Nacional

La reforma exigirá el pago de plazas privadas a las CC.AA que no garanticen la educación pública en castellano

El Gobierno y las Comunidades Autónomas revisarán este martes el borrador de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa.

El borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), que el Gobierno y las Comunidades Autónomas revisarán este martes durante la Conferencia Sectorial de Educación, exigirá a las Comunidades Autónomas el pago de una plaza en un centro privado a aquellos padres que soliciten la educación en castellano cuando la región no pueda ofrecer esta posibilidad en un centro público o concertado. Este caso es aplicable siempre y cuando no se haya establecido una "proporción razonable" de ambas lenguas.

El texto, según la agencia Europa Press, indica que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua vehicular de la enseñanza", y establece que la lengua castellana y su literatura tendrán el tratamiento necesario para que todos los alumnos la comprendan y se expresen en ella con corrección, de forma oral y escrita, al finalizar la enseñanza básica.

Las Comunidades Autónomas que posean otra lengua oficial además del castellano deberán garantizar en todas las etapas educativas obligatorias que esas lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en "proporciones equilibradas en el número de horas lectivas", de manera que se procure el dominio de ambas lenguas por los alumnos sin perjuicio a la posibilidad de incluir lenguas extranjeras.

Según la LOMCE, corresponde a estas administraciones determinar la proporción que proceda en el uso del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares en el sistema educativo, en atención al estado de normalización lingüística. Asimismo, el texto especifica que las autonomías podrán otorgar, en función del estado de normalización lingüística en sus territorios, un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano "en una proporción razonable", sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano.

"Mientras no se realice la determinación a que se refiere el párrafo anterior, los padres o tutores tendrán derecho a escoger la lengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos. Cuando, como consecuencia de dicha falta de determinación, no exista oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida en la localidad de residencia de los alumnos, los padres o tutores podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos de escolarización", añade la disposición adicional lengua castellana y lengua vehicular de la enseñanza.


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