Pedro Sánchez intentará evitar un aluvión de gestoras en las 17 federaciones socialistas

El PSOE teme que su división interna tras el 24-M precipite las elecciones generales

La ambigüedad con la que Mariano Rajoy aborda en público el calendario de las legislativas está provocando en el PSOE serios quebraderos de cabeza, pues Pedro Sánchez teme que la división interna a la que pueden abocar los resultados electorales en algunas comunidades y ayuntamientos anime al presidente del Gobierno a llamar a las urnas en septiembre, tres meses antes de lo previsto.

Pedro Sánchez, junto a Ángel Gabilondo y Antonio Miguel Carmona.
Pedro Sánchez, junto a Ángel Gabilondo y Antonio Miguel Carmona. EFE

Que las huestes de Tomás Gómez preparan un ajuste de cuentas en Madrid contra Pedro Sánchezsi Ángel Gabilondo no consigue llegar al Gobierno regional tras las elecciones del domingo, 24, es un secreto a voces. Aprovecharán para ello el malestar generado en la organización madrileña por la prepotencia con la que desde la gestora que dirige Rafael Simancas se han elaborado las listas electorales. El PSM, antigua Federación Socialista Madrileña, siempre ha anidado serias disputas familiares y nadie, ni siquiera Alfredo Pérez Rubalcaba en sus buenos tiempos, consiguió frenarlas.

Los socialistas temen que el partido se llene de gestoras provinciales después del 24-M

El problema es que conflictos como éste afectan también a otras federaciones: hay gestoras también en Tenerife, en Ávila y en varias decenas de pueblos medianos y pequeños de prácticamente todas las comunidades. Si en las municipales y autonómicas previstas dentro de dos semanas, el PSOE queda como segundo partido, en el mejor de los casos, y tiene dificultades para recuperar poder territorial, aseguran fuentes socialistas, la creación de gestoras, vía ajustes de cuentas, llegará en aluvión y la imagen de división interna acabará afectando a la ejecutiva federal.

Fuentes del equipo de Pedro Sánchez consideran que éste sería un detonante, si no el principal, para que Mariano Rajoyadelantara las elecciones generales a septiembre, restando tres meses a la legislatura que la ejecutiva del PSOE ve imprescindibles para asentar el liderazgo del secretario general y concurrir a las legislativas con un programa electoral definido. Con este manejo de los tiempos, Rajoy buscaría pillar a los socialistas enredados en sus rencillas internas, pendientes de la celebración de las primarias de julio en las que tendrán que elegir cartel electoral, y obsesionados todavía con frenar el trasvase de votos a otras formaciones como Ciudadanos, que ya se nutre del centro izquierda, y Podemos.

Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, plazas clave

El expresidente Felipe González le ha contado a Pedro Sánchez que Rajoy trabaja con el mes de diciembre como escenario principal para celebrar las legislativas, pero en el cuartel general de la calle Ferraz no las tienen todas consigo. Los asesores de Sánchez están convencidos de que en esta decisión de Rajoy acabará prevaleciendo la foto municipal que obtenga el PP en comunidades claves como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, la radiografía que en La Moncloa se elabore del PSOE, la medición del empuje de Ciudadanos y, no menos importante, la facilidad para rentabilizar en la campaña electoral el progresivo vaciamiento de la pulsión soberanista en Cataluña, donde todavíaArtur Mas mantiene la fecha del 27-S para sus plebiscitarias.

Salvando las oportunas distancias, en el Gobierno hay quien pone en valor la mayoría absoluta que David Cameron acaba de conseguir en Reino Unido, gracias a una campaña asentada en la recuperación económica y la unidad nacional, receta válida también para España.

Felipe González le ha dicho a Pedro Sánchez que las elecciones generales serán en diciembre

En contra de la tesis de quienes apuestan por este adelanto electoral operan los recientes datos del CIS que revelan que la recuperación no ha calado todavía en el electorado hasta extremos de incidir de forma determinante en la voluntad de los votantes. El paro y las consecuencias de la crisis son los dos aspectos que más preocupan, junto a la corrupción, y el porcentaje que califica de buena o muy buena la coyuntura, pasa del 2,5% de hace tres meses al 3,2% de ahora. En febrero pasado, el 75,6% de los consultados calificaba de mala o muy mala la situación, mientras que ahora lo hace el 70,3%, un porcentaje todavía bastante considerable. Además, la evolución de los datos de empleo de aquí a las legislativas se presume clave en el Gobierno para la mejora de la opinión pública, aun teniendo en cuenta que el porcentaje de electores que ve muy mal la economía en general ha caído casi 15 puntos en un año.


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