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La Fiscalía investigará irregularidades en la adjudicación de la Fiesta de la Cerveza de Valencia

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al considerar que había habido un "trato de favor" con las empresas organizadoras del evento. 

El president de la Generalitat, Alberto Fabra (2d), y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la mascletá valenciana.
El president de la Generalitat, Alberto Fabra (2d), y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la mascletá valenciana. EFE

La Fiscalía de Valencia investigará las supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión de la Fiesta de la Cerveza en la plaza de toros de Valencia, propiedad de la Diputación, a una empresa privada entre 2011 y 2014 denunciadas por EU al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delito.

La diputada de EUPV en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez, ha informado este jueves de que el pasado 2 de abril presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al considerar que había habido un "trato de favor" con las empresas "La fiesta de la cervera OktoberFest España SL" e "Idea SL", ambas administradas por la misma persona. La Fiscalía provincial de Valencia señala en su escrito, fechado el 27 de abril, que en la denuncia se ponen de relieve "hechos que pudieran ser constitutivos de delito" y, por ello, ha incoado diligencias de investigación penal y designado al fiscal instructor para que conozca las mismas, informa Efe.

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) afirma en la denuncia que se produjo una "considerable reducción del precio público de cesión a favor de la empresa privada organizadora del evento", cifrada en alrededor de un millón de euros, y no se encontró "un documento que pueda considerase una licencia de apertura ni de autorización de venta de bebidas alcohólicas".

El precio cobrado a las empresas por sus servicios es 66.340,36 euros inferiores al precio público de cesión, y en el caso del canon la diferencia fue de 939.460,63 euros

Según señala, el precio cobrado a las empresas por los servicios logísticos es 66.340,36 euros inferiores al precio público de cesión regulado por la Ordenanza de la Diputación, y en el caso del canon la diferencia entre el precio público y el cobrado es de 939.460,63 euros.

En la denuncia, también se aseguraba que existe un "continuo vacío legal" en todo lo referido a permisos legales de funcionamiento y autorizaciones para la fiesta y que en la documentación examinada no se encuentra "un documento que pueda considerarse una licencia de apertura ni de autorización de venta de bebidas alcohólicas".

También advierten de que una "consecuencia directa" de esta ausencia de permisos y situación de "alegalidad" sería la "posible invalidez de los seguros" y ello, ante un evento de tan masiva afluencia, "podría haber derivado ante cualquier problema grave en una responsabilidad civil subsidiaria de la Administración".

Según EU, la Diputación realiza durante cuatro años un arrendamiento con "condiciones a la carta" de la Plaza de Toros, un Bien de Interés Cultural (BIC), a una empresa privada "cuyos fines y objetivos, en ningún caso, pueden definirse como culturales". "No nos parece lógico ni legal que una empresa que tiene como objetivo su lucro no pague lo que establecen las ordenanzas fiscales de la Diputación", ha dicho Rosa Pérez, quien ha agregado que no entienden por qué a estas empresas, domiciliadas en Madrid, se les dio "un trato de favor".

Rosa Pérez ha explicado que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia fueron preguntados sobre los permisos para celebrar el evento, pero "se lavaron las manos" y derivaron las responsabilidad en la Diputación y en la empresa organizadora.

En este sentido, la concejal de EU en el Ayuntamiento de Valencia, Rosa Albert, ha indicado que es "lamentable" que los responsables políticos de las tres administraciones (autonómica, provincial y local) "no desarrollen una política conjunta, y más siendo del mismo partido".

Además, ha señalado que le parece una "irresponsabilidad de características indescriptibles" que el Ayuntamiento "no tenga conocimiento sobre si un acto que congrega a cientos de personas se desarrolla garantizando todas las normas de legalidad vigente". "Nos parece una doble vara de medir que haya empresas que usan un espacio público y no se les exige el cumplimiento de la ley y a cualquier ciudadano se nos exige, y si no cumplimos con la normativa, se nos sanciona", ha agregado. 


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