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Urdangarin pide que Gallardón, Francisco Camps o Rato testifiquen en su defensa

Entre los más de 300 testigos que propone el duque de Palma también se encuentran los exjefes de la Casa del Rey Fernando Almansa y Alberto Aza, y el asesor de la casa real José Manuel Romero, conde de Fontao.

Rodrigo Rato sale de su domicilio tras ser registrado por la Policía
Rodrigo Rato sale de su domicilio tras ser registrado por la Policía EFE

Iñaki Urdangarin ha propuesto al exalcalde de Madrid Albert Alberto Ruiz Gallardón, el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato para que declaren como testigos en el juicio del caso Nóos, con el propósito de que su declaración refuerce sus argumentos de defensa. El duque de Palma, para quien la Fiscalía pide 19,5 años de prisión por tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delito fiscal y blanqueo, propone también que testifiquen los exjefes de la Casa del Rey Fernando Almansa y Alberto Aza, y el asesor de la casa real José Manuel Romero, conde de Fontao.

El duque de Palma propone en el escrito de conclusiones que registró ante el juez José Castro que testifiquen más de 300 personas con cuya aportación tratará de rebatir la acusación de que empleó el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid. En el texto, se expone que el duque considera que los hechos que se le atribuyen "no son constitutivos de delito alguno" y, en el caso de los presuntos delitos fiscales, los considera infracciones administrativas, según recoge Efe.

Otra de las personas vinculadas a la familia real que Urdangarin solicita que sea llamado a declarar como testigo es el exsecretario de las infantas Carlos García Revenga

El conde de Fontao y Alberto Aza, que coincidieron en el ejercicio de sus funciones en la Casa del Rey con la actividad del marido de la infanta Cristina en Nóos, también habían sido reclamados como testigos por la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Manos Limpias, pero no así Fernando Almansa, que ejerció como jefe del gabinete del rey Juan Carlos de 1993 a 2002. Otra de las personas vinculadas a la familia real que Urdangarin solicita que sea llamado a declarar como testigo es el exsecretario de las infantas Carlos García Revenga.

Su abogado afirma que no existen hasta la fecha indicios objetivos de los que "quepa inferir el supuesto ánimo fraudulento, la existencia de un previo concierto con la Administración o cualquier otra finalidad o actividad ilegal". Añade además que Urdangarin nunca tuvo ninguna intervención material ni en la suscripción de los convenios con las administraciones que se cuestionan en este caso, ni en otras funciones que no fueran estrictamente representativas. Añade que en su caso se le debería aplicar la circunstancia atenuante de reparación del daño, porque ya aportó una fianza, "en la medida de sus posibilidades económicas".

Urdangarin también se opone a la prestación de fianza que le reclama el juez, que es de 13.646.950 euros. Su letrado explica que únicamente obtuvo ingresos por 706.932 euros, a través de la sociedad que compartía al 50% con su esposa, Aizoon, procedentes de los dos congresos celebrados en Valencia en 2004 y 2005 y en el de Palma en 2005. Considera que ésta sería "la cantidad máxima" que le sería imputable a título lucrativo, unida al importe de las infracciones administrativas fiscales de los ejercicios 2007 y 2008 que cifra en unos 200.000 euros aproximadamente. En total cuantificaría su fianza en 906.932 euros.

Pide que le juzgue la Audiencia Nacional

Además, el duque de Palma no quiere ser juzgado por la Audiencia Provincial de Baleares y por ello ha invocado en su escrito que la competencia para juzgar a los 18 acusados del caso Nóos corresponde a la Audiencia Nacional, y no al juzgado donde se prevé celebrar la vista oral a raíz del presunto desvío de más de seis millones de euros públicos y la supuesta defraudación a Hacienda por parte de varios de los procesados, entre quienes se encuentra la infanta Cristina.

El duque de Palma ha invocado en su escrito de defensa que la competencia para juzgar a los 18 acusados del caso Nóos no corresponde a la Audiencia Provincial de Baleares

En el texto, el abogado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, señala que será en las cuestiones previas -al inicio del juicio- cuando se acoja a la jurisprudencia que establece en siete millones de euros la cuantía mínima para que se pueda considerar que una defraudación pueda producir "una grave repercusión en la economía nacional", lo que correspondería ser juzgado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Precisamente, el presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez-Reino, estimó recientemente que la vista oral podría durar unos "tres o cuatro meses", durante los cuales el juicio se desarrollará "de forma intensa" sin que éste "afecte" al trabajo ordinario de este órgano judicial. En cuanto al enclave en el que tendrá lugar ante el alto número de acusados y testigos pero sobre todo ante la elevada expectación mediática prevista, el magistrado apuntó que "aún no es el momento" de saberlo puesto que de ello se encargará el tribunal sentenciador.

Antes de todo ello, el juez instructor del caso, José Castro, debe remitir próximamente a la Audiencia todo el procedimiento, cuyo futuro enjuiciamiento entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad -establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados-, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.

La Audiencia ya rechazó asumir la causa

Se da la circunstancia de que en 2012 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó asumir la competencia de la investigación en torno al Instituto Nóos, tras así haberlo solicitado el expresidente del Govern Jaume Matas, al alegar que la presunta "defraudación" llevada a cabo a través de Nóos no se provocó "ni grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, ni en la economía nacional ni un perjuicio a un gran número de personas en distintos territorios".

La resolución incidía en que, de acuerdo a los datos conocidos hasta entonces, las actividades del duque y su exsocio Diego Torres no han repercutido "en nuestro sistema financiero" ni "en la cotización de nuestra moneda" ni han afectado "al mecanismo de cambio bursátil".


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