Nacional

Un juzgado de Madrid vuelve a suspender cautelarmente la externalización de los 6 hospitales

La Consejería de Sanidad ha explicado que Madrid va a estudiar este nuevo auto y que presentarán las alegaciones correspondientes dentro del plazo de 15 días pese a las contradicciones que considera existen entre jueces.

Una de las últimas manifestaciones en defensa de la Sanidad pública por las calles de Madrid.
Una de las últimas manifestaciones en defensa de la Sanidad pública por las calles de Madrid. EFE

El Juzgado Contencioso Administrativo nº4 de Madrid ha decretado la suspensión cautelar del proceso de externalización de seis hospitales, en un auto dado a conocer este martes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), que es quien encabeza la acción judicial.

De esta manera se vuelve a paralizar temporalmente la concesión, después de que el pasado mes de julio lo hiciera el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la levantara el alto tribunal dos semanas más tarde al tiempo que inadmitía el recurso en este sentido del PSM.

La Consejería de Sanidad ha explicado a Europa Press que la Comunidad de Madrid va a estudiar este nuevo auto y que presentarán las alegaciones correspondientes dentro del plazo de 15 días con el que cuentan, y pese a las contradicciones que considera existen entre jueces después de que el TSJM ya confirmara que el proceso podía seguir adelante.

El auto del magistrado Carlos Gómez Iglesias explica que los razonamientos expuestos por AFEM en los apartados precedentes "conducen, en definitiva, a la estimación de la solicitud formulada por la parte recurrente y a la adopción de la medida cautelar por ella solicitada, sin que, por otra parte y finalmente, se aprecie en este caso la concurrencia de las especiales circunstancias para efectuar un pronunciamiento de condena sobre las costas causadas en este incidente".

Por ello, decide "estimar la solicitud formulada por la parte recurrente para la adopción de la medida cautelar solicitada, consistente en la suspensión de la ejecución de los actos administrativos impugnados" hasta que "sea dictada sentencia firme que ponga fin al procedimiento o hasta que éste finalice por cualquiera de las otras causas de terminación previstas legalmente".


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