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Adiós al término "imputado": desde hoy pasarán a llamarse investigados

El Consejo de Ministros aprueba un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituye el término "imputado" por "investigado" al resultar confuso. A medida que aumenten los indicios contra el acusado, éste pasaría a llamarse "encausado".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una imagen de archivo
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una imagen de archivo

El Gobierno ha aprobado este viernes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que limita la instrucción judicial a 6 y 18 meses y sustituye el término imputado por "investigado" en la fase de instrucción, que pasará a denominarse "encausado" tras el auto formal de acusación.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la ley responde a "una demanda social muy clara" para luchar contra la corrupción.

La reforma modifica el término imputado por "investigado" en la fase de instrucción y por "encausado" tras el auto formal de acusación, y regula la figura del decomiso y la capacidad para investigar y recoger todos los bienes del condenado con el fin de recuperar el dinero defraudado.

No obstante, el Gobierno ha eliminado la posibilidad de que Interior intervenga comunicaciones sin autorización judicial previa tras escuchar las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, que consideraron estas escuchas de "difícil encaje constitucional". 

La norma reformada se ha visto recortada durante los últimos meses, desde la aprobación del anteproyecto en diciembre y tras las dudas ofrecidas por los órganos consultivos respecto a diferentes cuestiones incluidas inicialmente en el Anteproyecto, como recoge la agencia Europa Press.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en su informe que la intervención de conversaciones sin el aval de un juez podía no tener "encaje constitucional" por lo que el artículo en el que se recogía fue retirado. Por su parte, el Consejo de Estado mostró su preocupación por la fijación de plazos para la instrucción y consideró que la correcta indagación de los delitos debe prevalecer sobre la rapidez. El anteproyecto preveía un plazo ordinario de seis meses de instrucción ampliable a 18 en causas complejas y que podía prorrogarse hasta los 36 meses.

El Consejo de Estado señaló que el término "imputado" es confuso

El ministro de Justicia había adelantado que el texto incluiría las mejoras propuestas en lo que se refiere a la denominación de "imputado" para aquella persona inmersa en una investigación judicial. El Consejo de Estado señaló que el término es confuso y aconsejó cambiarlo por "investigado" para las primeras fases del proceso. A medida que aumenten los indicios o se consoliden las pruebas contra el acusado, éste pasaría a llamarse "encausado".

La Lecrim también incluye normas para de "conexidad" de delitos por las que se generará una instrucción "singular y diferenciada" con la intención de que las sentencias sean dictadas en tiempos más cortos y se eviten los 'macroprocesos'.

Habilita también una segunda instancia penal, un déficit que ha sido una crítica permanente por parte de organismos internacionales como comités de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia revisarán las sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales y también se reforzará la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional.


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