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Unas 900.000 personas se beneficiarán de un fallo del Supremo que pone fin a facturas del IBI infladas por la burbuja

Entre los afectados, se encuentra el caso de una finca cuyo valor catastral pasó de 496 euros a 3,8 millones pese a no haberse colocado ni un solo ladrillo. El Supremo resuelve que "si un suelo se ha recalificado pero no se ha podido construir en él, su dueño sólo deberá pagar como si fuera rústico".

Si un suelo se ha recalificado pero no se ha podido construir en él, su dueño solo deberá pagar como si fuera rústico
Si un suelo se ha recalificado pero no se ha podido construir en él, su dueño solo deberá pagar como si fuera rústico Archivo

"Si un suelo se ha recalificado pero no se ha podido construir en él, su dueño solo deberá pagar como si fuera rústico". Esta es la principal conclusión que se extrae de una sentencia del Tribunal Supremo de la que podrían beneficiarse unas 900.000 personas, desde campesinos a agricultores que han visto cómo su recibo del IBI se disparaba durante estos últimos años a pesar de que su terreno seguía siendo un campo de patatas.

Todo después de la recalificación de suelos a rústicos a urbanizables llevada a cabo en la última década por unos consistorios que con el pretexto de crear nuevos barrios o urbanizaciones llenaron sus arcas incrementando casi de manera automática el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según informa este sábado el periódico El País, esta sentencia del Alto Tribunal podría poner fin a unos excesos vinculados a la actividad inmobiliaria cuyos efectos aún se sienten en la actualidad.

La sentencia abre la puerta a que los propietarios de esas 900.000 fincas, situadas principalmente en Badajoz, dejen de pagar ese IBI hinchado por una burbuja inmobiliaria que hace años que explotó. Queda por ver si, además, "tienen derecho a ser compensados por lo abonado en años anteriores", según explican fuentes judiciales citadas por el rotativo.

El origen del fallo emitido por el Supremo está en un grupo de propietarios de suelo de Badajoz, entre los que se incluye la Fundación Dolores Bas, que tiene el 50 por ciento de una finca en la que se cultivan cereales. Pese a que nunca se ha colocado ni un ladrillo, la finca fue declarada urbanizable y como consecuencia, el recibo del IBI aumentó notablemente. "No tenía sentido, incluso tenemos subvención agrícola", explica su abogado, Luis Díaz-Ambrona.

Queda por ver si, además, "tienen derecho a ser compensados por lo abonado en años anteriores"

Entre los afectados destaca otro caso. Se trata de una parcela en la localidad madrileña de Fresno de Torote que en el año 2006 tenía un valor catastral de 496 euros. Dos años más tarde y con la recalificación la nueva valoración ascendió a la nada despreciable cifra de 3,8 millones de euros. "Es muy corriente ver una diferencia de 50 veces entre el recibo que se pagaba cuando el suelo era rústico al que se abona tras ser declarado urbanizable, pero puede llegar a ser incluso de 100 veces”, asegura el abogado.

Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a la Fundación Dolores Bas (consideró que para que un suelo sea urbano tiene que precisar o bien de un plan urbanístico o bien de obras de urbanización), la Administración central del Estado lo recurrió al Supremo ya que "la doctrina era gravemente dañosa para el interés general y además claramente errónea y no ajustada a Derecho", algo que ahora echa por la borda el Supremo, descartando "el daño económico directo" que se infligiría a las arcas públicas alegado por el Abogado General del Estado.

Los 'atrapados' por el suelo que están afrontando un IBI por las nubes han vencido al 'catastrazo'.


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