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El culebrón del hotel El Algarrobico llegará a Estrasburgo tras el último portazo del Constitucional

El Tribunal Constitucional ha rechazado uno de los recursos contra la sentencia que declara legal la licencia de obras del inmueble, por lo que los denunciantes acudirán al TEDH. En septiembre la Justicia resolverá los otros recursos pendientes. Ecologistas en Acción también llegará "hasta el final".

Vista desde el mar del Hotel Algarrobico
Vista desde el mar del Hotel Algarrobico Vozpópuli

Prometieron "una larga batalla de querellas, recursos y movilizaciones contra su legalización" y así está siendo. La sentencia de julio de 2014 que consideraba legal la licencia de obras concedida a la promotora Azata del Sol S.L. para levantar un enorme hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), abrió un nuevo capítulo en los tribunales que se suma a las resoluciones aún pendientes. El asunto del permiso de obras, que podía constituir un posible delito de prevaricación según las asociaciones contrarias a la construcción del hotel, pasó por el Tribunal Supremo y de ahí al Constitucional, que esta semana ha rechazado el recurso de amparo presentado por los denunciantes. Su última bala es la del Tribunal de Estrasburgo, y la van a utilizar. 

Pero antes de acudir a la máxima autoridad judicial en toda Europa, la asociación Salvemos Mojácar presentó este lunes un recurso contra la inadmisión a trámite de su recurso de amparo. Pese a que la decisión del Constitucional, que entendió que estaba fuera de plazo, no es recurrible, el colectivo espera que el tribunal asuma que ha debido tratarse de un error en el cómputo de los días de plazo. Si el TC no les da la razón, y según ha asegurado a este diario el abogado del colectivo, José Ignacio Domínguez, elevarán el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para lo que tienen un plazo de seis meses. "Alegaremos indefensión por la decisión del Supremo y pediremos que se reabra la querella contra los jueces", explica a Vozpópuli. Si se concede, se reconocerá que dicha licencia de obras es "radicalmente nula".

Más determinante que la licencia de obras es la declaración de los terrenos como suelo urbanizable, asunto sobre el que el Supremo se pronunciará en septiembre

En septiembre de 2014, Salvemos Mojácar presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -Rafael Toledano Cantero, María R. Torres Donaire y Jorge Muñoz Cortés- por presunto delito de prevaricación al haber declarado legal la licencia de obras del Hotel El Algarrobico pese a ubicarse en terreno protegido e invadir los 100 metros de servidumbre de protección costas. La querella fue archivada "sin entrar a analizar el contenido de la misma", a juicio del colectivo. Por ello, presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero éste lo ha rechazado por haberse presentado fuera de plazo. Sin embargo, el colectivo sostiene que entre el día que recibieron la notificación de la providencia del Supremo (el 19 de diciembre de 2014) y el registro del recurso de amparo (el 16 de enero de 2015) transcurrieron 18 días hábiles, y en ningún caso más de 30. "Es una cuestión de aritmética, algo indiscutible". O los magistrados no saben sumar, o han querido quitarse el muerto de encima, lamentan. 

Son varios los colectivos que trabajan desde hace años por lograr la restauración paisajística del paraje y respetar la protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Aunque no siempre actúen plenamente coordinados, sí reman en la misma dirección y comparten asesoramiento en sus actuaciones. Así, una vez hecha firme la sentencia de julio del TSJA al desestimar los incidentes de nulidad promovidos por Salvemos Mojácar, la Junta, la Abogacía del Estado y Ecologistas en Acción, estos últimos presentarán otro recurso de amparo ante el Constitucional y, según han confirmado a este medio fuentes de la organización, también seguirán hasta el final con sus procedimientos, dispuestos igualmente a llegar a Estrasburgo. 

Cuatro sentencias de golpe el próximo mes de septiembre

Pero sucede que el asunto de la licencia de obras no es tan determinante como el de la declaración del suelo como terreno urbanizable. Otrasentencia de julio, que contradecía fallos anteriores del propio TSJA, fue recurrida en casación por Greenpeace y la Junta de Andalucía y admitida a trámite por el Tribunal Supremo. "Si el Supremo resuelve que los terrenos donde se asienta el hotel no son urbanizables la licencia de obras daría igual", apuntan desde Ecologistas en Acción. Si por el contrario considera que sí son urbanizables, la posibilidad que quedaría para poder demoler la gigantesca construcción sería que el Gobierno andaluz ejerciera su derecho de retracto, a su vez recurrido por Azata, y una vez inscrito el terreno a su nombre, demolerlo tal y como prometió, o mantenerlo en pie y ponerlo en funcionamiento 9 años después de paralizar las obras

La Junta de Andalucía espera a las resoluciones de la Justicia. Ha pasado un año y medio y aún no ha acudido a la vía civil para obtener la titularidad de los terrenos como anunció

Por su parte, la Junta de Andalucía lleva desde el pasado año insistiendo en que su intención es restituir la legalidad de los terrenos que fueron alterados urbanísticamente y acabar con lo que denomina, en palabras de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, "un símbolo de la especulación". Sin embargo, tanto los colectivos conservacionistas como Izquierda Unida dudan de sus verdaderas intenciones. Por un lado, el Gobierno andaluz no ha recurrido aún la sentencia que legalizaba la licencia de obras y, aunque sí presentó un incidente de nulidad de actuaciones con el fin de poder recurrir luego al Constitucional, todavía no ha dado el paso a pesar de que el plazo termina el próximo día 16 de junio. "Es un puro trámite, y resulta que ahora se echan para atrás", reprochó Rosalía Martín (IU).

Por otro lado, critican el modo en que la Junta ha abordado el tema del derecho de retracto para inscribir los terrenos a su nombre. Las fuentes consultadas coinciden en que desde un principio sabían que había jurisprudencia del Supremo que exige ir a la vía civil para poder entrar en el inmueble ya que Azata se iba a negar a abandonarlo. "Han mareado la perdiz en el TSJA, que no tenía más competencias que para certificar que el retracto era correcto", se queja José Ignacio Domínguez (Salvemos Mojácar), y transcurrido un año y medio todavía no han acudido a la vía civil para poder tomar posesión del hotel. La Junta mantiene que quiere esperar a que la Justicia se pronuncie y resuelva todos los recursos pendientes para actuar.

"No olvidemos que la idea de este proyecto es del Ayuntamiento de Carboneras en connivencia con la Junta, no de Azata", recuerda Domínguez. El Ayuntamiento -relata- buscó un inversor y consultó a otras empresas para levantar el mastodonte emplazado a 20 metros del mar, hasta que dio con Azata. Sin embargo, "la promotora no actuó de buena fe porque sabía perfectamente que era espacio protegido y que la servidumbre era de 100 metros y no de 20 porque así se lo hizo saber el Servicio de Protección de Costas cuando preguntó antes de empezar a construir". Aun así, las obras comenzaron con las promesas de que no habría problemas. Casi una década después, las 21 plantas y las 411 habitaciones del hotel continúan desiertas. 


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