Publicado: 04/04/2013 04:00
Un año y cientos de correos después, el socio de Iñaki Urdangarín en el instituto Nóos, Diego Torres, ha conseguido uno de sus grandes objetivos en esa estrategia de 'morir matando' a la que se lanzó cuando vio inevitable que él y su mujer, Ana María Tejeiro, terminaran sentándose en el banquillo de los acusados: la imputación la infanta Cristina. Sin embargo, la nueva situación judicial de la hija menor del rey es más fruto de los errores de su propio marido que del acierto en la dosificación de los 'email' del exsocio de éste. De hecho, fue la decisión del duque de Palma de responder en su declaración del pasado 23 de febrero a algunas de las preguntas que sobre los mismos le plantearon el juez instructor, José Castro, y el fiscal del caso, Pedro Horrach, lo que llevaron a éstos a dar valor probatorio a los mismos y a desestimar por dos veces la posterior pretensión de la defensa del yerno del monarca de sacarlos del sumario. Como consecuencia de ello, de los catorce indicios que ayer enumeró el magistrado en su auto para citar a declarar a Cristina de Borbón, en cinco hay referencias concretas a estos documentos.
El primer indicio contra la hija del rey es un correo de 2002 en el que el duque de Palma informa a una tercera persona de que va a crear Nóos "con el conocimiento y apoyo" de su mujer
De hecho, el primer indicio de la lista se refiere a uno de ellos, al que el escrito del magistrado se refiere como "el número 11.146 y siguientes" por los folios que ocupa en el sumario. Este documento es la carta que Iñaki Urdangarín escribió a una tercera persona para agradecerle su ayuda para encontrar una denominación a la que iba a ser su nueva empresa, el Instituto Nóos. En dicha misiva, fechada el 11 de diciembre de 2002, el duque de Palma mostraba su frustración por su situación profesional de aquel momento y su interés por instalarse por su cuenta junto al que sería su socio, Diego Torres. En la misma, el yerno del rey destacaba que sus nuevos planes contaban "con el conocimiento y apoyo" de su esposa, la infanta Cristina, según destaca expresamente el magistrado en su escrito de ayer.
A partir de ese punto, las referencias a los célebres correos electrónicos se suceden en el auto. Así, en el segundo indicio de la relación, el magistrado vuelve a referirse a estos documentos. En concreto, a aquellos que revelan que el secretario de las infantas y también imputado, Carlos García Revenga, estaba al tanto "de las actividades que estaba llevando a cabo" el Instituto Nóos. El juez destaca en su escrito que no se entiede que en su función de asesoramiento personal e institucional de Cristina de Borbón, "por la que viene siendo retribuido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado", García Revenga no hubiera informado a ésta de "que su esposo estaba obteniendo un trato privilegiado" en sus contratos con empresas privadas e instituciones públicos, y que ello era debido, precisamente, a su condición de esposo de un miembro de la Casa Real.
Un proyecto de vela ¿y algo más?
El juez vuelve a citar expresamente un email de los entregados por el exsocio del duque en el décimo indicio. Es el que aparece en el folio 11.508 de la causa y en el que Urdangarín informaba a Diego Torres de que la infanta Cristina había realizado labores de mediación para conseguir llevar adelante un proyecto de vela para la ONG que ambos dirigían. Según continuaba explicando el yerno del rey en aquel mensaje electrónico, su esposa incluso iba a seguir interviniendo en la misma linea. El juez plantea que "conviene aclarar" si esta actuación de la hija del rey "ha podido extenderse a otros ámbitos", por lo que anuncia que la preguntará al respecto en su comparecencia del próximo 27 de abril.
El juez considera que el interrogatorio debe "aclarar" si la infanta se implicó en la consecución de proyectos para su marido como sugiere el 'email' número 11.508
El cuarto correo electrónico incriminatorio para la infanta aparece recogido en el indicio número trece. El magistrado destaca que sin ser "un dato concluyente", un email en el que Urdangarín facilitaba a una tercera persona como propia la cuenta de ahorros en la que su esposa figura como autorizada para que "en ella se actualicen determinadas operaciones" es una prueba más de que el duque de Palma no actuaba "de espaldas" a la hija del rey y que, por tanto, ésta sabía en qué actividades irregulares se había embarcado su esposo. El juez Castro llega a comparar este indicio con el hecho de que las negociaciones de los convencios del Illes Balears Forum y el del Valencia Summit tuvieran lugar en el Palacio de Marivent y en el mismísimo Palacio de la Zarzuela, residencias oficiales de la Familia Real.
Por último, el auto de imputación destaca como decimocuarto y último índicio uno de los últimos correos incorporados a la causa de la mano de Diego Torres. El magistrado, que lo califica también de no determinante, sí reconoce que pese a ello "no puede desconocerse". Se refiere, en concreto, al 'email' que el propio Urdangarín envío a su esposa para consultarle cuál de las dos versiones de una "comunicación de Nóos" habría que de enviar "para no sacar ampollas". El juez Castro considera que en virtud de su contenido "no es descabellado pensar que una consulta en la que no se facilita una mínima información sobre su contenido fuerza a deducir que aquella ya se poseería por su destinataria".
La importancia incriminatoria de los correos electrónicos es, de hecho, destacada por el propio juez en el segundo punto de los fundamentos jurídicos de su auto. En él destaca que hasta la llegada de los mismos, la supuesta participación de la infanta en las actividades irregulares de su esposo como cooperadora necesaria eran "meras suposiciones" pese a que ella aparecía como copartícipe en una de las empresas de la trama, Aizoon, y que ostentaba el cargo de vocal en la junta directiva del Instituto Nóos. Para el magistrado, estos datos "por sí solos y sin refuerzo añadido" no eran suficiente para imputarla. Sin embargo "el reciente advenimiento" de los correos electrónicos fue clave para cambiar la situación judicial de la hija del rey. La decisión de Urdangarín de darlos validez a contestar a las preguntas sobre los mismos fue el último empujón que faltaba.
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