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El Supremo estudiará el miércoles las dos demandas de paternidad contra don Juan Carlos

Los 12 magistrados del Pleno de la Sala Civil analizarán tanto las demandas como los informes al respecto de la Fiscalía, que pide en ambos casos la inadmisión a trámite.

Alberto Solá e Ingrid Sartiau, los dos supuestos hijos ilegítimos de don Juan Carlos.
Alberto Solá e Ingrid Sartiau, los dos supuestos hijos ilegítimos de don Juan Carlos. Agencias

El Tribunal Supremo estudiará este miércoles si admite o no a trámite las dos demandas de paternidad planteadas en relación a don Juan Carlos de Borbón, según ha informado el alto tribunal en un comunicado.

Los 12 magistrados del Pleno de la Sala Civil analizarán tanto las demandas como los informes al respecto de la Fiscalía, que pide en ambos casos la inadmisión a trámite.

La Fiscalía considera que no existe el principio de prueba en las demandas de paternidad que exige el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho artículo reza que "en ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde".

Según Solá, el antiguo jefe del Estado mantuvo una relación con su madre biológica Anna María Bach Ramon antes de ser proclamado jefe del Estado

Según el recurrente, Alberto Solá Jiménez, el antiguo jefe del Estado mantuvo una relación con su madre biológica Anna María Bach Ramon antes de ser proclamado jefe del Estado. Solá, nacido en Barcelona en 1956, fue criado en una familia adoptiva. En su demanda, Solá esgrimía una prueba de ADN confrontada por un antiguo perito del CESID que apoyaba la paternidad del rey con "una fiabilidad superior al 99.99 por ciento".

"Dicho documento, si bien no es reciente, llegó a las manos de mi defendido -asegura su abogado- proveniente de una persona cercana a él", añade el escrito, para concluir reclamando que, si esta prueba no fuera admitida debería realizarse otra y llamar como testigo al citado perito, que se identifica con nombre, apellidos, dirección y número de colegiado.

El presidente de lo Civil del Supremo, Francisco Marín Castán, elevó al Pleno el pasado diciembre la resolución de las dos demandas planteadas contra el padre de Felipe VI tras la entrada en vigor de la ley que regula el aforamiento del monarca saliente.

Demanda de una ciudadana belga

En 2012  la ciudadana belga Ingrid Sartiau intentó que prosperara sin éxito una demanda de paternidad contra el entonces rey Juan Carlos I. Sartiau presentó el pasado junio otra demanda en la que exige que el ex jefe de Estado la reconozca como hija. Esta demanda incorpora ahora el acta notarial que firmó su madre, Liliane Maria José Ghrislaine Sartiau, que actualmente tiene 80 años, y en la que declara que en 1965 mantuvo un largo encuentro sexual con "un hombre de 31 años gentil, guapo, dulce y con los ojos azules", cuya verdadera identidad ella desconocía, pero que resultó ser Juan Carlos de Borbón.

La Fiscalía concluye que "no hay ninguna base para admitir la demanda, porque si Ingrid Jeanne Sartiau no es hermana de padre de Alberto Solá Jiménez ¿qué demanda admitimos?"

La Fiscalía concluye que "no hay ninguna base para admitir la demanda, porque si Ingrid Jeanne Sartiau no es hermana de padre de Alberto Solá Jiménez ¿qué demanda admitimos? La de Ingrid o la de Alberto, y la consecuencia lógica es que ninguna de las dos, pues no aportan ninguna el principio de prueba exigido por el artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

La Sección número 24 de la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto celebrar en septiembre una vista en la que iba a deliberar sobre el recurso de apelación presentado por el abogado de Solá, Francesc Bueno, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 34 de archivar este caso por la inviolabilidad que la Constitución otorgaba al entonces jefe del Estado español.

El abogado amplió sus alegaciones tras la abdicación de don Juan Carlos y la Audiencia de Madrid elevó la causa al Tribunal Supremo tras los "términos rotundos" de la ley orgánica 4/2014, del 11 de julio, que dispone en su disposición transitoria que los tribunales que estén conociendo de hechos relacionados a los nuevos aforados deberán suspender su tramitación y remitirlos "inmediatamente" al alto tribunal.


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