Nacional

El Estado decidirá los sueldos de los jefes de policía local, arquitectos, técnicos o jardineros municipales

Establecerá un límite máximo y mínimo de la retribución básica, la complementaria y los pagos en especie. La FEMP quiere que se aplique a las Comunidades el límite de diputados con dedicación exclusiva y, por tanto, con sueldo, así como el número máximo de asesores. Los alcaldes vaticinan una guerra abierta municipios-comunidades por la financiación de las competencias impropias.

Desde el alcalde al último funcionario municipal. Será el Gobierno central el que decida no sólo qué retribución reciben los regidores y los interventores, tesoreros o secretarios de los entes locales, que pasarán a tener habilitación nacional y a depender de la Comunidad autónoma o del Estado, sino de todo el elenco de funcionarios lo que incluye a los jefes de policía local, a los arquitectos a los técnicos y hasta al personal de mantenimiento o los jardineros en caso de que estos servicios no estén externalizados.

Montoro no quiere que nadie de los entes localesescape a su control y así queda claro en la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. A fin de cuentas es una supervisión que no puede ejercer, por cuestiones competenciales y estatutarias, sobre las Comunidades Autónomas pero sí sobre los municipios, salvo en el caso de aquellos gobiernos regionales que han acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas tiene la llave de la caja y eso supone pérdida de autonomía, por eso comunidades como la de Madrid o Extremadura, gobernadas por el PP, se resisten a llamar a su puerta.

Pero en el caso de los ayuntamientos ha entrado con plenos poderes y la disposición adicional tercera en su punto cuarto establece que serán los Presupuestos Generales del Estado los que establecerán “un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las entidades locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo de clasificación profesional así como de otros factores que se puedan determinar” en las Ley de Presupuestos. Esto afecta a las retribuciones básicas, a las complementarias y a las que se pagan en especie, que computarán a efectos de cumplir los límites de la cuantía máxima de la retribución total.

Que se apliquen la lección las Comunidades

Los entes locales han asumido la intervención del Estado después de una larguísima negociación del anteproyecto de la Ley a cambio de quitarse de encima las competencias impropias, que se llevan hasta un 25 por ciento de su presupuesto anual. Pero la FEMP cree que parte de las imposiciones que se van a aplicar a los entes locales deberían trasladarse a las Comunidades, como el límite de diputados regionales con dedicación exclusiva, de modo que no cobren todos, sino sólo los “liberados”, así como en el número de asesores.

Con la reforma Montoro el, 82 por ciento de los concejales de los 68.285 que hay en toda España, no tendrán sueldo. Sólo 12.188 cobrarán. Pero es que además, el personal eventual que puede contratar cada administración local “no podrá exceder de su número de concejales, diputados provinciales o, en general, electos, según corresponda” salvo en las poblaciones de más de 500.000 habitantes, donde será inferior al 0,7 de la plantilla municipal. Los municipios de menos de 5.000 habitantes no tendrán asesores; los de entre 5.000 y 10.000, sólo uno; entre 10.000 y 20.000 habitantes, dos, y los de entre 20.000 y 50.000, siete. El número de personal de libre designación de los ayuntamientos que tienen entre 50.000 y 75.000 vecinos no superará a la mitad de los concejales, mientras que los de entre 75.000 y 500.000 no podrá superar al del total de la corporación municipal. En total, según los cálculos de Montoro, se reduce a 6.489 el número total de asesores municipales en España.

Los alcaldes vaticinan una guerra abierta ayuntamientos-Comunidades. Algunos presidentes autonómicos como el de Madrid o el de Cantabria, Ignacio González e Ignacio Diego, respectivamente, ya han dicho que no podrán asumir el gasto de algunas competencias que les corresponden, con lo que desde la FEMP temen “un frente común autonómico” para pedir a Hacienda que dé marcha atrás en algunos aspectos de la reforma.  


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