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¿Seguir congelados? Los funcionarios denuncian pérdidas acumuladas de ingresos del 30% en 5 años

Sin las subidas correspondientes al IPC, sin extra de 2012, con la bajada salarial del 5% de Zapatero y con los recortes de las comunidades, los empleados públicos acumulan en este lustro negro una pérdida de poder adquisitivo de cerca de un 30%. Los ánimos en el sector público están por los suelos y en comunidades como la de Madrid, los trabajadores esperan otro 'tajo' tras el derroche de la carrera olímpica. Los 'moscosos', reducidos a la mitad, ya no son un consuelo.

“¿Cómo se congela algo que ya está congelado?”. Así reaccionaba un agente del cuerpo de Policía Local de Madrid al conocer las informaciones que apuntaban a las presuntas intenciones del Gobierno de congelar los sueldos de los funcionarios públicos en 2014. Información ésta que el PP se apresuró a desmentir. Aunque, según Alfonso Alonso esta medida no forma parte de la agenda del Ejecutivo, una posible congelación salarial no sería una medida novedosa, sino que vendría a sumarse a una racha de cinco años en la que los salarios de los empleados públicos no experimentan ni la subida correspondiente al incremento del IPC. Desde CSI-F (Central Sindical Independiente y de funcionarios), denuncian que la pérdida acumulada de poder adquisitivo en el último lustro ronda ya el 30%.

Desde Moncloa quieren poner la tirita antes de que la herida vuelva a sangrar. Mejor no dar bola al asunto y evitar protestas antes de tiempo, si es que ha de haberlas. Porque no sería descabellado pensar que, con la que está cayendo y con la deuda de las Administraciones Públicas disparada, el Gobierno opte por dejar a los funcionarios otro año en el congelador y prolongar así una austeridad impuesta desde hace años. El presidente de CSI-F, Miguel Borra, explica cómo los cinco años sin subidas, la pérdida salarial del 7% que supuso la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, la bajada media del 5% que llevó a cabo Zapatero en 2010 (consolidada en 2011), además de las pérdidas adicionales que han sufrido funcionarios de algunas comunidades (Murcia, Cataluña, Andalucía, Galicia…), han generado una pérdida de poder adquisitivo tal que han visto esfumarse cerca de un 30% del salario global correspondiente a estos últimos cinco años. 

Los empleados públicos de la Comunidad de Madrid aún temen otra embestida para sufragar parte de los gastos de la frustrada carrera olímpica

Para muchos asalariados públicos (un total de 2,84 millones entre funcionarios de carrera, personal docente, sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, etc.) el hartazgo es tal que ven la congelación como un mal menor. “Me conformaría con que lo congelaran porque en mi caso no deja de bajar cada dos o tres meses sin que me sepan dar una explicación”, se queja este funcionario madrileño con el que ha hablado Vozpópuli. Y es que los ánimos están por los suelos en el seno del sector público. Después de la eliminación de la extra de Navidad, la reducción de días libres designación –moscosos-, la supresión de los días por antigüedad y trienios y el aumento de la jornada laboral, los trabajadores, especialmente los madrileños, aún temen alguna otra embestida.

“Un hachazo” tras el fiasco de los Juegos Olímpicos

Fuentes conocedoras de la situación en la Administración madrileña consultadas por este diario sugieren que si Madrid hubiera sido elegida para organizar los Juegos de 2020, la victoria hubiera servido a los impulsores de la carrera olímpica para rehabilitar su imagen y vender una hipotética rentabilidad de las infraestructuras, así como una supuesta mejora de las tasas de desempleo, y otros presuntos éxitos. El COI no lo quiso así y en la Comunidad están que les tiemblan las piernas. “Esperamos que nos peguen otro hachazo por el tema de los Juegos. La idea generalizada es que gran parte de lo que ha costado hasta ahora lo sufraguen a costa de los funcionarios”, comenta un delegado sindical. Los funcionarios madrileños también han perdido las ayudas sociales con las que neutralizaban la merma de sus ingresos. Ayudas por cuidado de persona a cargo, para estudiantes, odontología, oftalmología, guardería, etc, han desaparecido. 

‘Moscosos’, una compensación y no un privilegio

Como no todos los trabajadores del aparato público lo hacen para el Estado central, son las comunidades, diputaciones, etc., quienes imponen de forma adicional las condiciones a los empleados que se encuentran bajo su mando. Sin embargo, las medidas dictadas desde el Gobierno central no hacen distinción. Una de estas ideas a las que el equipo de Rajoy recurrió para contener el gasto y que cayó como una bomba en el sector público, fue el ‘tajo’ a los días de libre disposición –‘moscosos’- , reducidos de 6 a 3. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los empleados públicos han salido peor parados: disponían de 7 días negociados y les han quitado 4. Todo, según el ministro de Hacienda, para intentar equipararse a los convenios de la empresa privada. 

Algunos trabajadores han perdido hasta 15 días libres, lo que equivaldría a medio sueldo. “Cuanto más antiguos, más hemos pagado”, comentan 

“Nos dieron días porque nos quitaron dinero, no es ningún privilegio que nos hayamos inventado nosotros, y ahora también nos los quitan”, comenta una trabajadora del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) con 35 años de servicio. En efecto, los moscosos, esos días libres con apariencia de privilegio, son en realidad una compensación utilizada por los sucesivos gobiernos, previa negociación con los sindicatos, para contrarrestar la congelación del sueldo, una medida de la que empezó a echar mano Felipe González

Los funcionarios, con CSI-F a la cabeza como sindicato más representativo de las Administraciones Públicas, reclaman un aumento “razonable” de las retribuciones para compensar el agujero provocado a lo largo de estos años, así como la devolución de todos los moscosos. En la Comunidad de Madrid, hay trabajadores que han perdido hasta 15 días. Las cuentas no fallan: a los cuatro moscosos hay que sumar un día de vacaciones (los 23 días hábiles negociados se han quedado en 22), hasta siete días por trienios trabajados (días para todos los empleados públicos y personal laboral según el Estatuto Básico del Empleado Público) y hasta 4 días adicionales de vacaciones por antigüedad (un día por 15 años de servicios prestados, dos días por 20 años, 3 por 25 y 4 días por 30 años). “Cuanto más antiguos más hemos pagado. A diferencia de los asesores, nadie nos ha puesto a dedo yalgunos hemos pasado hasta tres oposiciones”.

La paga extra la dan por perdida

Los empleados públicos que se vieron afectados por la rebaja salarial de 2010 y por las sucesivas congelaciones no han recuperado el poder adquisitivo perdido. Sin embargo, no pierden la esperanza de recuperar la totalidad, o al menos la parte devengada, de la paga extraordinaria eliminada. Pero para ello se encomiendan al Tribunal Constitucional, quien estudia actualmente la posible inconstitucionalidad de la norma que entró en vigor el 15 de julio de 2012, cuando 14 días ya se habían devengado. No se fían de las promesas del Gobierno de devolver la paga suprimida en 2015 ni tampoco les convence que lo haga como fondo de plan de pensiones porque la gran mayoría de funcionarios no disponen de uno.


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