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El Gobierno no asegura elecciones en Cataluña en caso de aplicar el 155

Moncloa maneja informes que no incluyen tal competencia dentro de la suspensión de la autonomía. La negociación con Ciudadanos para la moción de censura contra Puigdemont sigue abierta.

Rajoy y Puigdemont en La Moncloa. EFE

Se ha repetido durante meses que una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución, el precepto que supondría la intervención o suspensión de la autonomía catalana, facultaría al Ejecutivo de Mariano Rajoy para convocar elecciones a la Generalitat. Sin embargo, hay serias dudas legales al respecto. Tanto es así que fuentes gubernamentales revelan que Moncloa maneja informes jurídicos contrarios.

Advierten tales informes de que el llamamiento a las urnas sólo podría realizarlo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (la opción prioritaria en la estrategia del Gobierno central) o bien producirse a raíz de una moción de censura en el Parlament registrada y aprobada con ese fin.

La vía de la moción de censura ya ha sido puesta sobre la mesa por Ciudadanos ("Es el último cartucho que le queda a la política en Cataluña", ha dicho Inés Arrimadas, líder de la oposición). Y desde el Ejecutivo de Rajoy no se ha cerrado la puerta. Al contrario, la negociación sigue abierta y lo trasladado por la dirección popular al partido naranja es aguardar a que pase el envite del referéndum independentista para sentarse a estudiar dicha moción.

De momento, el gabinete Rajoy está centrado en la llamada 'Operación Sting'. Así se conoce en los despachos de La Moncloa a la batería de medidas proyectadas para frenar administrativamente, al margen de la actuación judicial y policial, la consulta secesionista y la ley de transitoriedad hacia la "República catalana". El nombre de la operación responde al del famoso cantante británico Gordon Matthew Thomas Sumner Sting, que interpretó con el grupo The Police la archiconocida canción Every breath you take ("Cada aliento que tomes"). La letra se resume en que "cada paso que des, te estaré vigilando" y de ahí el símil con la respuesta del Estado a cada ilegalidad de los separatistas.

El artículo 155 de la Constitución, incluido en el título VIII sobre la organización territorial del Estado, dice que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Y añade: "Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

La implementación del 155 sería la medida más drástica del poder ejecutivo y llegaría después de haber activado el artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

La implementación de este precepto sería la medida más drástica del poder ejecutivo, y llegaría, en la escala de proporcionalidad, después de haber activado el artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, un texto que paradójicamente contó en su día con el visto bueno de Convergència, el partido de Puigdemont. Pero hasta llegar al artículo 26 todavía hay un peldaño de por medio. La multa a depositar en el Banco de España (el 25.b del que informó ya  Vozpópuli). Una vez aplicada por Hacienda la no disponibilidad de créditos y el control absoluto del gasto destinado a los servicios públicos (artículo 25.a de la citada ley de Estabilidad), con el fin de evitar que el referéndum se financie con las arcas autonómicas, el Ejecutivo puede adoptar una sanción "coercitiva" que, en el caso de llevarse finalmente a cabo, le costaría a la Generalitat unos  425 millones de euros. Esto es "constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su Producto Interior Bruto nominal". 

En el supuesto de que la Generalitat no atienda ninguno de estos requerimientos, ya entraría en escena el artículo 26 de la Ley de Estabilidad, esto es, el último aviso dirigido personalmente al presidente del Govern. Su negativa daría ya pie a que el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptara "las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa. Para la ejecución de las medidas el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma". Es decir, el 155 de la Constitución.

La 'variable Junqueras'

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, nunca aceptará la hipotética decisión del Tribunal Constitucional de suspenderle de sus funciones porque, según declaró el pasado julio en una entrevista en el diario francés Le Figaro, él sólo reconoce al Parlamento catalán para tal dictamen. En todo caso, esa suspensión de funciones por parte del TC no supondría su cese, por lo que Puigdemont podría seguir aferrado al sillón presidencial. Además, la condena penal para apartarle del mismo nunca llegaría antes de la primavera de 2018, fecha de las elecciones "constituyentes" que contemplan los secesionistas para su ansiada  desconexión.

Es aquí, precisamente, donde irrumpe la variable Junqueras, que también es barajada en las altas esferas de Barcelona y Madrid. La jugada de los independentistas en los meses siguientes al 1-O pasaría por una renuncia de Puigdemont, sin más aspiraciones políticas, para que el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Hacienda, Oriol Junqueras, asumiera sus competencias y convocara dichas elecciones "constituyentes". Ello situaría al líder de Esquerra Republicana al frente del proyecto de ruptura para culminarlo.

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Etiquetas: Referéndum en Cataluña, Gobierno, Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, Elecciones, 1-O