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La justicia obliga a la Comunidad de Madrid a abonar las ayudas a la vivienda concedidas entre 2005 y 2008 a más de 20.000 familias

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid exige el pago inmediato de los ‘cheque-vivienda’ otorgados entre esos años a miles de particulares y que Esperanza Aguirre suprimió poco antes de dimitir en julio de 2012. Hay un “defectuoso entendimiento del Estado de Derecho”, según el auto.

Ignacio González y Esperanza Aguirre, durante un acto de la Comunidad de Madrid el año pasado.
Ignacio González y Esperanza Aguirre, durante un acto de la Comunidad de Madrid el año pasado. GTRESONLINE

Antes de sorprender a Madrid y a España entera en septiembre de 2012 con su dimisión inesperada, Esperanza Aguirre lanzó una serie de medidas, las últimas como presidenta. Algunas eran sencillamente recortes, como la eliminación del denominado cheque-vivienda, una ayuda para jóvenes lanzada por ella misma en 2005 que cubría entre el 5% y el 10% del precio total de los pisos de protección pública. Además, el tijeretazo fue aplicado con retroactividad, por lo que los agraciados con el cheque entre 2005 y 2008 dejaron de percibirlo.

Una retroactividad que puede terminar abruptamente por mandato judicial: un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fechado el pasado mes de diciembre obliga a la Consejería de Vivienda a abonar el cheque vivienda a las más de 20.000 familias a las que se les concedió la ayuda en ese periodo de tres años. La devolución deberá realizarse “en el plazo máximo de un mes”.

“Aguirre quiere cargarse con retroactividad las expectativas y derechos generados por sus propias medidas”, dice Fernández Gordillo (PSOE)

En realidad, se trata de un veredicto que afecta a un particular, pero que abre la espita al resto de hogares afectados. Este medio desconoce la cuantía, porque el cheque-vivienda puede ir desde los 5.000 euros por casa hasta cantidades mucho mayores, pero que supone una buena hornada de millones de euros para las arcas regionales. El tijeretazo de Espe se lo ha tenido que tragar su sucesor, Ignacio González.    

El auto hace alusión a una sentencia del mismo tribunal del 6 de enero de 2013 que reconocía “el derecho a percibir la ayuda solicitada” y desestima “el recurso de reposición promovido por la Consejería de Vivienda que deniega el cheque-vivienda para viviendas con protección pública acogidas al Plan 2005-2008”. Esta sentencia pasó completamente desapercibida en los medios. Después llegaron recursos y más resoluciones, hasta llegar al auto de diciembre pasado.

El TSJ amenaza con elevar los intereses de demora y con proceder “directa y personalmente” contra la Consejería de Vivienda

El portavoz de Vivienda del PSOE en la Asamblea de Madrid, Antonio Fernández Gordillo, carga contra la irresponsabilidad del Ejecutivo autonómico. “Cuando el Gobierno de Zapatero empezó a anunciar medidas de apoyo al alquiler y compra de viviendas, Esperanza Aguirre no quiso quedar rezagada y anunció el ambicioso cheque-vivienda”, resalta el diputado. “El cheque generó una serie de expectativas y derechos que la presidenta decidió quitarse de un plumazo”. Para Fernández Gordillo, “lo peor es que el recorte encima se aplica con retroactividad. Para nosotros es una ayuda que, cuando menos, no se puede suprimir del 2005 al 2008”.   

El escrito judicial lanza graves acusaciones contra el talante de los responsables autonómicos. “La actitud de la administración, archivando sin más trámites el incidente de ejecución por propia iniciativa, evidencia un defectuoso entendimiento de las reglas básicas de un Estado de Derecho”. “A la administración lo único que le corresponde”, agrega el auto, “es cumplir fielmente las determinaciones de la sentencia”.

El TSJ amenaza con adoptar represalias contra la Comunidad, como “la adición de dos puntos sobre los intereses de demora”. También advierte que procederá “directa y personalmente contra la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda”, cuyo consejero es Pablo Cavero. El problema, según ha sabido Vozpópuli, es que la secretaria general madrileña de Vivienda ha dejado su puesto recientemente, y no hay nadie que la haya reemplazado, por lo que algunas de las sanciones que blande el tribunal pueden caer en saco roto. 


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