EL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL'

Anticorrupción pone normas para la declaración por escrito de Aguirre: ni móvil ni asesores

La Fiscalía remite al juez Pablo Ruz un escrito en el que detalla cómo debería prestar su testimonio próximamenta la expresidenta de la Comunidad de Madrid dentro del 'caso Gürtel'. Nada de teléfonos ni personas ayudandole. Sólo admite que utilice "algún apunte" para "datos difíciles de recordar".

Como en un examen. Sin móviles, sin personas que le ayuden y con pocos apuntes sobre la mesa. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, un escrito en el que detalla las condiciones en las que, en su opinión, Esperanza Aguirre deberá prestar declaración como testigo dentro del 'caso Gürtel después de que la política se acogiera a su derecho a hacerlo por escrito. En el texto, al que ha tenido acceso este diario, el Ministerio Público destaca que debe prestar testimonio ante la única presencia del secretario judicial, sin que ninguna otra persona pueda estar presente. Además, pide que se impida a la expresidenta de la Comunidad de Madrid usar el teléfono o "cualquier otro medio" para ponerse en contacto "con terceros". Eso sí, considera que no desvirtuaría su declaración si se le permite el uso de "algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar", pero descarta que pueda consultar otros documentos.

El escrito del fiscal se produce después de que el juez Pablo Ruz acordase el pasado mes de octubre citar a Esperanza Aguirre como testigo en el 'caso Gürtel' por su condición de presidenta regional durante el tiempo en el que se sucedieron los hechos investigados y, sobre todo, las presuntas actividades delictivas del fuera su consejero de Deportes, Alberto López Viejo. La expresidenta comunicó poco después que se acogía al artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que da derecho a declarar por escrito, entre otros cargos públicos, a los presidentes de comunidad autónoma, incluidos a aquellos que hubiera dejado de serlo cuando fueran a ser interrogados por hechos ocurridos cuando ocupaban el cargo. De este modo, Aguirre se desmarcaba de la actitud de otros altos cargos de su partido, como María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, que renunciaron a este privilegio y acudieron a la Audiencia Nacional. Antes que Aguirre, Francisco Camps es el último político que se ha acogido a esta prerrogativa dentro del 'caso Nóos' con polémico resultado.

A solas con el secretario judicial

Tras la comunicación de Aguirre, el juez Ruz dio un plazo de tres días a Anticorrucpión y al resto de partes personadas en la causa para que presentasen los correspondientes pliegos de preguntas y, con ellos sobre la mesa, decidir cuáles eran pertinentes y cuáles no. Antes de remitir el cuestionario, Ruz planteó a Fiscalía, a acusaciones y defensa para que trambién detallasen en qué condiciones debería tomarse declaración a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Es lo que ha hecho ahora Anticorrupción con su escrito. Así, el MInisterio Público pide que la prueba se realice en presencia del secretario judicial "quien apercibirá a la testigo de la obligación que tiene de ser veraz y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio" si no lo hace. Además, pide que sólo una vez que le hayan hecho estas "prevenciones", el funcionario del Juzgado "hará entrega a la testigo del pliego de preguntas sin que a aquella se le permita acceder con anterioridad a las mismas".

No es ésta, sin embargo, la única condición que quiere poner Anticorrupción. También reclama que la declaración se realice "en unidad de acto", es decir, que no haya interrupciones hasta que finalice. Además, quiere que se haga con la única presencia del secretario judicial, "cuidando éste de que la testigo no comunique por vía telefónica o por cualquier otro medio con terceros". La Fiscalía tampoco quiere que Aguirre pueda consultar "documento algo". Sólo admite que pueda tener sobre la mesa "algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar". Por último, el Ministerio Público pide que al término de la declaración, el funcionario público levante un acta en el que debe reflejarse "el lugar, día y hora de la práctica de la diligencia; circunstancias personales de la testigo; juramento o promesa de decir verdad y apercibimientos en caso de quebrantamiento, preguntas formuladas a la testigo y respuestas dadas por ella". Un examen judicial en toda regla.


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