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La juez Alaya imputa a otras 34 personas en el caso de los ERE de Andalucía

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha imputado en la causa a otras 34 personas, con lo que el número de implicados asciende a 265, y ha citado para el próximo 19 de febrero a los peritos de la Intervención General del Estado a fin de que ratifiquen el informe que realizaron sobre las irregularidades.

La jueza Mercedes Alaya
La jueza Mercedes Alaya EP

La juez Mercedes Alaya ha imputado a 34 personas más en el caso de los ERE por su vinculación con las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla y ha ampliado las acusaciones contra ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler. En un auto notificado este martes, la juez, que suma con estas nuevas imputaciones 265 acusados, también cita a los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen un informe sobre las presuntas irregularidades en las ayudas sociolaborales de los ERE, que emitieron el 12 de diciembre del 2013.

Alaya también se refiere al exconsejero de Empleo y diputado nacional José Antonio Viera, cuya investigación por su actuación en los ERE corresponde al Tribunal Supremo, y del que dice que "era muy amigo" de uno de los imputados, el alcalde de Guadalcanal, Carmelo Montero (PSOE). Viera asistió, junto al delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, a varias reuniones con el alcalde para lograr ayudas por más de dos millones de euros destinadas a tres empresas de materiales refractarios de Guadalcanal (Sevilla), según la juez.

En el auto, Alaya analiza una treintena de ayudas concedidas por valor de más de once millones de euros, la mayoría de ellas gracias a la amistad entre los empresarios y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, natural de la zona y que en ocasiones recibió regalos a cambio de facilitar las subvenciones.

Las ayudas de entre 44.000 y 1.200.000 euros que se concedieron a empresas de todo tipo a partir del 2003 tenían como "denominador común la ausencia de procedimiento", estaban carentes en la mayor parte de ellas de solicitud y no tenían documentación justificativa, resume la instructora. Entre los 34 nuevos imputados, la juez incluye a tres exalcaldes socialistas de la comarca: Antonio Diana Expósito (El Pedroso); al regidor de Guadalcanal, cuya almazara recibió un millón de euros, y a José Antonio Méndez Sánchez (El Real de la Jara).

Alaya analiza una treintena de ayudas concedidas por valor de más de once millones de euros, la mayoría de ellas gracias a la amistad entre los empresarios 

A los nuevos imputados, la juez les acusa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y los cita a declarar a partir del 23 de marzo, un día después de las elecciones andaluzas. En las ampliaciones de imputaciones, la juez incluye al exconsejero de Innovación del Gobierno andaluz Martín Soler por subvenciones por valor de 487.500 euros que concedió en convenios con la Dirección General de Trabajo.

Además, amplía las imputaciones a Guerrero, a Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo; a los ex directores generales de IFA/IDEA (empresas públicas que pagaban las ayudas) Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano; y al gerente del IFA en Sevilla Enrique Rodríguez Contreras. En el auto, la juez cita para el 19 de febrero a los peritos de la Intervención General del Estado y pide que se una a la causa el informe aportado por la defensa del expresidente José Antonio Griñán al Tribunal Supremo, en el que dos catedráticos contrarrestaban el informe de la Intervención y que ella asegura que ha conocido por la prensa.

Con la citación a los peritos de la Intervención, la juez persigue que los técnicos expongan sus tesis con la que sostener las acusaciones contra los ex altos cargos de la Junta, según han indicado fuentes del caso.

Además, Alaya pide que se abra otro procedimiento por un convenio entre la Consejería de Innovación y la Agencia IDEA en el 2009 por importe de 36 millones de euros para proyectos relacionados con vehículos todoterreno, ya que considera que en su aplicación podría haberse incurrido en prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos.


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