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La acusación del caso Nóos pide 8 años de cárcel para la hermana del rey y más de 26 para Urdangarin

La infanta Cristina se enfrenta a una pena de 8 años de cárcel, una multa de 1.185.862,5 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un período de 6 años.

La infanta Cristina se enfrentará a una petición de pena de 8 años de cárcel por parte de la acusación popular por su presunta cooperación en dos delitos fiscales de Iñaki Urdangarin. Es lo que recoge el escrito de 503 folios que ha presentado la abogada Virginia López Negrete en nombre de la acusación popular en el que atribuye a la hermana del rey los elementos de “pleno conocimiento e incluso participación activa” en el fraude y para la que reclama una multa de 1.185.862,5 euros, es decir, el séxtuplo de la cuota defraudada, el máximo que permite el Código Penal. Además, la acusación reclama la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un período de 6 años.

Según la acusación, la infanta tuvo conocimiento del fraude “porque las  magnitudes económicas de las que se hablan inducen a pensar que es difícilmente aceptable que una persona propietaria del 50% de una entidad (tanto de control) ignore que las anteriores actuaciones son contrarias a Derecho”. Además, se atribuye a doña Cristina participación en los delitos de Urdangarin porque así lo recoge “la pertinente documentación financiera, esto es, cuentas anuales, las cuales a su vez son aprobadas por ella a través del correspondiente órgano de gobierno, la Junta General, y sirven de base para la elaboración de las correspondientes liquidaciones fiscales (IS, IRPF) y se encuentran a su disposición permanentemente”.

La acusación afirma que existe una ejecución con colaboración necesaria para lograr los objetivos: la generación de un patrimonio común imposible de obtener salvo por esta vía de sociedad mercantil

“En definitiva –remata el escrito de Manos Limpias— existe una ejecución con colaboración necesaria para la conclusión de los objetivos, esto es la generación de ese patrimonio común, que no es posible obtener salvo por esta vía de la sociedad mercantil” y añade que “desde el momento en que era copartícipe de la sociedad ficticia, estaba contribuyendo con su participación a defraudar al fisco beneficiándose además de ello”.

La conclusión de la acusación popular sobre la infanta es que “su permanencia en una sociedad pantalla comportaba claramente la creación de un elevado riesgo de defraudación por lo que claramente es responsable como cooperadora necesaria de los delitos fiscales del 2007 y 2008 cometidos por el señor Urdangarin”.

Iñaki Urdangarin y los otros acusados

El duque de Palma, por su parte, se enfrenta a una petición de pena de 26 años y medio de prisión y 30 de inhabilitación para cargo público por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación y de falsedad en documento público y mercantil, entre otros.Además, Manos Limpias le reclama una multa de 4,96 millones de euros y, al contrario que el Fiscal, la acusación popular no rebajará su petición de condena aunque Urdangarin deposite el dinero presuntamente defraudado porque –según explica la abogada Virginia López-Negrete—“ese acto no basta por sí solo si no hay una certificación y notificación oficial por parte del juez”.

De hecho, la acusación popular plantea una batería de reclamaciones contra Iñaki Urdangarin y sus colaboradores para que indemnicen a la Fundación Illesport, a la Agencia Balear de Turismo, a la Fundación Valenciana de Turismo o a la Generalitat Valenciana por los trabajos de consultoría por los que cobró de forma presuntamente fraudulenta. Esa responsabilidad civil roza los 6 millones de euros.

Su socio, Diego Torres, se enfrenta a una petición de penas de 18,5 de cárcel y 30 de inhabilitación y una multa de 5,59 millones de euros.

Diego Torres se enfrenta a una petición de penasl de 18,5 años de cárcel y 30 de inhabilitación, y Jaume Matas a una de 11 años de cárcel y también 30 de inhabilitación

Al contrario que la Fiscalía, la acusación popular sí ha incluido entre los acusados a los Tejeiro para los que pide hasta 10 años de cárcel. Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Ana María Tejeiro son acusados de “ser conocedores y cooperadores de dicha creación de la trama de empresas, y ellos conocían perfectamente que dichas empresas se habían creado para desviar fondos del Instituto Nóos (…) según la conveniencia fiscal. Todas carecían de actividad, conocían las contrataciones de amigos que se realizaban mes a mes, los trabajadores ficticios, las facturas y pagos falsos entre ellos”.  

Jaume Matas, el reincidente

Una de las peticiones de pena más contundentes del escrito de acusación es la que se solicita para Jaume Matas. El ex presidente balear se enfrentará a 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad en documento público, precisamente por lo que la letrada de Manos Limpias recuerda como “agravante de reincidencia, a tenor de sus antecedentes penales por tráfico de influencias y que constan en las actuaciones”.


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