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El Estado presuntamente prevaricó al otorgar 300 millones en contratos en 2012

Las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas arrojan presuntos indicios de delito en más de 100 contratos que adjudicaron decenas de organismos públicos. Los expedientes en los que presuntamente se prevaricó o malversó en 2012 costaron casi 300 millones y serán denunciados. 

Los vicios de legalidad al contratar  el Estado en 2012, hasta el punto de incurrir en delitos reflejados en el Código Penal, salpican a diversos ministerios y a decenas de organismos públicos. Los contratos con presuntos indicios delictivos suman más de un centenar y casi alcanzan los 300 millones euros de valor. Todos ellos serán objeto de denuncia judicial, ya en tramitación, por presuntos delitos de prevaricación y, en algún caso, por malversación, según fuentes jurídicas oficiales. 

Todos los contratos alcanzan tal sospecha de delito por una serie de irregularidades recurrentes: deficiencias en la fase de adjudicación; por justificación insuficiente del recurso al procedimiento negociado sin publicidad (a dedo); por deficiencias en la tramitación de expedientes por el procedimiento de urgencia; por falta de precisión en los criterios de adjudicación; por no justificar adecuadamente la valoración de las ofertas; por utilizar requisitos restringidos para la licitación, no suficientemente justificados; por exclusión indebida de licitadores; por fraccionamiento en el objeto del contrato o por la tramitacion de obras complementarias no justificadas.

A esto se suman otra serie de deficiencias graves: la información es incompleta o está enviada fuera de plazo. En ocasiones se abonó más dinero del pactado. O no consta todo el dinero realmente pagado. No se justificó en muchos casos la necesidad de externalizar el servicio por falta de medios o plantilla. Se alegan urgencias injustificadas sólo porque un contrato de servicios se aproxima a su fin.

Y se abusa de las vías más opacas de contrataciòn, negociado sin publicidad, a dedo, lo que se presta a posibles manipulaciones y tratos de favor. Igualmente, se encarecen los contratos al rechazar la posibilidad de que un contratista baje por debajo de cierto umbral su oferta (10% o 70%), lo que desincentiva esta reducción de costes.

Y también hay expedientes donde no se penalizó el incumplimiento de un contratista. Todo ello hace que se aprecie generalizadamente la figura de una "decisión arbitraria a sabiendas", prevaricación, cuando no es la pura malversación del dinero público. Y esta última es la conducta de quien se apropia de caudales públicos, o permite que otro lo haga.

Los tribunales deberán dirimir si tanta presunta prevaricación aparejaba o no una voluntad de favorecer ilegalmente a un licitador y, sí así fuera, cuál fue la motivación del gestor que prevaricó.

La base de tales presuntas ilegalidades procede de la amplia batería de quejas presentada por el Tribunal de Cuentas sobre la contratación estatal de 2012. Los tribunales deberán dirimir si tanta presunta prevaricación aparejaba o no una voluntad de favorecer ilegalmente a un licitador y, sí así fuera, cuál fue la motivación del gestor que presuntamente prevaricó.  

El detalle del reparto de tan ominosa cartera de contratos bajo sospecha de delito es el siguiente:

Ministerio de Asuntos Exteriores (tres contratos). Suman 8, 3 millones. 

- Agencia Española de Cooperación (dos contratos). Suman 1 millón. 

-Ministerio de Justicia (un contrato). Suma 7,3  millones. 

-Centro de Estudios Jurídicos (un contrato). Suma 3,2 millones.

Agencia Española de Protección de Datos (tres contratos). 0.9 millones.

Ministerio de Defensa (15 contratos). Suman 19,3 millones.

-Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (tres contratos).11,2 millones.

-Servicio Militar de Construcciones (un contrato). 0,6 millones.

-Ministerio del Interior (un contrato). 1,1 millones.

-Dirección General de Tráfico (siete contratos). 38,8 millones 

-Trabajo Penitenciario (cuatro contratos). 23,1 millones

Ministerio de Educación y Cultura (un contrato). 0,6 millones.

-Universidad Internacional Ménendez y Pelayo (un contrato). 3,9 millones.

-Biblioteca Nacional (un contrato).  0,7 millones.

-Consejo Superior de Deportes (un contrato). 1,5 millones.

Ministerio de Agricultura (dos contratos). 3,5 millones.

-Mancomunidad de los canales de Taibillla (un contrato). 1,1 millones.

Ministerio de Empleo.

-Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (un contrato). 0,1. millones.

-Fondo de Garantía Salarial (un contrato). 0,1 millones.

-Servicio de Empleo. (un contrato). 26,6 millones.

Ministerio de Economía. 

-Comisión Nacional del Mercado de Valores (un contrato). 0,2 millones.

-Comisión Nacional de la Competencia (dos contratos). 0,5 millones.

-Fundación de Centro Estudios Monetarios y Financieros (dos contratos). 0,5 millones

-RTVE (dos contratos). 1,9 millones.

-Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (todos los contratos analizados, tres). 0,5 millones de valoración.

-Consorcio de Compensación de Seguros (un contrato). 0,2 millones.

-ICEX (todos los contratos analizados, cinco) 18,4 millones.

-Banco de España (cuatro contratos). 14.,6 millones.

Ministerio de Fomento. 

-ADIF (cinco contratos). 17,1 millones. 

-AENA (tres contratos). 13,6 millones.

-Irion/Renfe, un contrato, 0,9 millones.

Y luego viene una retahíla de organismos públicos dispersos que también incurrieron en presuntos delitos al contratar.

-RTVE (dos contratos). 1,9 millones.

-Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (todos los contratos analizados). 0,5 millones de valoración.

-Consorcio de Compensación de Seguros (un contrato). 0,2 millones.

-ICEX (todos los contratos analizados, cinco) 18,4 millones.

-Banco de España (cuatro contratos). 14.,6 millones.

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (doce contratos). Suman 13 millones

-Aguas de las Cuencas Mediterráneas (un contrato). 24,9 millones).

-Canal de Navarra (un contrato). 13, 1 millones 

-Navantia (tres contratos). 4,9 millones.

-Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (tres contratos). 4,9 millones.

-Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (un contrato). 0,8 millones.

-Inteco (todos los contratos analizados, tres). Suman 0,7 millones.

-Consorcio de Compensación de Seguros (un contrato). 0,2 millones.

-Mutua Asepeyo (tres contratos). 5 millones.

-Mutua Universal Mugenat (dos contratos). 1,6 millones.

-Irion/Renfe, un contrato, 0,9 millones.

Un peldaño más abajo está la responsabilidad contable, se ventila no en los juzgados, sino en el Tribunal de Cuentas y si halla culpable al gestor de turno le obliga sólo a devolver el dinero

Todo esto agota los contratos donde existen indicios de delito. Es la máxima gravedad e irregularidad posible en un contrato. Pero un peldaño más abajo está la responsabilidad contable. Es un campo que se ventila no en los juzgados, sino en en el seno del Tribunal de Cuentas y si halla culpable al gestor de turno le obliga sólo a devolver o recuperar el dinero que supuestamente malgastó ilegalmente. El gestor sale ileso jurídicamente en lo personal: no sufre condena alguna.

Y aquí en este supuesto de daño contable existe otra larga nómina de presuntos infractores: CNI, Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Banco de España, SEPI, Comisión Nacional de Energía, Renfe, ICEX, Fundación de Estudios Monetarios... Y así varias decenas más de organismos involucrados en tal grave irregularidad.

¿Ejemplos de este presunto quebranto del dinero público? Véanse unas pinceladas: cuando el Banco de España no justifica la necesidad de hacer un contrato; cuando se convierte en un supuesto habitual en Ibermutuatur la "utilización torticera del contrato para abonar indemnizaciones por supuestos despidos disciplinarios que se reconocen posteriormente como improcedentes"; deficiencias en el pago del precio del contrato por el CNI, o la insuficiente justificación de una obra complementaria de ADIF.

A veces hay falta de concordancia entre las fechas de la mesa de contratación y el registro de entrada de las ofertas, como en el caso del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. ¿Falsedad documental? Y si es así, ¿a qué cajón adjudicarlo, responsabilidad contable o delito? 

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