CASO NÓOS

Una rocambolesca "pista ucraniana" vuelve a retrasar los cargos contra la Infanta

Un inversor que asegura haber recibido 12 millones de euros por error, una denuncia que se produce cinco años después de los hechos y una serie de amenazas de hacer correr "ríos de tinta y tertulias" son las últimas pruebas presentadas por el fiscal al juez Castro y que dilatan de nuevo la acusación contra la hija del Rey. La causa no se cerrará durante la campaña electoral.

La infanta Cristina a su llegada a los juzgados de Palma
La infanta Cristina a su llegada a los juzgados de Palma EFE

“Recibí una transferencia de 12 millones de euros enviada desde su banco al mío. Creí que era una broma. Busqué la cámara de televisión a través de la cual me filmaban. Pero no. Era cierto”. Así comienza su relato el último personaje que se incorpora al reparto del 'caso Nóos'. Se llama Juan José López Ribes, un empresario español ubicado en Odessa (Ucrania) y que –según su relato—recibió una transferencia que, en realidad, iba dirigida a una fundación sin ánimo de lucro que él identifica con la de Iñaki Urdangarin.

El empresario exigió a Telefónica: "Firmamos un pacto de confidencialidad (…) me indemnizan con 50.000 euros (…) y me dan un puesto de trabajo en cualquier parte del mundo, acorde a mi currículum”

Esa transferencia data supuestamente del 5 de diciembre de 2007 y su primera reclamación del 26 de julio de 2011. Pero ha sido ahora cuando se ha incorporado a la instrucción del 'caso Nóos' a instancia de la Fiscalía, que adjunta las cartas remitidas por el empresario español al pagador de esa transferencia, Telefónica de España. En esas cartas, el empresario pide a la compañía que le indemnice con 1.575.071 euros por los daños que –según relata— le provocó su salida de Ucrania y el abandono de su empresa que él achaca a la falsa transferencia: “Había una denuncia posterior a la negativa de aceptación del abono y era mejor que regresara a España, pues allí las garantías jurídicas no eran muy buenas y una detención preventiva podía durar años”, concluye.

Ocho meses más tarde, en marzo de 2012, y al ser desatendidas sus peticiones exige a la compañía: “Firmamos un pacto de confidencialidad (…) me indemnizan con 50.000 euros (…) y me dan un puesto de trabajo en cualquier parte del mundo, acorde a mi currículum que adjunto”.

Días más tarde, remite otra carta a la compañía anunciando: “Voy a intentar recuperar lo que pueda, a base de enviar la transferencia a las televisiones que paguen por ella, a periódicos interesados en reportajes, a sindicatos presentados en el juzgado, etc. Ésta no era la solución que yo deseaba pero no me han dejado otra”, concluye.

Una nueva dilación en el proceso

Aunque los hechos datan del 5 de diciembre de 2007 y el empresario se había dirigido a los abogados de la causa en junio de 2012 nadie había pedido incorporar ese testimonio a la investigación que se sigue en torno a Iñaki Urdangarin. Ha sido ahora el Ministerio Fiscal el que ha pedido al juez que tome declaración a los implicados en la rocambolesca operación, en un movimiento que vuelve a retrasar la presentación de cargos contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.

Esos cargos están también pendientes de un informe de la Agencia Tributaria para el que Hacienda ha pedido al juez que extienda el plazo de 10 días que le concedió originalmente. Eso también alargará el calendario previsto ya que Hacienda tiene previsto remitir hoy mismo ese informe al magistrado. Pese a todo ello, Castro ha intentado acelerar los trámites para tomar declaración a todos los testigos pendientes el próximo día 31.

Así las cosas, al magistrado le resultará imposible presentar el escrito con el que cerrará la instrucción durante la campaña electoral, siguiendo una tradición no escrita entre la judicatura que tiende a no resolver los grandes casos de corrupción durante las consultas electorales. 

LA FISCALÍA CONTRA LA FISCALÍa

La actuación de la Fiscalía sigue provocando sorpresa entre las partes del llamado 'caso Nóos'. La denuncia que ha elevado al juez Castro la Fiscalía de Barcelona y que ha dado lugar a la investigación y los retrasos mencionados se suma el recurso que otro fiscal, el de Palma, ha presentado contra esa misma maniobra.

Así, el fiscal de Palma, Pedro Horrach ha anunciado que recurrirá esa investigación y que pide a Castro que ni siquiera tramite la denuncia del ministerio público ubicado en Barcelona.

El juez del caso sólo ha contestado que no resolverá de forma inmediata.


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