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España maniobra para impedir una sanción de Eurostat por los 4.500 millones de facturas en los cajones

España intenta dilatar el expediente para que expire el mandato del actual equipo de la Comisión Europea en el plazo de un mes. El Ejecutivo argumenta que se intenta aplicar a la contabilidad española una legislación aprobada en 2011 para ejercicios contables previos a esa fecha. 

El Ejecutivo maniobra para evitar una sanción de Eurostat por maquillaje contable
El Ejecutivo maniobra para evitar una sanción de Eurostat por maquillaje contable EFE

4.500 millones de facturas en los cajones. Ésa es la cuantía en que Eurostat cifra el maquillaje contable del Reino de España y del que ha acusado a dos comunidades autónomas en concreto: Madrid y la Comunidad Valenciana. Tras dos años de investigación, la Unión Europea amenaza ahora con convertir esa manipulación contable en una sanción económica que debería pagar el Estado Central puesto que el expediente acusa al “Reino de España” y que tanto el Ejecutivo como las autonomías afectadas están intentando frenar. 

“No se discute la mala praxis contable, que ya ha sido reconocida y corregida sino si ésta merece una sanción económica o no”, afirman fuentes de la Generalitat Valenciana

Para ello, según fuentes de la Generalitat Valenciana, se ha dibujado ya una estrategia legal y un movimiento político que van de la mano. La estrategia jurídica pasa por argumentar que se exigen a España aplicaciones de criterios contables con “efectos retroactivos”. La norma es del año 2011 y los ejercicios revisados son previos a 2011. Bruselas considera que la mayor parte de los 4.500 millones sacados de la contabilidad se atribuyen al año 2011 y que otro 40% provienen de 2010 o incluso de ejercicios anteriores en el caso de la Comunidad Valenciana.

Con esa línea temporal, el Ejecutivo sostiene que los gobiernos autonómicos no informaron de las facturas en el cajón porque Bruselas no exigía en esa fecha la contabilidad de los capítulos 409, 411 y 413 correspondientes a “créditos pendientes de asignación presupuestaria”. Según esas mismas fuentes, “no se discute la mala praxis contable, que ya ha sido reconocida y corregida sino si ésta merece una sanción económica o no”.

Al mismo tiempo, tanto el Ejecutivo central como las autonomías afectadas defienden que han cambiado ya los procedimientos tanto de contabilidad como de gasto. El Ejecutivo central ha puesto en vigor un mecanismo de pago a proveedores que le capacita para revisar la contabilidad regional y comunidades como la valenciana pretenden aprobar leyes que impidan esa mala praxis contable.

La conclusión de Eurostat, sin embargo, es radicalmente opuesta. Los técnicos del organismo contable acusan a la Generalitat Valenciana y a la Comunidad de Madrid en los siguientes términos en uno de sus informes de conclusiones:

  • “En Valencia, el problema estaba relacionado con la existencia de una ley contable especial que permitía que no todos los gastos extrapresupuestarios fueran incluidos en los capítulos contables 409/413, como ocurría en las demás autonomías. Ese sistema especial para financiar gastos sanitarios había existido durante muchos años (…) pero las cuantías aumentaron significativamente en los últimos años”, afirma Eurostat.
  • “En Madrid, los gastos fueron reportados por la IGAE en enero de 2012 y notificados en marzo de 2012. En esa fecha, las cantidades que debían ser imputadas a los capítulos 409/413 estaban bajo revisión y no fueron revelados plenamente. Hubo un problema temporal pero también de procedimientos de información, puesto que no había obligación de enviar las cantidades corregidas a la IGAE a pesar de que en febrero esas cuantías ya eran conocidas por la Intervención General de la Comunidad de Madrid”, concluye el informe de Eurostat.

La segunda carta que pretende jugar el Ejecutivo es la de la presión política sobre una Comisión Europea a la que le quedan apenas dos meses de mandato y en cuya renovación es clave que los hombres de Mariano Rajoy ganen peso para frenar ese expediente. Con Luis de Guindos como presidente del Eurogrupo y Arias Cañete como comisario, la capacidad del Ejecutivo para “orientar” el sentido de ese expediente podría variar, afirman esas mismas fuentes.


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