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España

Los ayuntamientos asumirán la competencia de la educación de 0 a 3 años

Técnicos de Hacienda, comandados por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Betea, y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), avanzan en los trabajos destinados a posibilitar la simplificación administrativa, bajo el lema "una competencia, una administración", y acabar con la panoplia de competencias impropias que asumen los entes locales y que lastran sus cuentas. Se trata de una de las reformas más ambiciosas del departamento que dirige Cristóbal Montoro, y con la que se pretende ahorrar, según hicieron constar en el plan nacional de reformas que se remitió a Bruselas, unos 3.500 millones de euros. El principio general es que los ayuntamientos no asuman ninguna tarea que no sea de su competencia y para la que, por tanto, carecen de financiación, fundamentalmente en los capítulos de sanidad y educación, pero eso sí, con algunas salvedades.

Según ha podido saber Vozpópuli, todo apunta a que los ayuntamientos se quedan con las competencias relativas a la educación infantil entre 0 y 3 años. Se trata de un tramo no obligatorio que desde el Gobierno se considera más de carácter asistencial que educativo, aunque no faltan las controversias en este sentido. Hasta ahora no eran pocos los locales municipales destinados a los niños de esta edad, más asimilables con las guarderías que con centros educativos. En principio, todo aquello que atañe a los capítulos que fectan a la sanidad y a la educación, junto con las políticas sociales, seguirán formando parte del grueso de las competencias autonómicas.

Le reforma de la Administración no se traducirá en una Ley Orgánica, tal y como quería la FEMP, porque obligaria a una reforma constitucional 

Cristóbal Montoro y el presidente de la FEMP y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, serán los que cierren esta reforma que afectará a la Ley de Haciendas Locales y a la Ley de Financiación Autonómica y dará lugar a una nueva Ley Básica de Gobierno y Administración Local, que determinará las competencias de los entes locales. No se acepta, sin embargo, regular el nuevo modelo administrativo a través de Ley Orgánica, tras y como reclamó la FEMP en un amplio documento que hizo llegar a Hacienda.

El órgano representativo de buena parte de los ayuntamientos y diputaciones de España defendía que "lo ideal sería que la norma reguladora del nuevo sistema tuviera naturaleza jurídica y rango normativo de Ley Orgánica" por entender que "la fragilidad de la ley ordinaria (es fácilmente modificable por cualquier norma posterior, alternado así la reglación báscip de régimen local, especialmente a través de normativa de carácter sectorial) no ofrece esa garantía, salvo que se acompañe de mecanismos reales de defensa frente a las decisiones del legislador sectorial que alteren los fundamentos básicos del sistema de Gobierno y Administración local que establezca aquella". Pero no va a ser ese el camino, entre otras cosas porque el trámite de una Ley Orgánica no es sólo más largo, sino que necesita de mayorías reforzadas, esto es, mayoría absoluta de la Cámara, cosa que en principio eso no debería suponer un problema para el PP, con 185 diputados. Hay dudas también sobre si el rango orgánico obligaría a una reforma constitucional, que no se desea. 

Dentro de quince días está previsto que se reúna la Comisión Nacional de Administración Local, donde Hacienda y FEMP estudiarán los planes de ajuste con que los ayuntamientos esperan cumplir con sus objetivos de déficit del 0,3 por ciento para este año. No está previsto que se hable del reparto competencial, pero tampoco es descartable. Sin embargo, lo más probable es que haya una cita monográfica para culminar esta ambiciosa reforma.

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