Nacional

Ruz baraja investigar a UCI (Santander-BNP) por la concesión de ciertas hipotecas

El magistrado ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la pertinencia de admitir a trámite una denuncia que interpuso la PAH contra la Unión de Créditos Inmobiliarios -participada por Santander y BNP- por éste producto tóxico. 

El juez Pablo Ruz en una imagen de archivo
El juez Pablo Ruz en una imagen de archivo Europa Press

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentaba el pasado 31 de octubre en la Audiencia Nacional una denuncia contra la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), participada al 50% por el Banco Santander y BNP Paribas, por las llamadas 'hipotecas basura'. Desde entonces, la Fiscalía Anticorrupción está estudiando la denuncia después de que el juez Pablo Ruz le haya instado a pronunciarse sobre el caso antes de decidir si la admite a trámite o si finalmenre la rechaza. Esta denuncia es la primera que se presenta que se presenta en España contra este producto tóxico responsable de una crisis mundial. 

Los abogados de la PAH consideran que la Audiencia Nacional es competente debido a los delitos que consideran que se han cometido: estafa continuada, contra los consumidores, contra el orden socioeconómico y asociación ilícita en concurso con organización criminal, según informa eldiario.es. El reparto judicial supuso que la denuncia acabase en el Juzgado Central de Instrucción número 5, del que es titular el juez Pablo Ruz, quien remitió su contenido a los fiscales para que se pronunciaran sobre el fondo.

Según la denuncia, con la que la PAH actúa en representación de 21 afectados de Madrid, Murcia y Barcelona, la UCI inició un plan estable de comercialización de productos financieros tóxicos para comprar viviendas, las conocidas como 'hipotecas basura' o 'subprime' en su término inglés. Al dirigirse contra las entidades de la Unión de Créditos Inmobiliarios, la denuncia se hace extensiva también a sus directivos, entre los que se encuentran Emilio Botín, su hija Ana Patricia, el exministro Abel Matutes y Alfredo Sáenz

El texto presentado por la PAH explica que la UCI estableció desde finales de los noventa relaciones mercantiles con una amplia red de inmobiliarias y asesorías financieras, de modo que los clientes acudían a cadenas como Tecnocasa o Kiron y pagaban sin conocer que en realidad contrataban con la UCI. El principal objetivo de la Unión eran jóvenes, inmigrantes y otras personas con inestabilidad laboral, algo que permitía al Santander y al BNP Paribas entrar en un segmento hipotecario virgen. 

De momento Anticorrupción no se ha pronunciado sobre la pertinencia o no de la denuncia mientras Ruz sigue esperando un veredicto previo a su decisión final. 


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