Publicado: 29/12/2013 13:32
Tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, ahora le toca el turno al artículo 90 del Código Penal. Ese va a ser el nuevo asidero al que se van a agarrar los presos de ETA para solicitar su puesta en libertad después de que el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas en euskera) hiciera público este sábado un comunicado en el que por primera vez admite el "daño generado" y abre la puerta a que sus integrantes puedan acogerse a los beneficios penitenciarios. El primer objetivo es, de hecho, esgrimir ese artículo del ordenamiento legal para que aquellos internos que han cumplido dos tercios o tres cuartas partes del máximo legal de cumplimiento de condena puedan solicitar la libertad condicional. Según las estimaciones realizadas por Etxerat, organización integrada por familiares de reclusos, a este beneficio podrían acogerse ya 130 de los 400 etarras que cumplen condena en España.
Entre los presos que aspiran a lograr la libertad condicional por haber cumplido gran parte de su condena están dirigentes como 'Fitipaldi', 'Pakito' y Elena Beloki
En concreto, el artículo 90 del Código Penal determina que podrán acceder a la libertad condicional aquellos reclusos que ya se encuentren en tercer grado penitenciario, hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta y sobre ellos existan informes de las autoridades penitenciarias que confirman su buena conducta y "un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social". Además, el artículo siguiente del ordenamiento jurídico español, el 91, abre la puerta a reducir el primero de los requisitos a sólo dos tercios de la condena en el caso de que el reo haya "desarrollado de forma continuada, actividades laborales, culturales u ocupacionales". De este modo, el colectivo intenta evitar que sea el Gobierno de Mariano Rajoy, que desde que llegó al poder ha dado evidentes signos de no querer no mover ficha en política penitenciaria, el que tenga la última palabra. Sería el juez de Vigilancia Penitenciaria quien tome la decisión final.
Según el listado que elaboró el pasado verano Etxerat, con posibilidades de acogerse a estos artículos del Código Penal estarían reclusos como Joseba Arregi Erostarbe, alias 'Fitipaldi'; Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito'; Elena Beloki; José María Dorronsoro, Felipe San Epifanio y Mercedes Ernaga, todos ellos antiguos dirigentes de la organización o con elevadas condenas sobre sus espaldas, como la última, que formó parte del 'comando Barcelona' que perpetró el atentado de Hipercor. Además, el entorno de ETA también incorpora a la lista a otros 19 reclusos que en la actualidad cumplen condena en las cárceles de Francia y que, según destaca también la organización de familiares de presos etarras, también han pasado supuestamente en prisión el mínimo legal que fija la legislación gala para poder acceder a la libertad condicional.
La Ley General Penitenciaria
No obstante, para alcanzar la excarcelación, todos estos reclusos deberán estar antes en el llamado tercer grado penitenciario, algo que no está fijado por el Código Penal sino por la Ley General Penitenciaria. En concreto, es el artículo 73 de esta última norma el que regula la progresión de la situación carcelaria de los reos. Para ello exige a los presos no sólo el rechazo a la violencia, sino también el reconocimiento del daño causado, la condena de toda su trayectoria y la delación. El comunicado del EPPK del sábado sólo recoge el primero de estas tres exigencias, pero no los dos últimos extremos, algo que en este momento ni el colectivo de presos etarras ni la propia organización parecen dispuestos a hacer.
Quizá por ello, el pronunciamiento de este fin de semana de los presos asume también que su excarcelación no será inmediata, sino de manera "escalonada". De hecho, el primer paso que darán los reclusos será pedir de forma individualizada, como ahora ya permite la banda, la progresión al tercer grado, paso previo al régimen de semilibertad, así como permisos de salida y el traslado a prisiones cercanas al País Vasco y Navarra como medidas para atenuar el cumplimiento de condena y, más adelante, acortarlo. Una vez conseguidos estos beneficios penitenciarios, consideran que conseguir la libertad condicional será cuestión sólo de tiempo para estos 130 reclusos.
Un tercio del total
Esta cifra supone un tercio de los 400 miembros de la organización terrorista que aún permanecen recluidos en España (está excluida la veintena que el EPPK expulsó por acogerse a la llamada 'Vía Nanclares') después de que en las últimas semanas otros 60 hayan sido excarcelados en aplicación de la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que tumbó recientemente la 'doctrina Parot'. Un fallo que aún afectará en los próximos meses a otro importante número de reclusos, que algunas fuentes cifran en cerca de 80, muchos de ellos incluidos también en la lista de 130 que aspiran a partir de ahora a lograr la libertad condicional por medio del artículo 90 del Código Penal.
La banda también quiere que diez reclusos enfermos de la banda se les aplique la prisión atenuada, que ya disfrutan otros ocho reos etarra, entre ellos Bolinaga
Además, el entorno de la banda también aspira a conseguir la excarcelación de una decena de presos que, según insisten, se encuentran gravemente enfermos y a los que reclama que se les aplique la figura de prisión atenuada de la que ya disfrutan en estos momentos otros ocho reclusos con graves dolencias, entre ellos Josu Uribetxeberria Bolinaga, el secuestrador de Ortega Lara. De este modo, sólo quedaría un centenar de reclusos con el horizonte de su puesta en libertad muy lejos. Se trata de aquellos que fueron condenados con el Código Penal de 1995, el que fijó el cumplimiento efectivo de las penas y elevó éste a los 40 años de prisión.
A estos últimos se suman cuatro de los 115 etarras recluidos en Francia. Un pequeño número, entre los que se encuentra uno de los últimos jefes militares de la banda, Mikel Carrera Sarobe, 'Ata', a los que la Justicia de aquel país ha condenado a cadena perpetua. Los documentos de Etxerat destacan que estos internos pueden solicitar la libertad condicional tras cumplir 15 años de cárcel más un "periodo de seguridad", aunque también reconocen que dependen de la decisión final del que el ordenamiento jurídico galo llama juez de aplicación de penas, De hecho, los propios informes de la organización de familiares de presos reconocen que algunos reclusos comunes han llegado a pasar 50 años en cárceles francesas.
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