LA POLÉMICA EXCARCELACIÓN DEL SECUESTRADOR DE ORTEGA LARA

Un juez de pasado progresista, el único que se opuso a la liberación del etarra Bolinaga

Nicolás Poveda, magistrado que en su día perteneció a Jueces para la Democracia, emitió el solitario votó en contra de conceder la libertad condicional del preso terrorista. Los otros cuatro, entre ellos el conservador Alfonso Guevara, confirmaron la decisión del Juez de Vigilancia Penitenciaria. del pasado 30 de agosto de ponerlo en libertad.

Un juez de pasado progresista, el único que se opuso a la liberación del etarra Bolinaga
Un juez de pasado progresista, el único que se opuso a la liberación del etarra Bolinaga

Por cuatro votos contra uno, la Sección Primera de la Sala de Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer la decisión del pasado 30 de agosto del Juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, de conceder la libertad condicional por "razones humanitarias" al etarra Josu Uribetxebarría Bolinaga, enfermo de cáncer y condenado, entre otros delitos, por el secuestro de José Antonio Ortega Lara. La decisión de los cinco magistrados se produjo después de una reunión de más de dos horas y media en la que analizaron las últimas alegaciones de la Fiscalía, que se oponía a la excarcelación, y que basaba su argumentario en el último informe de la forense del tribunal, Carmen Baena. Ésta, en un documento de cinco folios entregado en la mañana de ayer, no sólo se ratificó de las conclusiones de su anterior informe del 24 de agosto, en el que aseguraba que Bolinaga no se encuentra en situación terminal, sino que, además, añadía que el etarra podría experimentar una mejora en el futuro tras el tratamiento de radioterapia que ha recibido recientemente.

El último informe de la forense apuntaba a que la salud de Bolinaga puede mejorar tras la radioterapia recibida

La decisión de la Audiencia Nacional no ha cogido por sorpresa al Gobierno, alguno de cuyos miembros ya comentaba desde el martes en corrillos que Moncloa consideraba inevitable la excarcelación del etarra. Tampoco a varias fuentes del propio tirbunal consultadas ayer por este diario y que en las horas previas a hacerse público el fallo las fuentes jurídicas sólo dudaban del número de votos a favor y en contra, pero no del sentido favorable del mismo para el preso. Se daba por seguro que tanto el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, al que algunos medios sitúan en la órbita conservadora, como los progresistas Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel votarían a favor de la excarcelación. Quedaba la duda de qué harían los otros dos magistrados, Alfonso Guevara (que sustituía a una compañera de licencia por estudios) y Nicolás Poveda.

Finalmente, el primero, adscrito a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se alineó con sus compañeros y sólo Poveda, que en su día perteneció a la progresista Jueces para la Democracia pero que desde hace años suele alinearse con las tesis conservadoras, se opuso. Poveda, que en su momento votó a favor de que la decisión la tomaran los 18 miembros del pleno de la Sala de lo Penal y no sólo los cinco de la Sección como finalmente se ha hecho, era el encargado de redactar el auto con el fallo. Ahora, tras anunciar que emitirá un voto particular, será sustituido en esta labor por el progresista Ramón Sáez. No obstante, la 'letra pequeña' de éste y del voto particular no se conocerán hasta dentro de unos días.

Libertad con condiciones

No obstante, fuentes judiciales daban ayer por hecho que el auto de la Audiencia Nacional confirmará las condiciones que en su día impuso al etarra el Juez de Vigilancia penitenciaria cuando accedió hace catorce días a concederle la libertad condicional. Entre ellas estaban las que sugería el Ministerio del Interior: la prohibición de participar en actos de enaltecimiento de la violencia o hacer declarciones que supongan "desprecio o "desconsideración" para las víctimas del terrorismo, así como no poder acercarse a las víctimas o los familiares directos de estos. El juez también le impuso la obligación de presentarse mensualmente en los servicios sociales de la prisión donostiarra de Martutene, comunicar si se producen cambios en su estado de salud y no ausentarse de la localidad que fije como residencia sin previa autorización judicial.

El Gobierno espera que la decisión judicial de carpetazo a las tensiones internas que el caso ha provocado en el PP

El auto, que ya ha sido comunicado a las partes, así como al centro penitenciario de Zaballa (Álava) al que está adscrito el preso y al Hospital Donosti, de San Sebastián, donde se encuentra ingresado desde el 1 de agosto, permitirá al etarra salir a la calle una vez que los médicos le den el alta. Mientras ese momento llega, ya se le ha retirado la custodia policial y se le ha trasladado de habitación en el centro sanitario a una sin rejas en las ventanas. La decisión fue acogida con muestras de alegría por las personas que permanecían concentradas a las puertas del hospital en apoyo del etarra.

Con esta decisión, El Gobierno espera que se ponga punto final a un caso que en las últimas semanas no sólo ha provocado su enfrentamiento con las asociaciones de víctimas de terrorismo, que le han acusado de rendirse ante ETA. sino también graves tensiones en el seno del propio PP, donde dos pesos pesados del partido, Jaime Mayor Oreja y Esperanza Aguirre, criticaron la decisión de su compañero y ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de facilitar la liberación del etarra por motivos humanitarios. Ayer, el Ejecutivo se limitó a reiterar su respeto a las decisiones de los tribunal.

Empeoramiento "momentáneo"

Sin embargo, muy posiblemente aún colee durante las próximas semanas, sobre todo por la cercanía de las elecciones vascas del próximo 21 de octubre, el contenido del dictamen elaborado ayer por la forense de la Audiencia Nacional tras leer los 285 folios del historial médico del preso pero sin examinarlo directamente. Ésta reitera en él que el etarra podría ser tratado de su enfermedad en la cárcel y añade que el empeoramiento que ha experimentado el paciente en los últimos días es "momentáneo" y fruto de los efectos secundarios del tratamiento de radioterapia contra el cáncer al que ha sido sometido y a la huelga de hambre que realizó de forma "voluntaria" durante 15 días.

Este dictamen fue, de hecho, el principal argumento que esgrimió ayer el fiscal en sus alegaciones en contra de la libertad del secuestrador de Ortega Lara, quien en su escrito señalaba además que el deseo manifestado a los médicos del Hospital por el interno de "abandonar el tratamiento y morirse" si no era excarcelado, "no puede verse premiada con la obtención del beneficio que pretende". El Ministerio Público llegaba a asegurar que, según dicho informe de la forense, no era posible establecer, “salvo interpretación tendenciosa e interesada”, que había existido un empeoramiento “que lo sitúe `[a Bolinaga] en inminente riesgo de muerte”. Finalmente, sólo un juez le dio la razón.


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