrebatarle la instrucción de la causa. La campaña es especialmente significativa porque sale a la luz sólo tras la reunión con una de las acusaciones y no tras los reiterados encuentros del magistrado con los abogados de la defensa en los últimos meses, entre los que se ha incluido al abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, sin que se pusiera en duda la autonomía judicial.

"Cuando uno trata temas secretos no lo hace en una cafetería", afirma la abogada fotografiada con Castro

Entre esas citas informales con las partes destaca la que se produjo en Valencia el pasado mes de mayo cuando el juicio se trasladó a la ciudad del Turia para tomar declaración a 14 testigos. Según confirman asistentes al encuentro, el letrado Pablo Delgado (abogado de Miguel Zorio, contratista con Noos) invitó a un restaurante junto al antiguo cauce del río a una comida a la que acudió el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, y en la que participaron tanto el juez José Castro como el fiscal Pedro Horrach, el abogado de la defensa de Urdangarín, Mario Pascual Vives y distintas acusaciones, entre otros. Hasta 12 comensales mantuvieron encuentros informales ese día, admiten algunos de los asistentes que afirman que ese procedimiento es "totalmente común". Sin embargo, las conversaciones entre el juez Castro y el abogado de Urdangarín no han sido utilizadas para cuestionar la imparcialidad del magistrado. Sólo los contactos con las acusaciones están siendo utilizadas contra el juez.

Protesta del Consejo General del Poder Judicial

La publicación de esa campaña ha provocado ya una protesta del Consejo General del Poder Judicial que ha pedido al Gobierno que investigue los seguimientos a que está siendo sometido el magistrado. Tres de sus vocales, Margarita Robles, Antonio Dorado y Manuel Almenar, redactaron un escrito elevado  a la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces en el que reclaman "al Ministerio del Interior que informe sobre posibles actuaciones que pudieran perturbar la independencia del juez".

También los letrados afectados han protestado por el uso que se está haciendo de las reuniones informales. "Cuando uno trata temas secretos no lo hace en una cafetería", afirma Virginia López Negrete, la abogada de la acusación Manos Limpias fotografiada con el magistrado, que --según afirma-- no considera comprometida la independencia del juez por las reuniones que ha mantenido con las otras partes del proceso.

El ataque al juez, enésima coincidencia

La coincidencia de los ataques al juez con los pasos previos a la imputación de la Infanta constituye la enésima casualidad el caso de los Duques de Palma, en el que Hacienda ha cometido errores sobre el DNI de doña Cristina de Borbón, los notarios también aseguran haberse equivocado y en el que un préstamo de 1,2 millones de euros por parte del Rey Juan Carlos revelado por la Agencia Tributaria y cuyos términos han sido incumplidos por el matrimonio Urdangarín ha servido para explicar la compra del palacete de Pedralbes.

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