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Aguirre cerrará el organismo creado por Ruiz-Gallardón para la concesión de licencias

También devolverá el nombre de concejales a los ediles y suprimirá el de “delegados” que impuso el exalcalde para los miembros del Gobierno municipal.

Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre en una foto de archivo
Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre en una foto de archivo EFE

Si Esperanza Aguirre resulta elegida el próximo 24 de mayo en las elecciones municipales para la alcaldía de Madrid ha tomado la decisión de eliminar la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA), un sistema que implantó Alberto Ruiz-Gallardón para centralizar y agilizar las licencias urbanísticas y que ha resultado ser un auténtico fracaso. Esta reforma suponía, de facto, una privatización de la concesión de permisos, pues se sustentaba en unas agencias privadas llamadas ECLUs que eran quienes realizaban las gestiones.

La llegada de Gallardón supuso que las 21 juntas municipales perdieran la mayor parte de las competencias a favor del Gobierno municipal

El equipo del PP que redacta el programa del Ayuntamiento de Madrid ha incluido la supresión de este sistema de licencias como una de las prioridades si logra el gobierno municipal. También se devolverá a los ediles su nombre tradicional, concejal, y se eliminará el de “delegado” que introdujo el exalcalde para distinguir a los responsables de las áreas de Gobierno de los ediles de las juntas.

La supresión del AGLA se enmarca dentro de la descentralización que pretende llevar adelante Aguirre si logra hacerse con la alcaldía. La llegada de Alberto Ruiz-Gallardón supuso que las veintiúna juntas municipales, correspondientes a los distritos de la ciudad, perdieran la mayor parte de las competencias a favor del Gobierno municipal. La razón fundamental es que el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón se sentía en posesión de la modernidad y gran capacidad de gestión, mientras que despreciaba a los concejales de distrito a los que consideraba de poca confianza. Esta filosofía se trasladaba también a un desprecio por el trabajo de los funcionarios municipales.

Dicha situación provocó un gran malestar entre los ediles populares y empleados públicos a los que se les arrebató, en la práctica, la capacidad de aprobar las licencias urbanísticas. Además, el Tribunal Supremo anuló medio centenar de artículos de la ordenanza municipal que establecía el Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas. Entre los artículos anulados figuraba el que hacía referencia a las Entidades Colaboradoras en la Gestión de Licencias Urbanísticas (ECLUs) que suponía en realidad una privatización en la concesión de permisos.

El equipo de Gallardón se sentía en posesión de la modernidad y gran capacidad de gestión, mientras que despreciaba a los concejales de distrito

Con la llegada del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón, el Ayuntamiento aprobó una Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas (OAAE) y las licencias comenzaron a tramitarse a través de las llamadas ECLUs. Esta entidad está compuesta por unas entidades privadas al margen del Ayuntamiento, que tramitan ante el AGLA las licencias. Una vez que la documentación está completa, la ECLUs emite un informe favorable, realiza la visita de comprobación final y se lo notifica a la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) para que conste a efectos administrativos, según explicaba la Corporación en su día.

El nuevo sistema que quiere poner en marcha Aguirre, que ya llevó a cabo en la Comunidad de Madrid, se basa en una declaración responsabley una posterior inspección por parte del Ayuntamiento.


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