CONSECUENCIAS DEL FALLO DE ESTRASBURGO

Rajoy sí puede instar el cese de López Guerra; De la Vega lo hizo con el juez Borrego en 2007

Gallardón respondió este lunes a Aguirre que el magistrado del TEDH propuesto por el PSOE tenía un mandato de "nueve años" e "inamovible". La 'número dos' de Zapatero promovió la sustitución de Borrego tras sólo cuatro años en el cargo. La Asociación Preeminencia del Derecho llegó a recurrir esta decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

La argumentación del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la permanencia de Luis López Guerra en el Tribunal de Estrasburgo, donde tumbó la 'doctrina Parot', no convenció a todos los asistentes al Comité Ejecutivo Nacional del PP celebrado este lunes. A pregunta de Esperanza Aguirre sobre por qué el Gobierno no había cesado a López Guerra antes del polémico fallo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cedió la palabra a Gallardón. El ministro contestó que si bien la propuesta de incorporar a López Guerra la hizo el Ejecutivo socialista, el nombramiento es competencia del Consejo de Europa, siendo su mandato por un periodo de nueve años y considerado "inamovible".

De este modo, Gallardón escurrió el bulto, recurriendo a un formalismo, pues existe un antecedente revelador con el caso del juez Javier Borrego, abogado del Estado. Tras llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en enero de 2003, cuando sólo llevaba cuatro años en el cargo el Gobierno socialista socalista de Zapatero promovió su cese (luego lo materializó el Consejo de Europa) y sustitución por Luis López Guerra, exsecretario de Estado de Justicia con el PSOE. Borrego abandono así el tribunal en abril de 2007 tras una polémica decisión que fue atribuida a la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. 

De hecho, la Asociación Preeminencia del Derecho recurrió esta decisión del Ejecutivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Desde este colectivo que lidera José Luis Mazón, se hacía referencia a la falta de una convocatoria pública para todo cargo público sujeto a los principios de mérito y capacidad como son las altas funciones judiciales en una instancia internacional de derechos humanos”. Asimismo, se aludía a que López Guerra no reunía “el requisito de independencia reforzada que necesita el cargo de juez europeo, pues se trata de un político que acaba de cesar como secretario de Estado de Justicia, que antes fue diputado de la Asamblea de Madrid en las listas del PSOE, y en total lleva más de 20 años ejerciendo cargos de designación política”.


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