Zarrías: "Las modificaciones presupuestarias en los ERE tenían el aval del interventor"

El exconsejero de presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha declarado este jueves ante el juez del caso ERE en el Supremo que las propuestas de modificación presupuestaria elevadas al Gobierno andaluz desde la Comisión de Viceconsejeros que él presidía tuvieron el visto bueno del interventor. 

El diputado socialista ha respondido a las preguntas del magistrado Alberto Jorge Barreiro señalando que las propuestas de modificación presupuestaria que pasaban por la Comisión General de Viceconsejeros, los llamados "consejillos", siempre llevaban el informe favorable del interventor general. Algo que contrasta con la versión ofrecida por el exinterventor de la Junta, quien tras conocer las declaraciones de Griñán y Chaves criticó que basaran su defensa en tratar de desviar su "evidente responsabilidad" en el fraude. "Es una indignidad", aseguró.

Además, Zarrías ha negado, durante una comparecencia que ha comenzado a las 10.30 horas y que ha terminado poco antes de las 14.00, que desde la citada comisión se pudieran tomar decisiones ejecutivas sobre los ERE supuestamente fraudulentos, según fuentes jurídicas. 

La Comisión de Viceconsejeros no tiene ningún poder decisorio sino únicamente una función preparatoria de los Consejos de Gobierno, ha señalado Zarrías, que ha comparecido voluntariamente como imputado para que el magistrado pueda decidir si solicita o no el suplicatorio para actuar contra él. 

Zarrías presidió hasta 12 sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros relacionadas con modificaciones presupuestarias vinculadas a las subvenciones conocidas como ERE, según la documentación de la que dispone el magistrado. 

"Ha quedado claro que la Comisión General de Viceconsejeros que yo presidía, que no tenía poder decisorio, siempre elevó al Consejo de Gobierno asuntos plenamente aceptados por la legalidad"

A su salida del tribunal ha dicho a los periodistas: "Hoy es un día con sentimientos encontrados pues no es agradable tener que declarar ante un tribunal, aunque sea de forma voluntaria, para una persona honrada. Pero tengo el alivio que supone después de mucho tiempo poder haber dado explicaciones y responder a todas y cada una de las preguntas que se me han planteado".

"Pienso que ha quedado claro que la Comisión General de Viceconsejeros que yo presidía, que no tenía poder decisorio, siempre en todo momento y en cualquier circunstancia elevó al Consejo de Gobierno asuntos plenamente aceptados por la legalidad", ha destacado.

Ha abundado en que "en ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera los requisitos que la ley marca y por lo tanto estaba perfectamente ajustado a derecho". "Mi obsesión durante mi vida política, bien sea en la Junta de Andalucía o como diputado por Jaén del Partido Socialista, ha sido estar al lado de la gente, conocer sus problemas y colaborar con ellos en la solución de los problemas. Esa ha sido mi máxima, mi objetivo durante toda mi vida y les puedo asegurar que va a seguir siéndolo", ha concluido.

Por otra parte, fuentes jurídicas han precisado que a Zarrías le han preguntado sobre los informes de la Intervención de la Junta alertando de irregularidades en los ERE, a lo que ha respondido que no conoció ninguno. Se trataba de informes de cumplimiento, que no deben ser elevados al consejero y menos al de Presidencia porque este tipo de informes de la intervención señalan irregularidades pero no lo bastante graves como para que lleguen al máximo nivel (eso lo hacen los informes de actuación y de éstos no consta ninguno relativo a los ERE en la causa), según las mismas fuentes.

Además, ha asumido que conoció al sindicalista Juan Lanzas, uno de los principales implicados, pero en relación con sus funciones en el ámbito agropecuario y no en relación con los ERE.

El instructor le ha preguntado por un decreto regulador de las transferencias de financiación que se presentó desde la Consejería de Empleo y en concreto ha sido interrogado sobre por qué se retiró del "consejillo". Al respecto Zarrías ha manifestado que el jefe de servicios jurídicos de la Junta señaló que se trataba de una materia que debía ser regulada por una orden y no por un decreto y que por eso se retiró.