OPERACIÓN BASHNYA

Dos hermanos pakistaníes dirigían desde Barcelona el megafraude del IVA del petróleo

Tariq y Jan Khan Nadir están acusados de ser  los presuntos cabecillas de una de las dos redes desarticuladas por la Guardia Civil por eludir el pago del impuesto en la venta de millones de litros de gasolina y gasóleo. El primero fue detenido en Barcelona, mientras el segundo sigue huido y en paradero desconocido. Su trama de decenas de empresas repartidas por todo el mundo le permitían controlar todo los pasos del negocio de los hidrocarburos e, incluso, blanquear el dinero con la compra de inmuebles y oro. Poseían un petrolero, ahora fondeado en Algeciras, y habían empezado a adquirir gasolineras en España. El fugitivo ya era buscado por la Justicia de Bélgica por un delito similar y se vio salpicado en las Operaciones Hidalgo y Astapa de blanqueo de dinero y corrupción urbanística en la Costa del Sol.

Parte del material contable incautado a los detenidos en la Operación Bashnya.
Parte del material contable incautado a los detenidos en la Operación Bashnya. GUARDIA CIVIL

Poseían lujosos chalés en Castelldefels (Barcelona) y en la Costa del Sol, donde vivían con sus familias. Se movían en vehículos de las marcas Porsche, Jaguar y Mercedes. No se perdían un partido de polo e, incluso, poseían su propio equipo de este elitista deporte. Y, sobre todo, manejaban enormes cantidades de dinero. La Guardia Civil ha detenido al ciudadano pakistaní Tariq Khan y ha puesto en busca y captura a su hermano Jan Nadir como presuntos máximos responsables de una trama delictiva que permitió a ambos eludir el pago de decenas de millones de euros en IVA por la venta de hidrocarburos en España. En el transcurso de la investigación, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) detectaron una segunda trama, ésta liderada por empresarios españoles, que cometían un fraude idéntico. En total, ambas organizaciones criminales han conseguido defraudar 120 millones de euros al erario en los últimos cuatro años, según las primeras estimaciones de los investigadores. "Es el mayor fraude detectado en España", destacaba ayer a este diario uno de los responsables de las pesquisas.

Uno de los hermanos está acusado de cometer idéntico fraude en Bélgica y de intentar blanquear el dinero en España

La Operación Bashnya ("torre" en ruso, el apellido de uno de los principales encausados) se inició en febrero de 2011, cuando los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil detectaron supuestas irregularidades en varias empresas dedicadas a la comercialización al por mayor de productos derivados del petroleo. Las pesquisas confluyeron dos meses después con las investigaciones que por su parte habían iniciado la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que habían conocido también la existencia de la trama, especializada en crear empresas para comercializar hidrocarburos y elaborar presuntamente declaraciones falsas del IVA soportado por éstas para no realizar los pagos de este impuesto correspondientes a los ingresos por las ventas. De este modo, la trama liderada presuntamente por los hermanos Khan conseguín ofertar a los pequeños distribuidores precios sin competencia que le habían permitido empezar a acamparar una parte importante del mercado español en Cataluña, Galicia y el centro peninsular.

Las investigaciones permitieron comprobar que si la empresa que utilizaban en el fraude empezaba a ser investigada por la Agencia Tributaria por no pagar los impuestos, los dos paquistaníes la disolvían y creaban una nueva que empezaba a operar inmediatamente. "Siempre tenían una compañía en la reserva para ponerla en marcha tan rápido como fuera posible y que el negocio siguiera en marcha", detalla a este diario un responsable de la investigación. En total, las pesquisas han desvelado hasta el momento una trama de más de 60 empresas repartidas por todo el mundo que cubrían todos los pasos del negocio, desde la compra del petróleo en los grandes mercados internacionales hasta su traslado a los puntos de venta minoristas. Tenían, incluso, un petrolero de bandera liberiana, el Sinbad, actualmente fondeado en el puerto de Algeciras (Cádiz) aunque con otro nombre, y habían comenzado a adquirir gasolineras en España.

Eso sí. Nada o casi nada aparecía a su nombre. Utilizaban testaferros a los que abonaban importantes cantidades de dinero para que, si eran descubiertos, asumieran ellos toda la responsabilidad y no los delatasen. De hecho, entre los treinta detenidos están los tres máximos responsables de sendas empresas que habían creado sucesivamente en los últimos años para comercializar gasolina y gasoil sin pagar impuestos. Pese a ello, los dos paquistaníes mantenían un estrecho control sobre las empresas y casi a diario se pasaban por las oficinas que tenían las mismas en Barcelona. "Si estaban en Marbella, hacían que el contable se desplazase hasta la Costa del Sol para rendirles cuenta", detallan las fuentes consultadas.

Pese a la complejidad de la trama, el sistema de fraude era "muy sencillo", según destacan los agentes de la Guardia Civil que han participado en la investigación. La red adquiría los hidrocarburos en el mercado internacional, lo trasladaban a España y lo ponían en venta a un precio más bajo que la competencia. Una vez cobradas las partidas, declaraban haber soportado un IVA muy parecido en cuantía con declaraciones fraudulentas y, de este modo, evitaban ingresar ningún dinero en el tesoro público. Cuando eran detectadas las empresas, a veces las mantenían operativas durante un breve periodo de tiempo con la promesa de subsanar el error y en otras, sin embargo, cerraban inmediatamente las compañías y abrían una nueva. "No tenían ninguna abierta más allá de un año, el tiempo en el que se detectaba el fraude", señalan estas fuentes. Al poco tenían otra abierta con nuevos testaferros, empleados y sede dispuestos a seguir con el megafraude.

Blanqueo con inmuebles y oro

La trama era tan completa, según destacan los responsables de la UCO, que incluía también todo el entramado necesario para, supuestamente, blanquear el dinero obtenido fraudulentamente: empresas patrimoniales con las que habían adquirido decenas de propiedades inmobiliarias, desde viviendas a hoteles, y participaciones en compañías de extracción de oro y para la fundición de este metal precioso. Todo ello con ramificaciones en numerosos países de todo el mundo que aún están siendo investigadas. De hecho, aunque las detenciones se produjeron los pasados 11 y 12 de abril, hasta ahora las pesquisas no habían transcendido a la opinión pública a la espera de terminar las investigaciones en Zurich (Suiza), donde se trasladaron varios agentes de la Guardia Civil para desentrañar una parte clave de toda la estructura financiera del grupo delictivo.

La red de los paquistaníes blanqueaba el dinero principalmente en inmuebles y en el mercado del oro

Los hermanos Khan no eran, sin embargo, unos desconocidos para los investigadores. Jan fue detenido en abril de 2007 dentro de la Operación Hidalgo, una investigación que permitió desmantelar una supuesta trama de blanqueo de dinero en la Costa del Sol y que le terminó costando el puesto al juez que lo investigó, Francisco Javier de Urquía. Éste, según consideró probado el pasado mayo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cobró 60.000 euros para dejar en libertad al propio Jan Nadir y a sus tíos Khadija Dhamany y Azam Khan sólo un mes después de su arresto y encarcelamiento por supuestos delitos d blanqueo. Su hermano Tariq fue quien entregó el dinero al intermediario que se lo hizo llegar finalmente al magistrado.

Aquel año, Jan y su tío Azam ya eran buscados por la justicia de Bélgica por el mismo delito por el que se le intenta localizar ahora en España: defraudar millones de euros, en concreto 136, a la Hacienda de este país por eludir el pago del IVA procedente de la venta de hidrocarburos. De hecho la Justicia española considera que el ciudadano paquistaní se había desplazado a nuestro país desde este estado europeo para ocultar ocultar a través de la creación de varias empresas, entre ellas varias relacionadas con el sector petrolero, los beneficios fraudulentos que había obtenido allí. El nombre de Jan Khan volvería a salir de nuevo a la luz durante la investigación de la trama urbanística destapada en la Operación Astapa, en la localidad malagueñá de Estepona, como el empresario que intentaba supuestamente construir en unos terrenos no urbanizables.

Un trama paralela 'made in Spain'

En el transcurso de la investigación sobre los hermanos, los agentes detectaron la presencia de una segunda trama, esta dirigida presuntamente por dos empresarios españoles, uno con domicilio en Miguelturra (Ciudad Real) y el segundo en Villanueva de Córdoba. El sistema de fraude de ésta segunda red era idéntido a la dirigida por los Khan. Ambos habían montrado una trama, en este caso más pequeña, de una treinta empresas, y compartían algunos personajes de la red de los dos pakistaníes, entre ellos un asesor que por su prestigio era utilizado por los dos grupos para hacer gestiones ante la administración y solventar las trabas que a veces encontraban para poner en marcha las empresas que iban a operar en el estratégico mercado del crudo. Sin embargo, el desarrollo de este red made in Spain era inferior y, de hecho, habían 'contratado' los servicios de una multinacional del blanqueo para conseguir dar apariencia legal a sus importantes ingresos del fraude. "Habían empezado también a mirar el negocio del oro", apuntan fuentes de la Guardia Civil, que detalla que uno de estos empresarios tenía antecedentes anteriores por un delito similar, en aquella ocasión realizado con la comercialización de componentes eléctricos.

En total, ambas tramas habían realizado en los últimos cuatro años, el tiempo que se consideran que llevan operativas, un volumen de negocio superior a los 1.000 millones de euros, lo que les reportó beneficios fraudulentos superiores a los 120 millones de euros. Hasta la fecha, la Guardia Civil ha intervenido 79 vehículos de alta gama, 209 inmuebles, 20 millones de euros en cuentas bancarias y 3,5 millones de litros de carburantes dispuestos para su comercialización, todo ello por un valor superior a los 55 millones de euros. No obstante, la Guardia Civil no descarta que cuando se termine de analizar la documentación intervenida estas cantidades aumenten considerablemente.


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