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El fiscal general acusa a Mas de "planificar, auspiciar y financiar" el 9N a sabiendas de que era ilegal

La Junta de Fiscales da su apoyo "prácticamente unánime" a Torres-Dulce, que acusa al presidente catalán, a su vicepresidenta y a la consejera de Educación de delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la Justicia. El fiscal del Estado considera que el Govern "desplegó una conducta incompatible" con la suspensión del Constitucional, que califica de "absoluta, tajante e inequívoca".

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce Vozpópuli

La Junta de Fiscales de Sala ha apoyado la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de querellarse contra el presidente catalán, Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos el 9N, según fuentes fiscales citadas por Efe. Tras más de cuatro horas de reunión de la cúpula de la carrera fiscal, los representantes públicos han expresado su "práctica unanimidad" a la decisión de Torres-Dulce, que sostiene que el contenido de la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 4 de noviembre fue "absoluta, tajante e inequívoca" y "no dejaba margen alguno a la duda".

Así consta en la propuesta presentada por el fiscal general, que aclara que la orden del Constitucional afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado proceso de participación. Torres-Dulce concreta que la acción penal debería dirigirse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales por su papel en la organización del llamado "proceso participativo" del 9N.

La reunión, que dio comienzo pasadas las diez de la mañana, se ha celebrado con la ausencia de dos de los 27 miembros de éste órgano. Al cónclave, presidido por el propio Torres-Dulce, han faltado el juez togado militar, Fernando Marín Castán, que no ha tomado posesión tras haber sido designado recientemente, y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que se encuentra enfermo.

Mas "desplegó una conducta incompatible" con la resolución del TC, concluye en su escrito el fiscal del Estado

Otro de los documentos que la Junta tiene sobre la Mesa es el acta de la reunión de los nueve miembros de la Junta de Fiscales de Cataluña y que fue remitida a la Fiscalía General para justificar su negativa a interponer la querella. Precisamente en ese documento, los fiscales catalanes desaconsejaban la presentación de la querella contra Mas al considerar que la convicción del Constitucional al suspender la consulta quedó "limitada" por la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución. "Con ello cabe plantearse si podemos hablar propiamente de una desobediencia a la 'voluntad' del órgano decisorio", concluye. 

"Un mandato de no hacer"

Sobre esa supuesta falta de apercibimiento en la providencia del tribunal de garantías, el escrito de la Fiscalía General afirma que en este caso el mandato del Constitucional "era un mandato de no hacer, que por su propia naturaleza no precisaba de ulteriores requerimientos". La nota de Torres-Dulce destaca que, pese a las dos suspensiones dictadas por el tribunal, "el Gobierno de la Generalitat [...] adoptó las decisiones pertinentes para constituir los órganos de la administración electoral previstos en la ley suspensa y mantuvo públicamente la campaña de llamamiento a la participación de la ciudadanía en la consulta programada".

El Fiscal General concluye por tanto -y así comienza su nota- que la consulta celebrada el pasado 9 de noviembre fue "planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña" y que ello se articuló principalmente a través de la web www.participa014.cat. A pesar de conocer sus obligaciones, el Gobierno de Mas "desplegó una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución" con el "designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente referendaria igualmente suspendida por el TC", en la primera de sus resoluciones.

"Las múltiple decisiones adoptadas, sin perjuicio de que procuraban una consulta enmarcada en el plano político o de connotaciones políticas, no pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación administrativa", considera el fiscal general en su propuesta.

Publicidad web y envío de papeletas

De interés para la causa, según Torres-Dulce, son también las convocatorias cursadas vía correo electrónico por autoridades del Departamento de Educación bajo la dirección de Irene Rigau a directores de institutos de enseñanza media para que colaboraran con la cesión de locales para la instalación de las mesas electorales.

El Govern "oficializó como propia la asunción del desarrollo de todo el proceso consultivo"

Tras la suspensión del 4 de noviembre, sigue la nota de Torres-Dulce, la citada página web, "lejos de ser clausurada", contenía toda la información y las instrucciones precisas para votar y un día después Mas llamó a la participación durante un desayuno informativo. A ello se suman los envíos masivos de correspondencia exhortando a los ciudadanos a participar a través de Unipost S.A.

En relación a la vicepresidenta, se destacan en el escrito sus comparecencias en el centro de prensa dando cuenta de la participación. "El Gobierno autonómico oficializaba así como propia la asunción del desarrollo de todo el proceso consultivo", dice.

En cuanto a los gastos, que sustentarían el delito de malversación, Torres-Dulce cita los realizados en informática y telecomunicaciones, en elaboración  material y en difusión institucional, así como los generados por la web, que fueron cargados al erario público. La apertura de institutos y edificios públicos también generó gastos, a los que hay que añadir el coste de la mensajería.


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