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Cifuentes estudia si sanciona a 30 personas por el acoso a Sáenz de Santamaría en su domicilio

Entre los que participaron en el acoso a la vicepresidenta del Gobierno se encuentra el ex secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge. La ley contempla sanciones por estos hechos que varían entre los 300 y los 30.000 euros, aunque lo normal es que se imponga la multa mínima.

El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge junto a varias personas concentradas para realizar un escrache.
El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge junto a varias personas concentradas para realizar un escrache. efe

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, estudia si sanciona a los participantes en el escrache convocado ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, entre ellos el ex secretario general de Alianza Popular (AP) Jorge Verstrynge.

Según ha confirmado a Efe la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional ha remitido a esta institución treinta identificaciones practicadas el pasado día 5 junto a la vivienda de Soraya Sáenz de Santamaría, por si son constitutivas de una infracción según la Ley de Seguridad Ciudadana.

Esta mañana, el jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, Alfonso José Fernández Díez, ha asegurado que la Policía -desde el inicio del fenómeno de los escraches- trabaja de forma preventiva para detectarlos y evitar situaciones de acoso y coacciones a los políticos.

Fernández Díez ha señalado que, en el caso de no poder detectar los escraches previamente, la Policía está reaccionando convenientemente e identificando a las personas que participen en ellos, según la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana. Posteriormente envían estas actuaciones a las autoridades judiciales.

La Delegación es la que debe decidir si abre expediente sancionador o no a estas personas, entre las que se encuentra Verstrynge. En el caso de que la Delegación lo abra se nombrará un instructor para cada caso, quien determinará si el afectado ha incurrido en una infracción leve o grave, aunque los sancionados podrán alegar.

La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, tiene previsto decidir este mismo jueves sobre este asunto, según las mismas fuentes. Convocar manifestaciones sin comunicarlas oficialmente se considera una falta grave que, según la ley, conlleva sanciones de entre 300 a 30.000 euros, aunque lo normal es que se imponga la multa mínima

El Ministerio de Interior ha remitido una instrucción a las distintas Delegaciones de Gobierno para que en las concentraciones no comunicadas que se realicen ante los domicilios particulares de los cargos públicos, "se adopten las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus familias y el resto de los residentes en el inmueble, así como la libertad de circulación de los ciudadanos, actuando con arreglo al principio de proporcionalidad para garantizar que no se impide el tráfico rodado ni la libre entrada y salida de los inmuebles, así como el tránsito normal de peatones".


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